CEJIL: Tribunal debe garantizar derechos y libertades fundamentales en caso de Jhony Salgado

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó un escrito técnico ante el Tribunal de Sentencia de El Progreso para aportar elementos respecto del alcance de las obligaciones internacionales que deben ser garantizadas a Jhony Salgado en el proceso en su contra.

San José, 10 de agosto de 2021.- En el marco de las elecciones hondureñas de 2017, las personas que se manifestaron en contra del considerado fraude electoral fueron brutal y violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado. De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) en este contexto hubo al menos 23 personas fallecidas y otras 100 personas fueron detenidas de manera arbitraria.

Entre las personas detenidas, aproximadamente 21 fueron enviadas a prisión preventiva, entre ellas, Jhony Andrés Salgado Fuentes, quien fue arbitraria e ilegalmente detenido. Jhony Salgado ha estado sometido a un proceso judicial desde el 21 de diciembre de 2017, acusado por los delitos de portación ilegal de arma de fuego comercial y uso indebido de indumentaria policial, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y de la Policía Nacional de Honduras, respectivamente.

Ante estos hechos y el próximo inicio del juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó un escrito técnico de amicus curiae a fin de acercar al Tribunal algunos estándares de derecho internacional de los derechos humanos que deben ser tomados en cuenta en el marco del proceso en su contra, para evitar que se vulneren sus derechos, los cuales están garantizados por la Constitución Política, así como por los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales Honduras es parte.

Ante la posibilidad de que autoridades hondureñas utilizaran el caso de Jhony Salgado para generar un efecto disuasorio en la población en general, en el escrito CEJIL recuerda que el Estado de Honduras, a través de sus funcionarios tiene la obligación de proteger el derecho a defender derechos humanos, así como a generar medidas que garanticen ese derecho, y no que lo repriman o lo inhiban.

Con respecto a la prisión preventiva dictada en su caso, se destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que la prisión preventiva debe tener “un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática”.

Cabe señalar que Jhony Salgado permaneció durante cuatro meses en detención preventiva en el centro penitenciario de El Progreso, y fue hasta el 23 de abril de 2018 que la Corte de Apelaciones decidió sustituir la medida de prisión preventiva por otras medidas cautelares. Sin embargo, las nuevas medidas impuestas han afectado su economía familiar y le han generado dificultad para conseguir un trabajo permanente.

Asimismo, CEJIL recuerda que la aplicación indebida del uso del derecho penal en el marco del ejercicio del derecho de manifestación es una vulneración del derecho a la reunión y manifestación pacífica. De tal forma, los funcionarios del Estado deben de abstenerse de realizar actos de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, así como de los y las ciudadanas que ejercen estos derechos en contextos de demandas democráticas.

Según la organización, la violación de estos derechos conlleva la responsabilidad de los y las funcionarias del Estado que las ejerzan en violación de la Constitución de la República, así como la violación a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que también implican la responsabilidad internacional del Estado de Honduras.

Finalmente, CEJIL hace un llamado al Tribunal a garantizar los derechos y libertades fundamentales de Jhony Salgado en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras. Asimismo, la organización solicita a la comunidad internacional y los órganos regionales e internacionales que den un seguimiento cercano al proceso.

El amicus completo se puede revisar aquí.