A 29 años: reivindicamos la importancia de los Acuerdos de Paz e insistimos en la necesidad de verdad, memoria, justicia y reparación para las víctimas

El 16 de enero es una fecha histórica para el pueblo salvadoreño: este año se conmemora el XXIX Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, proceso del que se esperaba el surgimiento de oportunidades para iniciar el camino hacia una nación más justa, inclusiva y cohesionada, basada en las premisas fundamentales del Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, el respeto y la garantía plena de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional y, por supuesto, de la democracia. Con todo, la sociedad aspiraba que los Acuerdos de Paz iniciaran la ruptura con un pasado autoritario y represivo que caracterizó a El Salvador durante décadas.

A pesar de los enormes desafíos que el país ha venido enfrentando durante todos estos años, es justo reconocer que El Salvador dejó atrás el terrorismo de Estado se instaló como práctica sistemática desde los años setenta o antes, acompañado de graves violaciones a los derechos humanos, procesos electorales fraudulentos y golpes de Estado que culminaron irremediablemente en el conflicto armado que se extendió por más de 12 años, el cual alteró para siempre la vida de muchas de familias y cobró la vida de miles de salvadoreños y salvadoreñas.

Es innegable que los Acuerdos de Paz dieron un nuevo rostro al país, ya que posibilitaron el surgimiento o la renovación de importantes instituciones estatales, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como otras reformas de enorme significado en las instituciones de justicia. En el campo de la seguridad pública, un logro fundamental fue la profunda reforma policial que permitió que los anteriores cuerpos de policía -vinculados a graves violaciones a los derechos humanos- fueran disueltos, surgiendo la Policía Nacional Civil (PNC) como una nueva institución que debía ser conducida por el poder civil.

Se estableció, también la Comisión de la Verdad, con el mandato de investigar las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y de promover medidas de reparación a favor de las víctimas. Sumado a esto, los acuerdos posibilitaron relevantes reformas a la Constitución, al sistema de justicia, al sistema electoral y, en general al marco jurídico del país, que han sido avances importantes para el fortalecimiento del equilibrio entre los distintos poderes públicos.

Estos y otros logros democráticos, no impide reconocer que hubo temas que fueron excluidos de esa agenda. Tampoco se pueden soslayar las enormes deudas y omisiones que han dificultado el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos en 1992. Muchos de los propósitos de esa agenda de paz fueron cumplidos superficialmente, otros abandonados de forma prematura y otros, completamente ignorados. Asimismo, la desatención a las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad anuló, entre otros aspectos, la puesta en marcha de procesos de reparación y justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos, es decir, de personas que no tuvieron participación voluntaria en las hostilidades como niñas, niños, mujeres, algunas en estado de embarazo, hombres y personas adultas mayores contra quienes se desató una feroz persecución y exterminio como una política de Estado, bajo la horrenda premisa de que constituían la base social de los grupos insurgentes , motivo por el cual debían ser eliminados.

A las causas estructurales del conflicto se suma la situación actual de las víctimas y sus familias, a quienes se les ha negado el acceso a la justicia, que todavía hoy, a 29 años de la conclusión formal de la guerra, claman por acceder a la verdad en toda su dimensión, a la justicia, sin importar quién sea el señalado, a la reparación integral y a garantías de no repetición.

En este contexto, al conmemorarse este Aniversario de los Acuerdos de Paz, las víctimas y organizaciones de derechos humanos, EXHORTAMOS

• A todos los Órganos de Estado: retomar responsable y seriamente sus obligaciones para dar cumplimiento y profundidad al contenido de los Acuerdos de Paz, atendiendo el espíritu y la letra que los inspiró hace 29 años. Así mismo, y en congruencia con lo anterior, todos los órganos e instituciones estatales deben cumplir con las obligaciones que les impone la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, de julio de 2016.
• A la Asamblea Legislativa: reinicie inmediatamente el proceso de aprobación de Ley Especial de Reparación Integral y Acceso a la Justicia para Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto del Conflicto Armado, analizando cuidadosamente los argumentos expresados en el veto Presidencial y, fundamentalmente, atendiendo los contenidos y propuestas presentadas por las víctimas y organizaciones de derechos humanos. Esto incluye especialmente la necesidad de abrir un proceso de diálogo y consultas reales, incluyentes, plurales y participativas con la comunidad de derechos humanos y con los comités de víctimas que hay en todo el territorio nacional.
• Al Presidente de la República: garantice el acceso, y de ser necesario, la reconstrucción de los archivos históricos sobre el conflicto armado en poder de las Fuerza Armada, y que esta información sirva de sustento en las investigaciones judiciales o administrativas que se llevan a cabo. También solicitamos que desista del uso de un lenguaje peyorativo sobre esta conmemoración histórica que es de enorme significado para miles de personas, ya que poner en duda la importancia de los Acuerdos de Paz, revictimiza a quienes por treinta años o más, han visto frustradas sus expectativas de verdad, justicia y reparación. Finalmente, pedimos que brinde amplio respaldo a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (CNB), y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas en el contexto del Conflicto Armado (CONABÚSQUEDA), para que éstas atiendan adecuadamente la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
• Al Órgano Judicial: establezca directrices claras y apegadas a la jurisprudencia constitucional e internacional, a fin de que jueces, juezas, así como operadores y operadoras de la administración de justicia, activen las causas judiciales sobre estos graves crímenes sucedidos durante el conflicto armado, apegándose a los más altos estándares en materia de derechos humanos y de acuerdo con sus obligaciones internacionales. También exhortamos a la Sala de lo Constitucional a que emita a la mayor brevedad, una resolución de la audiencia de seguimiento celebrada el 30 de octubre.
• Al Fiscal General de la República: Impulsar diligentemente las investigaciones sobre los graves crímenes del conflicto armado que aún están en la impunidad. Le invitamos a poner en práctica la política de persecución penal que la Fiscalía adoptó en diciembre de 2018 en la que, entre otros importantes aspectos, se establecía la necesidad de poner en el centro a las víctimas.

Que la violencia quede muda frente a la palabra, el diálogo y la acción compartida de los hombres y mujeres que apuestan por la paz y la democracia en El Salvador.

San Salvador, 16 de enero de 2021.