COLOMBIA

Palacio de Justicia

El 6 de noviembre de 1985, el comando guerrillero Iván Marino Ospina, del grupo M-19, tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El Ejército ya contaba, desde agosto de ese año, con información del servicio de inteligencia que indicaba que el M-19 tomaría el Palacio. A pesar de ello, dos días antes de la toma, sin motivo alguno, la seguridad que brindaba la Policía Nacional a los jueces y personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada.

Tras la toma, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia decidieron recuperar el Palacio a través de un operativo militar y de inteligencia que sólo cesaría 27 horas después. Durante el transcurso del operativo, 12 personas fueron desaparecidas forzosamente, 4 fueron torturadas y un magistrado auxiliar fue desaparecido y luego ejecutado extrajudicialmente por agentes de la fuerza pública. Más de 90 personas murieron dentro del Palacio, incluyendo civiles y magistrados.

En 1991, las personas familiares de las víctimas presentaron la primera denuncia ante la CIDH. A partir del año 2000, CEJIL, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), comenzaron a representar a las familias de las personas desaparecidas.

En 2011, la CIDH concluyó que el Estado de Colombia es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a la vida, a la personalidad jurídica de las víctimas y remite el caso ante la Corte IDH.

Después de casi 25 años en el Sistema Interamericano, la Corte IDH publicó en el 2014 la sentencia del caso en donde encontró a Colombia responsable por graves violaciones de derechos humanos, poniendo de manifiesto la reacción desproporcionada de las fuerzas de seguridad del país. La Corte ordenó una serie de reparaciones, entre las que están: realizar las investigaciones necesarias para establecer la verdad de los hechos, determinar, juzgar y sancionar a los responsables, así como identificar el paradero de las víctimas desaparecidas.

La gravedad institucional de los hechos constituye un hito en la historia reciente de Colombia. A su vez, ilustra el contexto de impunidad, falta de cumplimiento efectivo del derecho a la verdad e incumplimiento de sus responsabilidades de identificación de todas las víctimas.

A la fecha, sólo existen una condena firme por el caso de desaparición forzada de las víctimas, en contra del general ya retirado, Jesús Armando Arias Cabrales, por la desaparición forzada de 5 de las 12 víctimas, imponiéndole una pena de 35 años de cárcel.

La otra, en contra del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición forzada de Irma Franco y Carlos Rodríguez Vera, de 30 años de cárcel, fue revocada en 2015 por la Corte Suprema de Justicia, poniendo a Plazas Vega en libertad después de ocho años.

En noviembre de 2019, la Fiscalía General de la Nación negó la desaparición forzada durante la toma y retoma del Palacio de justicia, asegurando que no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y entregas de cuerpos. Casi treinta y cinco años después de que ocurrieran los hechos aún se desconoce el paradero algunas de las víctimas desaparecidas y no hay avances claros en la investigación de lo sucedido.

Impacto del caso:

El dictamen del Tribunal estableció de manera muy clara los hechos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia.
La sentencia de la Corte IDH reconoció los daños y ordenó reparaciones integrales para familiares de las víctimas.
Mediante la reapertura de los procesos a nivel interno, se realizó las condena de un ex general implicado en el operativo de la retoma y la investigación de otros militares involucrados.

Fecha de actualización: 29 enero 2020