Ante la crisis carcelaria, es urgente que el Estado ecuatoriano dé cumplimiento a la sentencia del caso Tibi y garantice la participación de sociedad civil en la capacitación a servidores públicos

Washington, DC y Quito, 30 de noviembre de 2022

Durante una audiencia pública virtual de supervisión de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el jueves pasado, el Estado ecuatoriano tuvo que rendir cuentas sobre la falta de cumplimiento de dos medidas pendientes de la sentencia de Tibi vs. Ecuador. A 18 años de emitida la sentencia—y 27 años de ocurrida la detención arbitraria y tortura de Daniel Tibi—el Estado sigue sin haber garantizado la capacitación en derechos humanos a personal penitenciario y el Ministerio Público sin haber judicializado los responsables de los hechos. Es condenable que el Estado ecuatoriano no haya garantizado justicia en este caso durante la vida de Daniel Tibi, quien falleció en Francia en enero de 2020.

Esta falta de cumplimiento de la sentencia, sostienen los representantes Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), está directamente vinculada con la fuerte crisis carcelaria que hoy vive Ecuador, en el que han muerto más de 400 personas privadas de libertad desde inicios de 2021. La falta de capacitación efectiva a servidores públicos, y de investigación y sanción a responsables de violaciones a derechos humanos, permite la repetición de las violaciones.

Algunas de las más cruentas masacres de los últimos años han ocurrido en la Penitenciaría Guayas No. 1 (Penitenciaría del Litoral), la misma cárcel donde Daniel Tibi estuvo privado de su libertad en prisión preventiva y fue torturado entre 1995 y 1998. En su sentencia de 2004, la Corte dio cuenta de las condiciones de insalubridad, hacinamiento y peligro ante la falta de separación de internos por etapa procesal y peligrosidad, que vivió el señor Tibi y la importancia de la capacitación a funcionarios y la investigación efectiva de los hechos para evitar su repetición. Sin embargo, estas condiciones no solo no han mejorado, sino que han empeorado considerablemente al día de hoy.

Los representantes expusieron en la audiencia cómo la ausencia de personal suficiente, idóneo y adecuadamente capacitado del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), es una causa de la crisis carcelaria. Sin la existencia de personal suficiente e idóneo, no es posible que la capacitación permanente en derechos humanos sirva para prevenir la repetición de los hechos.

CEJIL y CDH-PUCE lamentan que el Estado llegó a la audiencia sin información específica que diera cuenta del cumplimiento de estas dos medidas. Por una parte, la Fiscalía brindó información contradictoria sobre el plazo dentro del cual judicializaría a los responsables de la detención arbitraria y tortura de Tibi quienes, siendo agentes estatales en turno, han estado plenamente identificados desde 2004. Por otra parte, la Secretaría de Derechos Humanos dio a conocer que, de acuerdo con la nueva Política Pública de Rehabilitación Social, no se prevé la capacitación en derechos humanos del 100% del personal penitenciario hasta 2025.

Al respecto, Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, dijo: “Durante las casi dos décadas de investigación de este caso, falleció Daniel Tibi sin haber visto justicia y han prescrito varios delitos investigados. Es urgente que se abra la etapa de instrucción fiscal y se judicialice el caso. Además, nos preocupa profundamente que esta impunidad se siga replicando ante la actual crisis carcelaria”.

Ante este escenario de crisis carcelaria, es trascendente garantizar la participación de la sociedad civil en el diseño de capacitaciones a servidores públicos, mediante su inclusión en un comité interinstitucional creado para el fin, como lo ordenó la Corte IDH. Mario Melo, Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, dijo: “Nuestras organizaciones están en la mejor disposición de finalizar la creación de este comité y participar constructivamente en el diseño de capacitaciones sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Creemos que la existencia de estos espacios de diálogo a nivel nacional es el camino para avanzar en el cumplimiento de esta medida ordenada por la Corte”.