CIDH ordena medidas cautelares para Juez de Mayor Riesgo en Guatemala

San José, 23 de agosto de 2016.- El pasado 21 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al juez de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Procesos de Mayor Riesgo en Guatemala, Miguel Ángel Gálvez.

En su resolución, la CIDH exigió al Estado guatemalteco que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad de Gálvez y su familia, y para que el juez pueda desempeñar su labor sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.

Además, como parte de su decisión, la CIDH pidió al Estado que informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos que hicieron necesario el otorgamiento de las medidas, y, de esta forma, evitar su repetición.

El juez Gálvez ha tenido a su cargo procesos de alto impacto relacionados con la justicia transicional guatemalteca, tales como Sepur Zarco y el genocidio ixil. También, casos recientes de corrupción en los que están implicados altos ex funcionarios.

Así, en el 2015 vinculó a proceso penal al ex presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, en el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”. A partir de 2016, viene trabajando otros casos emblemáticos de corrupción conocidos como “Cooptación del Estado” y “Terminal de Contenedores Quetzal”, que involucran a los ex mandatarios y a otros funcionarios y empresarios guatemaltecos.

Pese a que el juez Gálvez y su familia contaban con medidas de protección proporcionadas por el Estado de Guatemala, la CIDH determinó que aquellas presentan vacíos importantes y que no constan avances en la investigación de los hechos de intimidación y amenazas sufridos por el juez a raíz de su participación en los casos antes nombrados. De este modo, consideró que su labor actual lo expone a él y a su familia a un riesgo inminente para su vida e integridad personal, lo que hace necesario el otorgamiento de las medidas.

Esta resolución es dictada en un contexto en el que, según ha determinado la propia CIDH, “los operadores de justicia que llevan procesos de justicia transicional y/o procesos de corrupción de funcionarios y autoridades son las principales víctimas de ataques”. Lo anterior ha motivado la concesión de medidas cautelares a favor de varios operadores y operadoras de justicia en el país. Entre ellas, la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, el 22 de julio pasado.