CIDH condena impunidad por esterilizaciones forzadas en Perú

Washington D.C., 5 de noviembre de 2010.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy en una rueda de prensa el incumplimiento por parte del Estado peruano de su obligación de investigar y sancionar a todos los culpables, por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza, ciudadana peruana que falleció en 1998, tras ser sometida a una operación de ligadura de trompas bajo amenazas, sin consentimiento, ni exámenes previos de riesgo quirúrgico.

En 1999 las organizaciones CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), junto a DEMUS (Estudios para la Defensa de los Derechos de la Mujer), CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer), APRODEH (Asociación Pro Derechos Humanos) y CRR (Centro de Derechos Reproductivos) presentaron el caso ante la CIDH contra el Estado peruano. El 10 de octubre de 2003, las partes firmaron un Acuerdo de Solución Amistosa por el que el Estado reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos de Mamérita Mestanza, y se comprometió a adoptar medidas de reparación en beneficio de los familiares de la víctima, a investigar y sancionar a los responsables y a adoptar medidas de prevención para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

La condena de la CIDH confirma los reclamos de las peticionarias ante el archivo definitivo de las investigaciones del caso por parte del Ministerio Público peruano en noviembre de 2009. En este sentido, denunciamos que el Estado peruano siga perpetuando la impunidad al no llevar a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, y no aplicar las sanciones penales y administrativas contra los responsables intelectuales y materiales, incluyendo personal médico y operadores judiciales.

El caso de Mamérita Mestanza es emblemático por representar a las más de 2.000 mujeres que fueron víctimas, durante los años comprendidos entre el 1996 y el 2000, de la política pública del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), implementado por el gobierno de Alberto Fujimori. Mediante diferentes formas de coacción, el programa focalizó su aplicación a mujeres en edad fértil, la mayoría campesinas, indígenas, en situaciones de pobreza, y pertenecientes a zonas rurales. Dicho programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud.

El archivo de la investigación del caso de Mamérita Mestanza es una muestra de la falta de voluntad del Estado para acabar con la impunidad de una práctica que resultó en graves violaciones para los derechos humanos de las mujeres peruanas.