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Argentina debe proteger la movilización social, no acallarla
Organizaciones sociales y de derechos humanos expresamos nuestra profunda preocupación por la brutal represión a la protesta social en Argentina el miércoles 12. La “marcha por los jubilados” ocurre todos los miércoles desde hace meses en Buenos Aires contra los recortes en jubilaciones y pensiones y en la provisión de medicamentos en un contexto de ajuste económico feroz.
El accionar de las fuerzas de seguridad con el único objetivo de dispersar la protesta fue abusivo y desproporcionado, contrariando los estándares regionales e internacionales que protegen el derecho a la protesta. Más de veinte personas fueron hospitalizadas y otras 114 personas detenidas, entre ellas, dos niños. Después de varias horas, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires los liberó por falta de información sobre los motivos de las detenciones.
Una mujer jubilada de 87 años fue empujada y golpeada en la cabeza por un efectivo de la Policía Federal. El fotógrafo Pablo Grillo fue alcanzado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras sacaba fotos de la marcha y se encuentra internado en estado crítico con pronóstico reservado. Un niño y una niña fueron afectados por el gas cuando salían de un colegio de la zona. La policía disparó balas de goma hacia los rostros de las personas, hiriendo a varias de ellas, y utilizó gas pimienta a corta distancia. Adultos mayores, niños, jóvenes, hombres y mujeres fueron dispersados indiscriminadamente de los alrededores del Congreso de la Nación mediante el uso de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y bastones tonfa. Ese es el saldo de la violenta represión a quienes se manifestaron el pasado miércoles.
El uso de pistolas lanzagases como la que hirió a Pablo Grillo estaba prohibido en las protestas hasta que el gobierno de Javier Milei derogó la resolución que lo disponía. Según la normativa emitida por el actual gobierno en diciembre de 2023, cualquier manifestación con cortes de calles o rutas es un delito. Además, el gobierno argentino habilitó que las fuerzas de seguridad dispersen manifestaciones, porten armas de fuego en contextos de protesta y recaben información para luego criminalizar a quienes participen de las movilizaciones.
La represión a la protesta social y la criminalización de manifestantes se han consolidado como una herramienta del gobierno argentino para intimidar y silenciar voces disidentes, reduciendo el espacio democrático en el país. Durante todo el 2024 más de 93 personas fueron detenidas arbitrariamente por participar en protestas y más de 600 resultaron heridas de distinta gravedad. El episodio del 12 de marzo evidencia un aumento alarmante de personas detenidas y heridas en una sola protesta.
También preocupa la narrativa construida desde el Estado en el último año para justificar la violencia en contra de manifestantes. Altos funcionarios del gobierno calificaron a las manifestaciones populares como “un intento de desestabilizar al gobierno”, de “un golpe de Estado” y hablaron de “dirigentes terroristas”. En declaraciones oficiales, la Ministra de Seguridad de Argentina defendió la actuación policial y manifestó que buscarán la
criminalización de los manifestantes por “sedición” y de la jueza que liberó a las personas detenidas. También prometió expulsar a las personas migrantes que participaron de la protesta.
El escalamiento de la violencia por parte del Estado argentino y en particular la retórica de la “desestabilización” ponen en riesgo derechos propios de una sociedad democrática, como la protesta social y la libertad de expresión.
Expresamos nuestra solidaridad con los reclamos del pueblo argentino por mejores condiciones de vida e instamos a las autoridades a cumplir con sus obligaciones internacionales y a investigar cabalmente el accionar policial para sancionar conductas indebidas. Seguimos de cerca el achicamiento del espacio cívico en Argentina y llamamos al gobierno a que establezca un ambiente seguro y propicio para la expresión de voces disidentes. Manifestamos preocupación por el avance del autoritarismo en la Argentina y sus consecuencias para toda la región, y exhortamos a los Estados latinoamericanos a pronunciarse en defensa de la democracia y los derechos humanos de los pueblos latinoamericanos.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Amnesty International
Organizacion Mundial contra la Tortura (OMCT)
International Service for Human Rights (ISHR)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
CIVICUS Global Alliance
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Robert F. Kennedy Human Rights
Omega Research Foundation
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR)
Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
Legal Resources Centre (LRC)
Commision for Missing Persons and Victims of Violence (KontraS)
ORGANIZACIONES REGIONALES
Artigo 19 – Brasil
Conectas Direitos Humanos
Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad (Dejusticia)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Peru EQUIDAD)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH
Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares (MOCAO Colombia) ILEX Acción Jurídica
Temblores ONG
Fundación Foro Nacional por Colombia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Corporación de Defensa de los Derechos Pueblo (CODEPU)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) Casa Centroamérica en México
JusticiaYa, Guatemala
Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación (INSPyRE)
Programa Somos Defensores, Colombia
Kilómetro 0, Puerto Rico
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)
Comisión Nacional de Derechos Humanos – República Dominicana (CNDH-RD) Observatorio Ciudadano Chile
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador
Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial de Chile
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Colombia
Campaña Defender la Libertad un asunto de todas – Colombia
Programa Compañeros de Ciudad Juárez -Chihuahua, México
Corporación Justicia y Democracia – Colombia
Corporación Democracia en Acción (DEMOS) de Colombia
Irídia, centro por la defensa de los derechos humanos -Cataluña-España Movimiento RegularizaciónYa, España
Novembre Feminista (Ca La Dona) Catalunya
Associació Ca la Dona, Barcelona
Centro de Investigación y Defensa Sur, de Wallmapu Chile (CIDSUR)
Acción Ecológica
Stop Balas de Goma
Mapa de la Policía
Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte España
Fundación para la Defensa, Promoción de los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible (Fundesos)
Coordinación Colombia Europa estados Unidos (CCEEU) – Colombia
Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos – Ilsa Corporación compromiso – Colombia
Humanidad Vigente Corporación – Colombia
