Ante CIDH: condenas en caso de Berta Cáceres no representan justicia

Washington D.C., 6 de diciembre de 2018.- Una semana después del primer fallo por el asesinato de la defensora Berta Cáceres Flores, este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información actualizada sobre las graves irregularidades practicadas durante el proceso judicial y sobre la situación de impunidad en la que se mantienen los autores intelectuales del caso.

La audiencia se dio como seguimiento a las medidas de protección otorgadas por la CIDH en 2016 para proteger la vida e integridad de la familia de Berta Cáceres, Gustavo Castro, las y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y sus representantes legales, en virtud al incremento de los riesgos sobre su vida e integridad tras el asesinato de la lideresa.

Durante la sesión, la familia de Berta Cáceres, el COPINH, representantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron que las víctimas del caso continúan sometidas a diversos riesgos y que, durante el proceso judicial, enfrentaron prácticas re victimizantes que violentaron su derecho a la verdad y su acceso efectivo a la justicia.

En este sentido, recordaron que el Ministerio Público les negó información del caso en al menos 35 ocasiones, mientras que el Tribunal de Sentencia negó la transmisión y publicidad de las audiencias, no admitió prueba fundamental para el caso y excluyó arbitrariamente a la representación de las víctimas, entre muchas otras irregularidades.

Además, las organizaciones y familiares de Berta Cáceres denunciaron que, a pesar de contar con evidencia que prueba la vinculación de directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con la planificación y el financiamiento del crimen, estas personas se mantienen en total impunidad y las acciones estatales parecen buscar encubrir a la estructura criminal detrás del asesinato.

Gaspar Sánchez, miembro del COPINH, denunció que la concesión del río Gualcarque les mantiene en una situación de alto riesgo, dado que sufren constantes amenazas, estigmatización y criminalización, por lo tanto exigió que se revoque la concesión a la empresa DESA.

“Este crimen no hubiera sucedido si se hubiera garantizado la consulta previa a la comunidad lenca y si el Estado de Honduras hubiera cumplido con las medidas de protección otorgadas”, concluyó Laura Zúniga, hija de la lideresa Berta Cáceres. “Soñamos con ver justicia para Berta, pero sin que se nos vaya la vida en esto. Queremos dejar claro: condena no es lo mismo que justicia y mientras no haya justicia, no habrá protección”.

Ante estas denuncias, la comisionada Esmeralda Arosemena sostuvo que “La concesión está impregnada de una historia de violación de derechos, a tal punto que se da el asesinato de una lideresa que luchaba por su territorio y por los derechos de sus pueblos. Como esencia del conflicto, la revocatoria puede ser efectivamente una respuesta”.

Por su parte, Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH reconoció que el acceso a la verdad es un derecho básico. Además expresó que esperaba voluntad política y un acción expedita por parte del Estado de Honduras.

La familia de Berta Cáceres Flores, el COPINH, sus representantes legales y CEJIL, esperan que el Estado de Honduras avance de manera decisiva en la desarticulación de la estructura criminal que perpetró el asesinato y los numerosos actos de persecución contra el COPINH, a la vez que resulta indispensable y urgente iniciar el proceso correspondiente para revocar la concesión del río Gualcarque.