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CEJIL pide a México juzgar en tribunales ordinarios violaciones de militares a derechos humanos
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hizo un llamado hoy al Estado mexicano para abrir un espacio que permita someter a la justicia ordinaria graves violaciones a los derechos humanos, que de manera recurrente han sido cometidas por militares y juzgadas de manera benigna en el fuero militar.
Durante 2010 México acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defenderse en tres juicios originados en violaciones a los derechos humanos cometidas por militares mientras desempeñaban actividades relacionadas con la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, en el Estado de Guerrero.
México enfrenta diferentes procesos internacionales por crímenes de militares contra civiles ocurridos en 1994, 1998, 1999 y 2002, en un patrón de abusos graves y reiterados de miembros de las fuerzas militares contra civiles, sin que el Estado haya tomado las decisiones necesarias para procesar en tribunales comunes esos hechos y evitar que sigan ocurriendo.
“¿Cuántos casos más ocurrirán antes de que México se decida a juzgar en la vía ordinaria los delitos cometidos por militares contra civiles? Se necesita una reforma al Código de Justicia Militar y que los juzgadores militares interpreten la Ley de tal forma que declinen su competencia a favor de la justicia ordinaria”, declaró Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Mesoamérica.
“Justicia militar equivale a impunidad y esto se convierte en repetición de los hechos”, afirmó Nuño.
Los casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos son el de I. Fernández, una mujer indígena tlapaneca torturada y violada en 2002 por tres militares que ingresaron a su casa con la excusa de investigar un robo; el de V. Rosendo, mujer indígena violada y golpeada por dos soldados cerca de su casa en el municipio de Acatepec, el 16 de febrero de 2002, durante un operativo militar.
El tercer asunto que tratará la Corte se refiere a la detención arbitraria y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, hecho ocurrido el 12 de mayo de 1999 en la comunidad de Pizotla, también en el estado de Guerrero. En esa ocasión, 40 militares dispararon contra la casa donde se reunían miembros de una organización ambientalista. Montiel y Cabrera fueron detenidos, incomunicados y torturados en repetidas ocasiones, hasta que fueron puestos en libertad el 7 de noviembre de 2001 sin que haya habido ninguna sanción contra los perpetradores de las agresiones.
Otro caso emblemático, que no ha llegado a la Corte, es el de las hermanas González Pérez, tres indígenas tzeltales torturadas sexualmente por militares el 4 de junio de 1994, en el Municipio de Altamirano, estado de Chiapas. Hasta hoy la justicia militar no ha sancionado a nadie. El Estado mexicano se niega a cumplir las recomendaciones de la CIDH emitidas en un informe de fondo en 2002, que pidió trasladar la investigación de los hechos al fuero común y reparar a las indígenas chiapanecas el daño causado.
Un quinto asunto que todavía está en trámite en la CIDH es el del joven Mirey Trueba, ejecutado por soldados el 22 de agosto de 1998 en una revisión en un retén militar en el estadote Chihuahua. Los soldados detuvieron el vehículo donde viajaba Trueba para una revisión rutinaria y el joven, asustado, salió corriendo. Un militar le disparó varias veces por la espalda. El caso fue investigado y juzgado en la justicia militar donde se condenó a un militar a 1 año y 11 meses por homicidio culposo.
CEJIL litiga los casos de Fernández, Rosendo, Montiel, Cabrera y Trueba en conjunto con las siguientes organizaciones copeticionarias mexicanas: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», la Organización de los Pueblos Indígenas Mixtecos y Tlapanecos (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», AC (Centro Prodh).
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera.
Director de Comunicación.
(202) 319-3000 (202) 445-4676.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
