Caso de tortura, ejecución extrajudicial y exilio en el contexto de la ditadura militar brasileña llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Río de Janeiro, 7 de junio de 2022

El principal tribunal de derechos humanos del continente juzgará al Estado brasileño por la detención arbitraria y tortura de una mujer embarazada de seis meses, la detención arbitraria, tortura y ejecución sumaria y extrajudicial de su compañero y el exilio forzoso de la mujer y su hija en el contexto de la dictadura militar brasileña.

Eduardo Collen Leite, también conocido como Bacuri, fue un importante militante político contra la dictadura. Fue detenido el 21 de agosto de 1970 y permaneció bajo la custodia del Estado durante más de 100 días, durante los cuales sufrió innumerables e incesantes torturas, hasta su muerte, falsamente comunicada como resultado de un disparo.

Denise Peres Crispim, activista política y compañera de Bacuri, fue detenida el 23 de julio de 1970, cuando estaba embarazada de seis meses. Durante su encarcelamiento, fue sometida a varias torturas y dio a luz aún bajo custodia del Estado y con fuerte escolta, en un hospital y clínica de maternidad propiedad de un militar. Tras el nacimiento de su hija, a Denise se le permitió salir de las instalaciones de la prisión pero siguió estando obligada a presentarse periódicamente ante los militares y continuó sufriendo persecución. Por ello, solicitó asilo diplomático a Chile unos 9 meses después de su liberación, y estuvo retenida con su hija en la embajada del país en Brasil durante 11 meses. Tras el golpe de Estado en Chile, Denise pidió refugio en Italia, donde vive con su familia hasta hoy. Su hija sólo se enteró de toda la historia cuando era adolescente, y sólo en 2009 consiguió incluir el nombre de su padre, Eduardo, en su partida de nacimiento.

Estos hechos, que iniciaron hace 50 años, han tenido efectos en las víctimas hasta el día de hoy y nunca han sido debidamente investigados ni castigados, ya que Brasil sigue aplicando la Ley de Amnistía (Ley 6.683/79) y la institución de la prescripción de las acciones punitivas como instrumentos para perpetuar la impunidad. El Estado tampoco ha reparado plenamente los daños sufridos.

La llegada del caso a la Corte Interamericana representa una gran oportunidad para las víctimas y para la sociedad brasileña en general de ampliar el debate sobre el derecho a la verdad, la memoria y la justicia en relación con los crímenes cometidos durante la dictadura brasileña, especialmente en el contexto actual de revisionismo y negacionismo histórico, que impacta directamente en los derechos de las víctimas y promueve el incumplimiento de las decisiones previas de la Corte Interamericana en la materia, así como el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria y verdad.

Con la sentencia del caso, se espera que se reitere la necesidad de investigar las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar brasileña, y que se adopte un enfoque de género en el análisis de las violaciones en contextos de justicia transicional, incluyendo las especificidades en el caso de las mujeres embarazadas. También se espera que el Tribunal se pronuncie sobre los daños transgeneracionales que conllevan este tipo de violaciones y sobre el impacto del exilio en el contexto de los periodos dictatoriales.

A petición de CEJIL, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió remitir el caso de Denise Peres Crispim, Eduardo Collen Leite y otros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la ausencia de una respuesta efectiva del Estado brasileño para cumplir con las recomendaciones formuladas por la CIDH después de que el organismo reconociera las violaciones de los derechos de las víctimas.

Ante el inminente juicio, Denise Peres Crispim declaró que:

«Que el caso llegue a la Corte Interamericana significa la posibilidad de justicia para Eduardo, el reconocimiento de que fue una persona que luchó por la democracia en Brasil y que fue víctima de una de las mayores atrocidades cometidas por el Estado en represión a los militantes políticos.

Una sentencia de la Corte en la que se declare que el Estado fue responsable de la muerte de Eduardo me quitará un peso de encima y tendrá un impacto positivo en la relación de toda mi familia, profundamente afectada por el caso y por la denegación de justicia. Mi hija y yo, en mi vientre, también fuimos víctimas de una violenta represión y tortura, y es importante que toda la familia pueda entender exactamente lo que pasó y saber que finalmente se obtuvo algún tipo de justicia. La familia de Eduardo también sufrió mucho tras su muerte, ya que se enfrentó a años de terror psicológico, temiendo que las persecuciones continuaran.

Una sentencia de la Corte IDH tiene un valor extraordinario dadas sus repercusiones internacionales. Es esencial que todos los países latinoamericanos sepan que la represión durante la dictadura en Brasil no fue suave, sino muy violenta. Por último, espero que el caso tenga también repercusión en los malos tratos que aún hoy sufren las mujeres en prisión. Mi deseo es que, en el futuro, todas las mujeres tengan derecho a un embarazo tranquilo, sin sufrir humillaciones ni torturas de ningún tipo.»

En los próximos meses se iniciará la fase escrita del procedimiento, tras la cual la Corte  convocará una audiencia pública para escuchar a los testigos y expertos, además de los alegatos finales de las partes.