A 3 años del asesinato de Berta Cáceres, Honduras debe garantizar justicia integral

San José, 1 de marzo de 2019.- A 3 años del asesinato de la lideresa lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigimos que el Estado cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables por este crimen y denunciamos la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.

En noviembre de 2018, la Sala I del Tribunal de Sentencia condenó a 7 de los 8 imputados como autores materiales por el asesinato de la defensora. En su fallo el Tribunal reconoció que este crimen fue planificado y ejecutado con “pleno conocimiento y consentimiento” de ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), como represalia a la oposición de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

A pesar de este fallo, la sentencia del Tribunal aún no está firme y, a la fecha, solo David Castillo, gerente general de la empresa DESA, ha sido detenido por la autoría intelectual del crimen. El resto de personas que comprenden la estructura criminal, responsable de planificar y financiar este crimen cometido el 2 de marzo de 2016, todavía se mantienen impunes.

A 3 años del asesinato de Berta Cáceres, las personas defensoras de derechos humanos en Honduras aún se enfrentan a una grave situación de criminalización, represión y violencia por el ejercicio de su rol. Esta misma semana, dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) fueron asesinados en San Francisco Locomapa y 12 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol fueron detenidas como represalia a su labor.

Ante este contexto regresivo, y con ocasión del tercer año en que reivindicamos la memoria de Berta Cáceres, exigimos que el Estado de Honduras avance en la investigación, juzgamiento y sanción de David Castillo y todas las personas responsables por su asesinato. Demandamos también un cese a su política de criminalización contra defensores y defensoras del medio ambiente y que adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho a defender derechos humanos.

Asimismo, exhortamos al Estado de Honduras para que inicie inmediatamente el proceso para revocar la concesión otorgada a DESA sobre el río Gualcarque, que al día de hoy representa una fuente de conflictividad y riesgo para las comunidades indígenas de la zona de Río Blanco. Esto, en seguimiento a lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su última audiencia por el caso de Berta, celebrada en diciembre de 2018.

Berta Cáceres dedicó su vida a la defensa del territorio y los derechos humanos del pueblo lenca. Desde CEJIL conmemoramos su ejemplo de dignidad, rebeldía y amor por su país y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha incansable. Junto a su familia y el COPINH nos mantendremos vigilantes hasta que el Estado hondureño garantice verdad, justicia y reparación.