29 de octubre de 2013 Comunicado de Prensa

CEJIL denuncia a la CIDH situación de violencia contra las mujeres en las Américas

Washington DC, 29 de octubre del 2013 – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio de México denunciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violencia contra las mujeres en el continente, haciendo especial énfasis en una de sus manifestaciones más graves, el femicidio/femicidio.

Se considera como femicidio/feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. De acuerdo con el Informe Regional sobre la Regulación del Femicidio/Feminicidio  en América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 14 países de la región se encuentran entre los 25 Estados con  mayor tasa de asesinatos en el mundo. El Salvador, Jamaica y Guatemala ocupan los primeros lugares.

A pesar de esta alarmante realidad, a la fecha los Estados de la región no han adoptado medidas efectivas para hacer frente a esta problemática. Así, solo 10 países de la región han incluido un tipo penal de femicidio/ feminicidio (Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Nicaragua, México, Perú, Honduras, Bolivia y Panamá). Además, algunas de estas  normativas presentan carencias; por ejemplo excluyen del concepto de femicidio/femicidio algunos hechos que deberían ser considerados como tales y otros resultan demasiado amplios para su aplicación.

Al respecto, Guadalupe Ramos de CLADEM indicó que “la importancia de un tipo penal autónomo de femicidio/feminicidio radica en que el tipo penal de homicidio invisibiliza las causas y las características propias  del asesinato de mujeres por razón de género. Al visibilizarlas a través del tipo penal específico es posible identificar las necesidades especiales de protección de las mujeres y por lo tanto las políticas públicas que debe adoptar el Estado para ello”.

Además, no existe en la región una política pública efectiva que aborde de manera integral la problemática del femicidio/feminicidio. En este sentido, Gisela De León de CEJIL agregó que: “la respuesta penal debe ir acompañada de políticas destinadas a atacar las causas del femicidio/feminicidio, lo que únicamente se logrará una vez que se cuente con información confiable acerca de la magnitud de la problemática, sus características y sus orígenes”.

Las peticionarias llamaron la atención de la Comisión para que en atención a la gravedad de esta problemática y tomando en cuenta que el próximo año se celebra el aniversario de la Convención de Belém Do Pará, se continúe contribuyendo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tal como lo ha hecho hasta ahora; y  señalaron que el reto actual es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a esta pandemia, por lo que la contribución de la Comisión en este sentido, es clave.

Daniela Araya

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