Cinco años más de impunidad, pese a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General

San Salvador, El Salvador, 13 de julio de 2021– La Mesa contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica

MANIFESTAMOS:

Tras cinco años de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de Amnistía General (Inc. 44-2013/145-2013) el incumplimiento de esta ha sido casi absoluto por parte de todos los poderes e instituciones estatales obligados, favoreciendo con ello la impunidad de violadores de los derechos humanos que perpetraron atrocidades en el contexto del conflicto armado interno.

La Asamblea Legislativa ha ignorado deliberadamente su obligación de producir una ley de reconciliación que respetase los estándares de derechos humanos exigidos por la Sala de lo Constitucional y las obligaciones derivadas de instrumentos internacionales vigentes en el país; tras varios intentos, aprobó -en febrero de 2020- una nueva ley de impunidad que neutralizaba posibles condenas futuras contra los victimarios, no garantizaba el financiamiento del programa de reparaciones y no autorizaba el acceso a los archivos militares, entre otras graves falencias. Todo esto, además de incumplir la orden judicial de dar la debida participación a las víctimas en todas las etapas de formulación de la ley. Tras ser vetada por el presidente de la República, esta ley no surtió efectos jurídicos. La legislatura actual no ha mostrado interés alguno en dar cumplimiento efectivo a la sentencia de inconstitucionalidad.

El Órgano Ejecutivo, por su parte, no ha diseñado ni impulsado políticas públicas en orden a brindar las reparaciones adecuadas a las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad del conflicto armado, ni ha previsto su financiamiento en el presupuesto nacional; por el contrario, la reforma realizada por el gobierno actual sobre diversas instituciones derivó en la parálisis o disminución de los pocos programas de reparación creados en las administraciones anteriores, como fue el caso del decreto ejecutivo 204 de 2013; tampoco las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas han recibido el apoyo necesario desde el Ejecutivo, al cual están adscritas. Por el contrario, el Órgano Ejecutivo y específicamente el presidente de la República junto a su Alto Mando de la Fuerza Armada han obstaculizado investigaciones al negar el acceso a archivos militares históricos, desobedeciendo de esta manera la sentencia de inconstitucionalidad e, incluso, violando abiertamente la ley al bloquear las inspecciones judiciales que, en 2020, se ordenaron en el proceso penal por el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

La Fiscalía General de la República también ha incumplido sus obligaciones derivadas de la sentencia. Si bien avanzó en un cumplimiento parcial al crear un equipo especial para casos del conflicto armado y aprobó una política de persecución, en la práctica este avance se ha desvanecido. El equipo especial fiscal no cuenta aún con recursos suficientes asignados y los diferentes titulares no han mostrado voluntad política para investigar los crímenes de la guerra. Tras cinco años, la investigación de la gran mayoría de denuncias no han avanzado y muy pocos casos se han judicializado.

El Órgano Judicial en su conjunto tampoco ha dado cumplimiento a la sentencia, específicamente los jueces y juezas competentes para impulsar las investigaciones, por haberse iniciado los procesos bajo la vigencia del Código Procesal Penal de 1974, que otorgaba esa capacidad a los jueces de instrucción. Representa una excepción positiva, sin embargo, el avance en la instrucción del caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Un precedente grave de incumplimiento fue protagonizado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró nulidad absoluta de la reapertura del caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, Elba y Celina, desobedeciendo abiertamente la sentencia Inc. 44-2013/145-2013.

Asimismo, expresamos nuestro rechazo al golpe de estado técnico que la Asamblea Legislativa realizó el pasado 1 de mayo de 2021, al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República, habiendo socavado con ello la separación de poderes. La pérdida de la independencia del sistema de justicia y de la misma Asamblea Legislativa respecto de la Presidencia de la República deteriora aún más la posibilidad de que las víctimas tengan acceso a una fiscalía y a tribunales imparciales e independientes; posibilidades de por sí ya limitadas antes de este retroceso democrático.

Por lo anterior, DEMANDAMOS a todos los poderes e instituciones obligados por la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, dar pleno cumplimiento a la misma y superar las acciones u omisiones que favorecen a los victimarios y que han prevalecido hasta hoy.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional para seguir acompañando con su solidaridad a las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad acaecidos en el contexto del conflicto armado salvadoreño; y animamos a las organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas a seguir en su histórica lucha contra la impunidad.