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Celebran Organizaciones de la Sociedad Civil restricción del Fuero Militar en México
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, acogemos con beneplácito el fallo adoptado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del amparo en revisión 133/2012, promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas, a través del cual declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, a la luz del artículo 13 constitucional, 2º y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De reiterarse este fallo y establecerse jurisprudencia, lo anterior permitirá restringir el llamado “fuero de guerra” en los casos donde personal de las fuerzas castrenses cometa violaciones a derechos humanos en contra de civiles. Esto, a su vez, garantizará que las víctimas directas o sus familiares no comparezcan ante autoridades militares legalmente incompetentes para hacer efectivos sus derechos de acceso a la justicia, debido proceso y reparación del daño. En adelante, serán jueces del fuero civil quienes conozcan casos de este tipo, asegurando que el procedimiento se sustancie ante órganos jurisdiccionales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad.
La demanda de limitar el fuero militar ha sido una exigencia histórica del movimiento de derechos humanos en México, por la que muchas víctimas y organizaciones han trabajado. Ejemplo de ello, son las sentencias de los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García) en los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), se pronunció por el carácter excepcional y restrictivo del fuero militar respecto de la investigación y juzgamiento de delitos cometidos contra la disciplina castrense. Y que precisamente, fue con base en estas sentencias, que el día de ayer la SCJN confirmó el amparo otorgado por un Juez de Distrito a los familiares del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, oriundo de la Montaña de Guerrero, quien fuera ejecutado extrajudicialmente en un retén militar en 2009.
La resolución adoptada por la SCJN implica que el expediente será turnado a un juez federal en materia penal ajeno al ámbito castrense, y que sea esta autoridad la que decida si convalida lo actuado por la jurisdicción militar. Así, la resolución abre la puerta para que por primera vez los familiares de la víctima puedan coadyuvar con instancias legalmente competentes e imparciales. En esa medida, constituye un indudable reconocimiento a la determinación y a la perseverancia de la familia Rubio Villegas y de las víctimas que ayer y hoy han alzado la voz contra los abusos castrenses.
A partir de este fallo, si la SCJN reitera lo decidido en otros cuatro juicios de amparo podrá crear jurisprudencia que obligue a todos los Tribunales del Poder Judicial, lo que resulta necesario en vista de que subsisten reticencias a acatar el carácter vinculatorio de la jurisprudencia de la CorIDH. Esto podría suceder en los próximos días, ya que hay 27 juicios en lista, de los cuales la mayoría involucra la impugnación del citado artículo del Código de Justicia Militar.
En este sentido, alentamos a la SCJN a que establezca jurisprudencia compatible con las obligaciones internacionales del Estado Mexicano e instamos a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial Federal para que hagan efectiva su competencia en casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por militares contra civiles, a efecto de que los abusos militares -hoy en constante aumento- no queden en la impunidad.
Igualmente, debemos recordar que en las sentencias emitidas por la CorIDH se ordenó reformar el Código de Justicia Militar, deber que ha sido incumplido por los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por ello, exhortamos al Congreso de la Unión para que lleve a cabo el proceso de modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de que sea armónico con estándares internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos.
Organizaciones Nacionales firmantes:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos¨. conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Fundar Centro de Análisis e Investigación; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Equis Justicia para las Mujeres.
Organizaciones Internacionales:
El Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG); JASS, Asociadas por lo Justo; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos(WOLA).
