Caso las mujeres de Atenco llega a la Corte IDH por incumplimiento del Estado

Las Organizaciones representantes de las 11 mujeres peticionarias del caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), les compartimos los principales puntos tras la remisión del caso Mariana Selvas Gómez y otras vs. México, conocido como las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco:

 – El 17 de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso de las mujeres de Atenco, formalmente conocido como Mariana Selvas Gómez y otras, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso trata la violencia policial, tortura sexual y detención ilegal y arbitraria de 11 mujeres en el marco de la represión a una manifestación, por parte de fuerzas municipales, estatales y federales, que afectó a cientos de personas en San Salvador Atenco en mayo de 2006. 

– Con posterioridad a las violaciones que sufrieron, las mujeres estuvieron arbitrariamente privadas de libertad entre 9 días y 2 años y casi 4 meses. En ese momento, 26 mujeres denunciaron ante la CNDH lo que les ocurrió, de las cuales 11 decidieron presentar la petición inicial ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

– La petición inicial fue presentada el 29 de abril de 2008, producto del retardo injustificado del Estado en investigar las violaciones a los derechos humanos sufridas por las 11 mujeres y de la inexistencia a nivel interno de un proceso legal para avanzar en la protección de los derechos violados.

– A 8 años de presentada la petición inicial, y tras un proceso contencioso en el que las partes tuvieron amplia oportunidad de presentar argumentos y pruebas, la CIDH emitió su informe de fondo a fines de 2015.

– La decisión de la CIDH del pasado 17 obedece a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones establecidas en el informe de fondo para reparar a las mujeres de Atenco y abordar las causas estructurales que permitieron las violaciones a sus derechos, que siguen hoy vigentes, particularmente la obligación de investigar la responsabilidad más allá de algunos de los policías involucrados.

– La remisión del caso a la Corte IDH significa para las mujeres de Atenco, como para las organizaciones representantes —Centro PRODH y CEJIL—,  una oportunidad para que el Estado investigue lo ocurrido a las mujeres, sancione a todas las personas que resulten responsables y adopte las medidas de no repetición, necesarias para prevenir que hechos similares sigan ocurriendo. 

– La investigación exhaustiva de estos hechos es un paso imprescindible para romper el ciclo de impunidad que se repite de manera generalizada en casos de tortura en el país, en particular de tortura sexual a mujeres, una práctica ampliamente cometida pero casi nunca sancionada.