Amenazas y violencia en contra de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa se recrudecen ante la instalación de empresa minera

La situación de riesgo fue expuesta esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

16 de diciembre de 2021.- En el último año, las agresiones en contra de la tribu tolupán de San Francisco de Locomapa se han recrudecido ante la instalación de la empresa minera LACHANSA en el territorio de la tribu, específicamente en la comunidad de Lagunita. Desde el inicio de las operaciones, las comunidades y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han enfrentado campañas de desprestigio, intimidación e incluso amenazas de muerte. Las mujeres y niñas han enfrentado también hostigamientos de carácter sexual y varias personas se han visto forzadas a desplazarse de la comunidad ante el contexto de riesgo.

En el pasado mes de agosto, personas contratadas por la empresa, incluyendo a miembros del Consejo Directivo de la Tribu, con armas de fuego y machetes, bloquearon un punto de acceso de la comunidad de Lagunita para evitar el ingreso de integrantes del MADJ y autoridades del Estado a la mina. Este bloqueo ha implicado que las personas de la Tribu no tengan acceso a trabajar sus parcelas ni puedan acceder a alimentos y medicinas necesarias para su vida y salud. Sumado a ello, el 01 de diciembre, trabajadores de la empresa maderera INMARE, otras de las empresas que se ha instalado en la zona, agredieron físicamente a dos personas de la tribu.

Desde la instalación de la minera LACHANSA en enero de 2022, las comunidades y el MADJ han denunciado que la empresa está operando sin consentimiento de la tribu y sin ningún permiso o licencia otorgada por el Estado de Honduras. Así, el 30 de agosto del presente año, denunciaron ante la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Medio Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) las actividades de explotación minera ilegal en territorio de la Tribu Locomapa y presentaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía de Etnias de Tegucigalpa en contra de la minera; sin embargo, no han encontrado respuestas por parte del Estado a pesar de contar con medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2013.

Frente a este contexto, representantes de las comunidades tolupanes e integrantes del MADJ, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), denunciaron la situación de riesgo ante la CIDH. Sostuvieron que las medidas de protección brindadas por el Mecanismo de Protección de Honduras no han sido idóneas para garantizar la seguridad de las personas y que el Estado de Honduras tiene medidas pendientes de cumplir para abordar el origen del riesgo y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas beneficiarias de las medidas de protección.

A la fecha, no se ha instalado la mesa interinstitucional para abordar la problemática de la tribu, cuya última reunión se celebró en 2020, ni se ha avanzado en la investigación de los asesinatos cometidos en las comunidades, dejando estas y otras graves agresiones en total impunidad. Respecto al Mecanismo, las personas representantes reconocieron ante la Comisión que: “Es sumamente preocupante que un ente del Estado, cuyo rol es la protección inmediata de la vida e integridad de las personas que se encuentran en riesgo de daño urgente e irreparable, no cuente con herramientas céleres y efectivas para dar respuesta a las situaciones de riesgo que conoce”.

Finalmente, solicitaron a la Comisión, entre otros, que requiera al Estado de Honduras impulsar la instalación de la mesa interinstitucional para abordar el conflicto, conformada al menos por MIAMBIENTE, INHGEOMIN, la Secretaria de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Instituto de Conservación Forestal y Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural; instar al Instituto de Conservación Forestal (ICF) a investigar los planes operativos otorgados dentro del Plan de Manejo Forestal perteneciente a la Tribu San Francisco de Locomapa, y de comprobarse las irregularidades e inconsistencias, que el ICF proceda a denegar y suspender los planes operativos en curso o autorizados; y llevar a cabo las investigaciones necesarias por todos los hechos de riesgo cometidos.

Los ataques, agresiones y asesinatos de los que han sido víctimas quienes integran el Movimiento Amplio y residen en la Tribu se vinculan directamente con la explotación de sus territorios por parte de empresas extractivas, sin garantizar la consulta previa, libre e informada. Por eso, las personas beneficiaras demandan la acción estatal inmediata para desactivar el origen del riesgo al que están expuestas.