28 de enero de 2010 Comunicado de Prensa

CEJIL preocupado por intimidaciones al Padre Pedro Ruquoy

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está preocupado por las intimidaciones que sufrió el Padre Pedro Ruquoy, el 4 de noviembre anterior, en República Dominicana. El religioso fue recriminado verbalmente por el Secretario del Interior y Policía y director de Migración, Franklin Almeida quién le reclamó frente a un grupo de 25 periodistas el no haber interpuesto una querella en contra del coronel que lo había amenazado de muerte. Posteriormente Almeida exhibió cartas que habían llegado al gobierno dominicano como parte de la campaña de Amnistía Internacional a favor del Padre Ruquoy y le dijo “eso indica una intención de ensuciar la imagen del país” y le señaló que “tiene que pedir perdón por lo que ha hecho”.

El padre es beneficiario de medidas provisionales, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger su vida. Estas fueron otorgadas el 18 de agosto del 2000, en esa fecha la Corte le ordenó al Estado de República Dominicana que adoptara, sin dilación, cuantas medidas fuesen necesarias “para proteger la vida e integridad personal del Padre Pedro Ruquoy”.

CEJIL considera que los hechos sucedidos el 4 de noviembre en contra de Ruquoy constituyen un acto de abierta intimidación, que pone en riesgo la vida del religioso y su integridad personal. Asimismo, es preocupante que dicha intimidación provenga de un funcionario público, quien ocupa un cargo de alta responsabilidad en el gobierno. Esta acción se da en un contexto de extrema tensión con las comunidades haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, con las que el Padre ha trabajado durante años. Ante esta situación, el Padre Ruquoy disminuyó sus actividades por temor a ser agredido o incluso obligado a salir el país.

Dada la gravedad de los hechos, CEJIL solicitó a la Corte Interamericana que le reitere al Estado de República Dominicana su obligación de cumplir con todas las medidas ordenadas de manera estricta y en los términos precisos que ordenó el alto tribunal interamericano.

CEJIL espera que el gobierno dominicano honre sus obligaciones internacionales y garantice el respeto de los derechos humanos del Padre Pedro Ruquoy.

 

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