Chile debe dar una respuesta a la crisis de DD.HH por la que atraviesa

Santiago de Chile, 27 de enero de 2020.- Por primera vez, el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Chile para realizar una visita presencial (in loco) entre el 26 y el 31 de enero. La visita tiene como objetivo revisar la situación de derechos humanos, que ha sido marcada en los últimos meses por movilizaciones masivas que desencadenaron graves violaciones de derechos humanos en contra de personas manifestantes en distintos puntos del país.

La visita permitirá a la CIDH evaluar las acciones y omisiones en las que ha incurrido el Estado durante estos meses de protestas sociales continuas, incluyendo la utilización ilegítima de la fuerza, las denuncias de tortura y violencia sexual, la persecución de personas defensoras de derechos humanos, la utilización y aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, y las condiciones para que estos casos encuentren justicia y reparación.

Asimismo, la visita debe ser una oportunidad para evaluar las causas de la movilización social. En este sentido, las amplias críticas al modelo social y económico instalado en el país desde la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet y la consecuente desigualdad estructural en el acceso y goce de derechos fundamentales es un componente ineludible para analizar la crisis actual.

De igual manera, la falta de mecanismos efectivos, representativos y democráticos de participación ciudadana constriñe la capacidad de la población de elevar sus protestas y demandas para que sean acogidas por la institucionalidad vigente. La protesta es un derecho, precisamente porque es un medio fundamental para que la ciudadanía se haga escuchar cuando la institucionalidad estatal no permite otros medios de participación efectiva. La CIDH deberá atender a esta situación en sus recomendaciones, lo que será clave de cara al proceso constituyente que debe emprender el país.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que representa a personas y colectivos víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos, vemos con preocupación que las denuncias documentadas en el marco de la protesta social no son aisladas ni recientes. Por el contrario, se insertan en un continuo histórico de criminalización y uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones en instancias internacionales, y conocido y sancionado por la propia CIDH en el caso del joven mapuche Alex Lemún Saavedra. En este sentido, la falta de cumplimiento y de prevención respecto de denuncias históricas también se encuentra entre las causas de la crisis actual.

Asimismo, nos preocupa que quienes integran las comunidades indígenas; las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, hoy se encuentran en serio riesgo por la falta de reconocimiento de su rol y el aporte que tienen dentro de una sociedad democrática. Líderes y lideresas indígenas; personas defensoras del medio ambiente; voluntarias de respuesta humanitaria a manifestantes, personas observadoras de derechos humanos hoy no cuentan con una institucionalidad a la que puedan recurrir para desempeñar su labor con seguridad. Aún más grave, es frecuente el hostigamiento, la vigilancia, la utilización de leyes represivas y aparatos de inteligencia para criminalizar su labor y la impunidad.

Consideramos imperativo que el Estado tome medidas para garantizar el derecho a la protesta social respetando los principios internacionales del uso de la fuerza y ajustando su normativa interna. Asimismo, debe evitar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos, y dar respuesta efectivas a las situaciones de desigualdad estructural que subyacen a la crisis social que atraviesa el país.

La impunidad, la falta de memoria histórica y el negacionismo, la falta de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales en condiciones de igualdad, entre otras cuestiones, han llevado a la crisis social que el país vive hoy. Esta visita de la CIDH es una oportunidad para que el Estado en su conjunto rinda cuentas y encamine un proceso efectivo de memoria, justicia y reparación, incluyendo un proceso participativo y representativo para llevar a las reformas del marco constitucional que sean necesarias para garantizar los derechos humanos de los chilenos y las chilenas

Desde CEJIL estaremos en Santiago, Valparaíso y Temuco acompañando a la sociedad civil chilena, a personas defensoras y del pueblo mapuche en sus reclamos ante la CIDH. Esperamos que los espacios cuenten con participación y escrutinio amplio, de manera de convocar a todas las miradas posibles en torno a la multidimensionalidad de las problemáticas visibilizadas y sus causas estructurales.