CEJIL denuncia a Brasil por la impunidad en el caso Carandirú 24 años después

Ciudad de Panamá, 6 de diciembre del 2016.- Esta mañana, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), CEJIL denunció la situación de impunidad que el Estado brasileño está permitiendo con respecto a la masacre de Carandirú en el 1992, cuando 111 presos fueron ejecutados y varios más resultaron heridos.

Asimismo, CEJIL pidió a la CIDH que monitoree el cumplimiento de las recomendaciones que la misma CIDH dictó el 13 de abril del 2000, en un informe en el que declaró la responsabilidad internacional del Estado brasileño, por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal, en virtud de los asesinados y heridos. La CIDH también determinó en este informe la violación de las garantías de protección judicial, a la vez que una falta de investigación, procesamiento y sanción de los responsables. Y que el Estado brasileño adoptara las medidas necesarias para la realización de justicia, reparando integralmente a las víctimas supervivientes y a los familiares de las víctimas.

Durante la audiencia, CEJIL denunció a la justicia brasileña por anular la sentencia dictada por un jurado popular en la que 74 policías fueron culpados por la masacre de Carandirú.

Beatriz Affonso, la directora para el programa de Brasil de CEJIL, resaltó que “el objetivo de esta audiencia es, además de demostrar la impunidad en la que siguen las 111 ejecuciones sumarias, alertar a la Comisión ¾pasados 16 años desde la publicación de sus recomendaciones¾, de que el Estado está incurriendo en nuevas graves violaciones y responsabilidades internacionales, relacionadas con la obstrucción de justicia”.  

El comisionado José de Jesús Orozco subrayó este hecho, destacando a su vez la preocupación de la CIDH por la perpetuación de la impunidad, al permitir que los asesinatos cometidos queden sin ninguna punición.

Para el fiscal Felipe Locke Cavalcanti, que ha actuado directamente en el caso, la decisión del tribunal de São Paulo respecto a la sentencia contra los 74 policías, “es contraria a la ley, al anular el juicio e incluso absolver a los acusados, lo que representa un retroceso en la justicia, un acto de impunidad y una ausencia total de compromiso con la justicia para Brasil”.

Los hechos hacen referencia a los eventos ocurridos en 1992 cuando, bajo la justificación de las autoridades de contener un motín en el Pabellón 9 de la cárcel de Carandirú, se activaron diversos contingentes de la Policía Militar del estado de São Paulo. Un efectivo de más de 300 policías, bajo el mando del Coronel de la Policía Militar, Ubiratan Guimarães, entraron en la cárcel y llevaron a cabo una operación que resultó con el asesinato de 111 presos y con numerosos heridos, todos ellos desarmados.