Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas: intervención foro de sociedad civil 53 AG – OEA (Washington DC)

Desde la Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas manifestamos nuestra preocupación por tres temas.

Primero, por el continuo deterioro de la institucionalidad democrática y el impacto en los derechos humanos en países integrantes de la OEA. En particular, el debilitamiento del rol de los poderes judiciales en la defensa constitucional y de los derechos humanos, los ataques a los sistemas electorales y a la separación de poderes, como lo demuestran las recientes crisis de Perú, donde el uso excesivo de la fuerza ha cobrado decenas de vidas y generado afectaciones a cientos de personas heridas. También, llamamos la atención sobre la grave situación de operadores de justicia en Guatemala y también alertamos sobre la disminución de garantías para el desarrollo de elecciones generales, libres y justas. 

Segundo, expresamos nuestra preocupación por el hostigamiento y persecución a integrantes de la sociedad civil, la represión a la protesta y la situación de personas defensoras de derechos humanos de diversos países, incluyendo Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Perú y Ecuador. Se vieron particularmente afectadas las personas defensoras del medioambiente, de derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres, de la infancia y juventudes, LGBTTTIQA+, operadores de justicia, líderes indígenas y afrodescendientes, comunicadoras y periodistas, quienes continúan siendo víctimas, de ataques, amenazas, espionaje, campañas de desinformación, estigmatización, criminalización, desplazamiento forzado, asesinatos por su labor de defensa, y en Nicaragua, hasta el despojo de la nacionalidad que conlleva a la apatridia. Frente a este contexto, instamos a que los Estados ratifiquen el Acuerdo de Escazú y garanticen su implementación para la protección de defensores ambientales, adopten medidas para garantizar el derecho a defender derechos, investiguen las amenazas y asesinatos a personas defensoras, y adopten mecanismos adecuados para su protección.

Tercero, instamos a los Estados a reafirmar su compromiso con el funcionamiento efectivo del Sistema Interamericano, comprometiéndose a impulsar procesos internos que garanticen que las personas nominadas para los cargos en los organismos del SIDH, cumplan con el requisito ya aprobados por los Estados de alta calidad moral, reconocido conocimiento en derechos humanos, independencia e imparcialidad, integración representativa, balanceada geográficamente y con paridad de género. El retiro de candidaturas debe ser explicado en función del incumplimiento de estos requisitos. Por último, expresamos una profunda preocupación por las medidas que han limitado la participación de la sociedad civil en espacios de la OEA y hacemos un llamado a fortalecerla.