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Brasil enfrenta primer juicio internacional por crímenes cometidos en la dictadura militar
San José, 17 de mayo de 2010
La audiencia pública del primer juicio internacional contra Brasil por crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985) se llevará a cabo el próximo 20 y 21 de mayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica.
El caso Gomes Lund contra Brasil, conocido como “Guerrilla de Aragauaia” trata de la detención arbitraria, tortura, asesinato y desaparición de al menos 70 personas durante operaciones del las Fuerzas Armadas brasileñas ejecutadas entre 1972 y 1975, para destruir un movimiento de resistencia a la dictadura.
A pesar de los esfuerzos y acciones legales de familiares y organizaciones de derechos humanos ante la Justicia brasileña, durante más de 30 años el Estado se ha negado a iniciar una investigación criminal seria que esclarezca los hechos y determine responsabilidades. Para negarse a actuar, el Estado se ha amparado a la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 por el Gobierno militar.
Los funcionarios estatales implicados en las graves violaciones de derechos humanos que actuaron en nombre de la dictadura fueron incluidos entre los beneficiarios de Ley de Amnistía, mediante una interpretación política que se le dio a ese texto, aunque explícitamente no lo contemplaba.
La Corte Interamericana analizará la Ley de Amnistía, al ser considerada por las víctimas como el principal obstáculo a la investigación, el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar brasileño.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Más y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de Sao Paolo – representantes de las víctimas – esperan que el Tribunal emita una sentencia contra Brasil en la que establezca la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que se pronuncie acerca de la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos y con la jurisprudencia internacional.
Las organizaciones peticionarias esperan además que la Corte ordene al Estado acciones para garantizar a las víctimas, sus familiares y a toda la sociedad brasileña los derechos de verdad, justicia, memoria y reparación, así como la no repetición de los hechos.
El 20 de mayo, la representación de las víctimas explicará a la Corte los hechos del caso y presentará como testigos a familiares de fallecidos y desaparecidos así como a peritos que se referirán a cuestiones relacionadas con la Ley de Amnistía, la justicia transicional y la ineficacia de las medidas adoptadas por el Estado para el conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. Al día siguiente, los representantes de las víctimas y del Estado expondrán sus conclusiones.
La Corte no emitirá su fallo de inmediato. Hasta el 21 de junio las partes tienen tiempo para presentar sus alegatos por escrito y posteriormente la Corte deliberará la sentencia, proceso que normalmente tarda varios meses.
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