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Asesinato de Monseñor Romero continúa en la impunidad
San José, Costa Rica, 24 de marzo de 2010
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes reconoció el 24 de marzo, cuando se conmemoró el 30° aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que éste “fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte”, el cual actuó “bajo la cobertura, colaboración, aquiescencia o participación de agentes estatales”. Asimismo, pidió “perdón en nombre del Estado Salvadoreño por ese magnicidio perpetrado hace 30 años”.
El 24 de marzo de 1980, Monseñor Romero fue asesinado frente a numerosos testigos, mientras oficiaba misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.
La Comisión de la Verdad para El Salvador y posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinaron que su ejecución había sido responsabilidad de un escuadrón de la muerte que había actuado bajo el mando del ex Mayor Roberto D’Aubuisson, fundador del partido ARENA.
Sin embargo, las autoridades salvadoreñas nunca investigaron de manera efectiva la ejecución de Monseñor Romero. La única persona encausada por estos hechos, el Capitán Álvaro Saravia -quien recientemente ha aceptado su participación en los mismos- fue absuelta con base en la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
En el año 2000, la CIDH emitió una resolución en la cual estableció que el Estado de El Salvador era responsable de la ejecución de Monseñor Romero y por no haber investigado de manera seria y efectiva los hechos. Además, señaló que el Estado era responsable por haber aplicado la Ley de Amnistía a este caso y por la violación del derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de Monseñor Romero, los miembros de la comunidad religiosa a la que la víctima pertenecía y de la sociedad salvadoreña en su conjunto.
En consecuencia, la CIDH estableció que el Estado debía realizar una investigación seria y efectiva de lo ocurrido, derogar la Ley de Amnistía y reparar todas las consecuencias de las violaciones cometidas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), como peticionario del caso ante la CIDH, reconoce la importancia de la aceptación de responsabilidad y el pedido de perdón público como un primer acto de reparación por el daño causado.
No obstante, aún queda una gran deuda pendiente: la investigación de los hechos; y la identificación, procesamiento y sanción de los responsables. Si bien, en su discurso, el Presidente salvadoreño se comprometió a “colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional” y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados, esto no es suficiente.
Como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su reiterada jurisprudencia, en casos de graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato de Monseñor Romero, el Estado está en la obligación de utilizar todos los medios a su alcance para el esclarecimiento de la verdad y la persecución, captura y enjuiciamiento de todos los responsables.
En atención a ello, CEJIL insta que a la brevedad posible, el Estado salvadoreño (constituido por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en su conjunto) inicie una investigación seria y efectiva al respecto, en la cual se abstenga de utilizar cualquier obstáculo procesal que perpetúe la impunidad. Solo así podrá avanzarse en el camino de la verdadera reparación integral para el pueblo salvadoreño. A 30 años del asesinato de este personaje emblemático de América, exhortamos a las autoridades del Estado a cumplir a cabalidad con las recomendaciones emitidas por la CIDH.
Contacto en Costa Rica
Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
Tel: 506-2280-7473/7608
Correo electrónico: [email protected]
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
