+365 días sin medidas: A más de un mes del asesinato de Juan López y ante un profundo riesgo, Honduras sigue sin implementar medidas efectivas para la protección de personas defensoras en Tocoa

24 de octubre de 2024.- El 5 de octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares (MC 137-2023) a favor de 30 personas defensoras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y el Bufete Justicia para los Pueblos en Honduras.

La CIDH reconoció la existencia de un riesgo inminente a la vida e integridad de las 30 personas defensoras y su equipo legal, considerando urgente la implementación de medidas por parte del Estado de Honduras para proteger su vida e integridad, además de asegurar que puedan continuar con sus actividades en defensa de los derechos humanos, sin ser objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos, criminalización y más actos de violencia.

A pesar de que las medidas eran resultado de una respuesta urgente ante el daño irreparable contra las personas defensoras, a más de un año del otorgamiento, y a pesar de existir múltiples sentencias contra Honduras que reconocen la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, el Estado en su conjunto continúa omitiendo su obligación internacional de protección a quienes defienden los derechos humanos en el país y a la fecha no ha implementado medidas efectivas para abordar el riesgo.

Desde el Observatorio por la Justicia de los Defensores del río Guapinol, resaltamos que los incidentes de violencia contra las personas defensoras de los bienes comunes de Guapinol, Tocoa y sector San Pedro no han cesado desde que comenzaron las acciones de denuncia por la contaminación ambiental e ilegalidades en el otorgamiento de las concesiones que conforman el megaproyecto Emco Holding. Lo anterior, se ha agravado tras el doloroso asesinato del defensor ambientalista y coordinador del CMDBCPT, Juan López, quien fuera parte del grupo de personas beneficiarias de medidas de protección que el Estado ha omitido cumplir.

Al respecto, quienes suscribimos esta comunicación nos encontramos vigilantes del proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato del defensor ambientalista, Juan López, considerando indispensable la necesidad de avanzar hacia la identificación, enjuiciamiento y sanción de la autoría intelectual del terrible crimen, todo lo anterior con estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos y al debido proceso.

Aunque se reconocen los avances, nos preocupa el aumento del riesgo que suponen este, y otros procesos judiciales relacionados a las denuncias interpuestas por el CMDBCPT, para las personas defensoras y su equipo legal por la falta de protección de las y los beneficiarios que se mantienen al frente de la demanda de justicia. Asimismo, reiteramos al Estado de Honduras que proceda con celeridad a identificar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de Aly y Oqueli Dominguez y Jairo Bonilla en 2023 e investigue con prontitud las denuncias por amenazas.

Además, instamos, como parte de los acuerdos ya establecidos en el marco de la MC 137-2023, a la creación de una Comisión de Alto Nivel para la implementación inmediata del Decreto 18-2024 del Parque Nacional Montaña Botadero Carlos Escaleras Mejía que deberá ser integrada por el Comité Municipal, PGR, SERNA, INGEHOMIN, MP, PJ, ICF, Alcaldía Municipal de Tocoa, Congreso Nacional y otros que los beneficiarios consideren necesarios que se avance con celeridad en la implementación total de todos los componentes de esta ley para que su importancia no se vea desvirtuada por falta de acciones concretas.

Es urgente que el Estado de Honduras asuma la crisis histórica de violencia contra quienes defienden los bienes comunes y enfrente el debilitamiento institucional del Mecanismo Nacional de Protección que tanto se ha denunciado. Los múltiples obstáculos técnicos, políticos y de financiamiento han mantenido en riesgo constante a las personas defensoras de derechos humanos, sumado a que no se ha atendido la raíz de los conflictos que imperan en los territorios. Más allá del Mecanismo de Protección, recordamos que el Estado de Honduras en su conjunto tiene la responsabilidad de implementar las medidas acordadas para las personas beneficiarias. En el caso de la MC137-2023, son más de 20 los acuerdos pactados que requieren de la buena fe y pronta actuación de las instituciones del Estado para su implementación, incluyendo al Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Congreso de la República y otros.

Hoy son más de 365 días sin que el Estado haya implementado medidas a cabalidad; son más de 365 días con crímenes mortales contra personas defensoras de los bienes comunes, como Juan López, y son más de 365 días con múltiples familias desplazadas de manera forzada por la violencia.

El Observatorio urge al Estado de Honduras a responder ante la crisis institucional del Mecanismo de Protección y avanzar hacia la mitigación del riesgo en los sectores de Guapinol y San Pedro.

Justicia para Juan. Justicia para el Aguán.