3 de junio de 2010 Comunicado de Prensa

CIDH ordena proteger a trabajadores de Radio Progreso en Honduras

 

Washington, D.C., 3 de junio de 2006

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 2 de junio al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ampliar medidas cautelares a favor de 12  periodistas y comunicadores de Radio Progreso debido a amenazas recibidas contra su seguridad.

Los beneficiarios de la solicitud de protección son Karla Patricia Rivas Sánchez, José Pablo Peraza Chávez, Rita Suyapa Santamaría Velásquez, Alfredo Bográn,  Lolany Mariela Pérez Parada, Rommel Alexander Gómez, Lesly Castro, José Domingo Miranda, Héctor Hernández, Víctor Emilio Borjas, Leticia Castellanos y Pablo Ordoñez.

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidieron medidas de protección en virtud de amenazas que recibieron los comunicadores a finales del mes de abril.

Desde el 28 de junio de 2009 aumentaron las violaciones y restricciones del derecho a la libertad de expresión en Honduras. Los comunicadores y defensores de derechos humanos han sido especialmente afectados. Solo en lo que va del año 2010 han sido asesinados siete periodistas. Sus muertes todavía no han sido esclarecidas.

El pasado 22 de abril la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reiteró su “profunda preocupación por la gravísima situación que viven los periodistas hondureños y por el hecho de que aun no se conozca resultado alguno de las investigaciones sobre los asesinatos mencionados”. A la vez, la Relatoría Especial urgió al Estado a investigar los casos de manera eficiente, diligente y oficiosa, a través de cuerpos técnicos especializados, y a que capture y sancione adecuadamente a todos los responsables de estos crímenes”.

Las muertes, amenazas, seguimientos y otros actos de hostigamiento contra periodistas y defensores generan un clima de terror y ponen en grave riesgo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de estos sectores. En el caso de Radio Progreso varios de sus comunicadores han sido víctimas de constantes amenazas mediante mensajes de texto a sus teléfonos celulares y llamadas telefónicas, así como de seguimientos por personas desconocidas.

El Director de Radio Progreso, Ismael Moreno, declaró: “nuestro medio de comunicación no cederá ante las presiones externas por acallar la crítica. Radio Progreso seguirá contribuyendo al fortalecimiento de la democracia hondureña mediante la crítica constructiva y el libre debate de ideas”.

La CIDH pidió a las autoridades hondureñas adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos a la vida e integridad personal de las personas ya mencionadas, así como investigar los hechos que dan origen a tales medidas. Igual resolución había tomado la CIDH el pasado 3 de mayo a favor de Inmer Gerardo Chévez y Lucy Mendoza, también trabajadores de Radio Progreso.

“El Estado de Honduras no puede continuar pasivo ante las violaciones que afectan a los periodistas y defensores de derechos humanos. En primer lugar, debe adoptar medidas adecuadas y suficientes para prevenir este tipo de hechos, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo de los defensores y defensoras. Consecuentemente, debe demostrar de manera clara y contundente su voluntad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos delitos”, señaló Alejandra Nuño, Directora de CEJIL para Centroamérica y México.

Las medidas cautelares son acciones preventivas para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso. El Estado está obligado a acatarlas.

 

 

Contacto de prensa: Mauricio Herrera Ulloa

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