Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas

La Coalición de Organizaciones Derechos Humanos de las Américas queremos manifestar nuestra profunda preocupación por tres temas.

Primero, la falta de un enfoque de derechos humanos en las respuestas por parte de los Estados ante la pandemia COVID-19. En varios países de las Américas se emplearon medidas represivas, e incluso, el uso innecesario de la fuerza. Otras medidas, como la imposición de cuarentenas obligatorias se llevaron a cabo sin límites temporales, medidas mínimas de prevención o garantías de procedimientos de revisión independientes que podrían constituir detención arbitraria. Estas medidas, sumadas a las grandes brechas sociales y económicas que anteceden a la pandemia, coadyuvan a perpetuar la desigualdad y discriminación, en particular, a los  grupos en situación de vulnerabilidad. Por el contrario, las medidas de los Estados deben combatir cualquier conducta discriminatoria y garantizar el acceso al agua, alimentación y atención médica adecuada, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir, atender y sancionar la violencia de género, todo ello en particular en los centros de cuarentena obligatoria, de lo contrario se podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como una violación al derecho a la salud.

Segundo, si bien esta Asamblea General, año tras año  emite resoluciones que buscan garantizar la protección efectiva de quienes defendemos derechos humanos, nuestra región continúa siendo la más peligrosa para defender derechos en el mundo. Las personas defensoras continuamos siendo víctimas de amenazas, agresiones, hostigamientos, estigmatización, criminalización, asesinatos y hasta la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de las organizaciones. En particular expresamos nuestra preocupación por la grave situación que atraviesan Nicaragua, Colombia, Venezuela, México, Guatemala y Honduras. Por ello, exigimos se reconozca la importancia de nuestra labor y se adopten políticas públicas participativas, transparentes e integrales desde un enfoque interseccional que identifiquen los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres defensoras, que incluyan la investigación y sanción de delitos en nuestra contra y atiendan las causas estructurales que generan riesgo para la defensa de los derechos humanos. 

Tercero, instamos a los Estados a reafirmar su compromiso con el funcionamiento efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El próximo año habrá un número importante de elecciones de miembros de la Corte y Comisión Interamericana. Ante ello, preocupa la falta de transparencia en los procesos de nominación a nivel nacional para garantizar personas candidatas con independencia, competencia y representatividad de género, entre otros criterios. Exhortamos a los Estados a que nominen y voten por personas idóneas para integrar estos órganos de protección. Asimismo, rechazamos cualquier injerencia por parte de cualquier órgano de la OEA en la independencia de la Comisión o la Corte  al momento de nombrar a sus funcionarios de conformidad con sus reglamentos.

Por último, sobre el financiamiento del sistema, vemos con preocupación que los Estados se han alejado del compromiso de Cancún de incrementar su presupuesto. Es imprescindible que los Estados aseguren que el Sistema Interamericano cuente con los recursos necesarios para garantizar la protección efectiva y duradera de los derechos de los habitantes del continente.