Brasil – Caso Favela Nova Brasília: ¡30 años de lucha por la justicia!

Río de Janeiro, Brasil. 18 de octubre de 2024. Nota en conjunto con ISER – El 18 de octubre de 1994, agentes de seguridad pública del estado de Río de Janeiro ejecutaron a 13 (trece) personas, entre ellas adolescentes, durante una operación policial en la Favela Nova Brasília, Complexo do Alemão. Durante la misma redada, tres mujeres jóvenes, dos de ellas adolescentes, fueron víctimas de tortura sexual por parte de agentes de policía. El 8 de mayo de 1995, en el mismo lugar, en otra operación policial, agentes del Estado ejecutaron a otras 13 (trece) personas.
En el 30 aniversario de la primera masacre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Estudios de la Religión (ISER), organizaciones que representan a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), conmemoramos la valiente lucha de las víctimas y sus familiares por la justicia y denunciamos, una vez más, el incumplimiento sistemático por parte del Estado de la sentencia internacional que condenó a Brasil y ordenó una serie de medidas de no repetición destinadas a transformar el actual modelo de seguridad pública, basado en la violencia bélica contra la población negra y periférica y sus territorios.
La sentencia condenatoria, dictada por la Corte IDH el 16 de febrero de 2017, declara la responsabilidad internacional del Estado brasileño por violar el derecho a las garantías judiciales de independencia e imparcialidad de la investigación, debida diligencia y plazo razonable, el derecho a la protección judicial y el derecho a la integridad personal de los familiares de los asesinados y de las víctimas de tortura sexual estatal.
La Corte IDH reconoció que las dos masacres formaban parte del contexto estructural de violencia policial en Río de Janeiro, destacando que la letalidad policial afecta predominantemente a personas jóvenes, negras, pobres y desarmadas. Este contexto es impulsado por la acumulación de diversos órganos estatales, que producen una política de seguridad pública violenta y racista.
El caso se encuentra actualmente en supervisión de cumplimiento de sentencia y las víctimas, sus familiares y organizaciones representativas han reafirmado a la Corte IDH, en informes y audiencias, que el Estado no ha cumplido de forma mínimamente satisfactoria los puntos resolutivos de la sentencia.
Además de las medidas de reparación para las víctimas y sus familiares, que aún no han sido cumplidas en su totalidad por el Estado, la sentencia ordenó la adopción de políticas públicas que garanticen la no repetición de la violencia estatal, con énfasis en la reducción de la letalidad policial, la adopción de mecanismos normativos que garanticen investigaciones serias, efectivas e independientes de los casos de violencia policial, con énfasis en la autonomía de los órganos de peritaje técnico, y medidas que permitan la participación efectiva de las víctimas y sus familiares en todas las etapas de la investigación y del proceso.
Según datos del propio estado de Río de Janeiro, desde 2017, año de publicación de la sentencia internacional, hasta 2023, han muerto 9.274 personas a causa de intervenciones policiales, en un contexto de política de seguridad pública sustentada en índices alarmantes de letalidad policial, incompatibles con cualquier pretensión de consolidar un Estado democrático de derecho.
La cuestión de la reducción de la letalidad policial vincula el caso Favela Nova Brasília con la Acción por Incumplimiento de Preceptos Fundamentales – 635, la ADPF de las Favelas, que se encuentra en la fase final de tramitación en el Supremo Tribunal Federal. La movilización de estos dos instrumentos judiciales por parte de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada ha frenado, en algunos momentos, la escalada de la letalidad policial en el estado.
El cuadro general, sin embargo, es de incumplimiento de las medidas de la Corte IDH y del STF, ya que el estado de Río de Janeiro aún no presentó un Plan de Reducción de la Letalidad Policial efectivo, construido con participación popular, que reconozca la dimensión estructural del racismo en la actual política de seguridad pública y establezca una meta concreta de reducción del 70% anual de las muertes causadas por la acción del Estado.
La responsabilidad por la política de seguridad pública letal y violenta es compartida por varias instituciones del Estado, siendo fundamental el papel de control externo ejercido por el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de algunas iniciativas, aún no existen normas ni prácticas que garanticen su actuación para preservar la autonomía e independencia en las investigaciones de los crímenes cometidos por policías, ni la participación de las víctimas y sus familiares.
En este hito de 30 años de lucha por la justicia, reafirmamos que la sentencia del caso Favela Nova Brasília es un instrumento de lucha colectiva, que se suma al repertorio político construido por los movimientos de familiares de víctimas de la violencia estatal, diversos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, contra la violencia estatal y por cambios estructurales en el actual modelo de seguridad pública.