Chile: Inaceptables las propuestas de seguridad que respaldan al uso excesivo de la fuerza en protestas sociales

Buenos Aires y Washington, D.C. 7 de noviembre, 2019.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos profunda preocupación por las medidas de seguridad anunciadas hoy por el Presidente Piñera, que podrían llegar a endurecer la respuesta a la protesta social.

El paquete de medidas anunciadas por Piñera incluye la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, entidad cuyo mandato constitucional es el de asesorar al Presidente en materia de seguridad nacional. Asimismo, busca incrementar las penas por delitos de saqueos, contra el orden público cometidos con ocultamiento de rostro o con entorpecimiento de la libre circulación de personas y vehículos, y delitos cometidos contra funcionarios policiales. Se refiere también sin mayor detalle a medidas que fortalecerán la vigilancia aérea, capacidad investigativa y de inteligencia de las autoridades.

Dichas medidas se anuncian en el marco de la tercera semana consecutiva de manifestaciones sociales en distintos puntos del país, donde se han reportado centenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del ejército y de Carabineros de Chile. A la fecha, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) ha presentado 219 querellas penales por violaciones a los derechos humanos, de las cuales al menos 168 son por torturas y 19 por violencia sexual. Además, ha constatado 1778 personas heridas en hospitales, incluyendo 41 por disparo de bala, 519 por perdigones, 338 por armas de fuego no identificadas, y 35 por balines. Asimismo, el INDH ha registrado al día de la fecha más de 5 mil personas detenidas, incluyendo 549 menores de edad.

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile a su vez ha recibido, al menos, 930 denuncias por lesiones provocadas por uso de la fuerza, 2 casos corresponden a proyectiles balísticos y 659 a proyectiles no balísticos. 86 de estas denuncias son por lesiones debido a lanzamiento de bombas lacrimógenas, 87 por golpes de parte de Carabineros, 18 personas afectadas por gas pimienta, 7 de denuncias por lesiones de carro lanza aguas, 4 denuncias por desnudamiento, 7 casos de atropellos por vehículos policiales, 3 denuncias por lesiones que afectan a personas en situación de calle y 43 por detención arbitraria e ilegal, con apremios ilegítimos. Por otra parte, una filtración de documentos ha revelado en los últimos días la posible existencia de una estrategia de vigilancia por parte de los carabineros de integrantes de organizaciones sociales y manifestaciones.

La gravedad de las denuncias y de la información disponible llevó al inicio de una visita técnica por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual se encuentra en curso, y a la solicitud de una visita por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual todavía no cuenta con anuencia estatal.

En este contexto, es preocupante que las medidas anunciadas por el Estado se centren en la condena a actos de violencia contra la propiedad, en medidas que respaldan y refuerzan la actuación policial y de inteligencia y en la convocatoria a un Consejo de Seguridad Nacional, cuya necesidad y objeto merece una profunda discusión, especialmente no mediando una situación de seguridad nacional. Sin perjuicio de nuestro repudio absoluto a toda violencia, es claro que, en la situación que vive el país, la ausencia de una condena explícita al uso excesivo de la fuerza y a los casos de tortura y violencia sexual en los que estarían involucrados agentes estatales, así como la omisión de un mensaje claro de rechazo a dichas conductas, da un peligroso respaldo a la actuación policial hasta la fecha y no sirve para poner frenos al uso ilegítimo de la fuerza y prevenir otras violaciones.

Nuevamente, señalamos que la participación en manifestaciones públicas pacíficas es un derecho fundamental en un estado democrático y no puede ser reprimido a través del uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Es claro que Estado debe garantizar la seguridad pública e investigar, juzgar y sancionar todo acto de violencia, pero dicha tarea no puede justificar ni permitir la violación de derechos fundamentales de las personas que participan en manifestaciones pacíficas o que reclaman por cualquier medio legítimo sus derechos.

Hacemos  un llamado contundente a condenar el uso excesivo de la fuerza en contra de personas manifestantes, a investigar exhaustivamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos. Asimismo, será necesario recurrir a medidas que garanticen  que se establezca con claridad lo ocurrido, fomenten el diálogo y atiendan a los reclamos sociales que buscan que no vuelvan ocurrir hechos semejantes de represión a la protesta social. Una forma será de cooperar con la observación y verificación internacional. En ese sentido, llamamos al Estado a realizar un trabajo conjunto con la Oficina de la Alta Comisionada hacia este propósito y solicitamos que acepte la solicitud de visita realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.