Ante la Corte IDH: Campesinos de Comunidad Santa Bárbara exigen que Perú cumpla con sentencia dictada hace 5 años

Washington, D.C.  y Lima, 8 de octubre, 2020 .-  Las víctimas de la masacre de la comunidad campesina de Santa Bárbara del Perú, en compañía de sus representantes el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  Paz y Esperanza y el abogado Milton Campos, denunciaron el día de ayer en una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la falta de acatamiento por parte del Estado peruano con la sentencia dictada en el 2015.

Los graves hechos del caso ocurrieron hace 29 años, durante el conflicto armado interno en Perú, e involucran la desaparición forzada de 15 personas de una comunidad andina, quechua-hablante en manos de agentes militares peruanos, entre los que se encontraban 7 niñas y niños. Las víctimas fueron llevadas a la mina Misteriosa en Huancavelica, donde fueron ejecutados y posteriormente se detonaron cargas de dinamita en la mina, provocando el fraccionamiento de los cuerpos. A pesar del largo tiempo transcurrido buscando justicia y reparación, a la fecha, las víctimas no han sido reparadas por el Estado y la sentencia interamericana, emitida hace ya cinco años permanece incumplida.

En la audiencia se expuso cómo, en primer lugar, que no se ha indemnizado a ninguna de las víctimas, a pesar de la orden expresa del Tribunal Interamericano. Se destacó además cómo este incumplimiento por parte del Estado no es aislado ya que desde enero del 2015, no se ha realizado ni un solo pago derivado de sentencias emitidas por la Corte Interamericana. El abogado Milton Campos señaló que la Corte Interamericana ha indicado que el Estado no puede ampararse en su derecho interno o a la pandemia del COVID-19 para justificar la falta de cumplimiento de esta obligación o alegar la imposibilidad de los pagos adeudados “nos encontramos frente a una medida que debió haber sido cumplida hace cuatro años y que solo requiere de trámites administrativos para su ejecución.” puntualizó.

Por otra parte, el Estado peruano no ha cumplido con su obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los habitantes de Santa Bárbara. Si bien se han dictado un total de tres condenas a nivel interno, no hay avances significativos sobre el desarrollo de investigaciones pendientes para determinar los demás integrantes del batallón que participaron en los hechos, ni a la cadena de mando que dio las órdenes. “Solo hay tres detenidos hasta la fecha. Pero ¿Sólo eran tres personas que han cometido estos crímenes tan sonados a nivel nacional e internacional? Por eso las familias han perdido la confianza. Ya pasaron casi cerca de 30 años de espera incluso han muerto muchos familiares a causa de la espera. Suplicamos a los honorables integrantes de la Corte IDH que le recuerden al Estado de cumplir plenamente con la sentencia para que podamos descansar y tener justicia”, dijo Zenón Cirilo Osnayo Tunque, familiar de cuatro de las víctimas de Santa Bárbara y representante de las 15 víctimas.

En cuanto a la búsqueda de los restos de las víctimas celebraron la reciente identificación de parte de ellos. Sin embargo, señalaron que existen elementos de preocupación en las pericias que deben abordarse para poder tener total certeza de que se ha hecho una identificación adecuada. Para ello debe seguirse coordinando con las víctimas y sus representantes para que una vez ello ocurra, se realice la correcta entrega de los restos por medio de un acto público en la ciudad de Huancavelica.

Frente a todo lo anterior el Estado expresó su disposición a trabajar con las víctimas y sus representantes, citando, entre otras cosas, cambios en su normativa sobre indemnizaciones ordenadas por la Corte IDH, para eliminar los obstáculos que han impedido la realización de los pagos.

Por último, tanto las representantes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron a la Corte a emitir una resolución en se pronuncie sobre el incumplimiento de su sentencia y dé parámetros al Estado peruano para tomar acciones específicas para avanzar en el acatamiento del fallo.

“Las víctimas de este caso han esperado justicia por casi 30 años. Hace cinco años, este Alto Tribunal, contribuyó a reivindicar la memoria de sus familiares, a través de la determinación de la responsabilidad estatal por la desaparición forzada de sus seres queridos y la falta de justicia. Hoy acudieron nuevamente a la Corte, para pedirle que exijan al Estado peruano que cumpla con su obligación de reparar el daño causado. Ellos no pueden, no se merecen seguir esperando”, manifestó Gisela de León, Directora Legal de CEJIL.