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Beatriz
Beatriz nació el 30 de octubre de 1990, en una comunidad rural de Usulután, El Salvador, en un hogar en situación de pobreza extrema. A sus 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
En 2011, vivió un embarazo de alto riesgo que exacerbó su condición de salud y obligó a una cesárea tras la cual nació un niño pre término con síndrome de distress respiratorio y enterocolitis necrotizante. A Beatriz se le propuso esterilizarse, pero ella no quiso pues temía que su niño muriera y ya no pudiera tener otro.
En febrero de 2013 a Beatriz se le diagnosticó de nuevo un embarazo de alto riesgo, de 11 semanas, y en marzo, cuando acude al hospital por lesiones vinculadas al lupus, un ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia. Al conocer el nulo pronóstico de sobrevida del feto y las posibles complicaciones para su salud, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero se le explicó que eso no es posible en El Salvador. Sin embargo, los médicos tratantes remitieron el caso al Comité Médico “para consensar (sic) momento de interrupción por beneficio materno ya que la anencefalia es incompatible con la vida”.
El Comité Médico y las autoridades del hospital iniciaron una serie de consultas institucionales sobre el procedimiento médico recomendado e inició así un complejo camino legal en el que intervinieron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador. En medio de ese proceso, el 11 de abril de ese año Beatriz junto a organizaciones feministas presentó una demanda de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y solictó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fueron otorgadas el 29 de abril. Dado que estas medidas no fueron atendidas, el 20 de mayo pidieron a la CIDH que solicitara medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 29 de mayo la Sala Constitucional notificó el rechazo del Amparo por considerar que el proceder del personal médico estaba garantizando los derechos a la salud y la vida de Beatriz, al internarla, monitorear su estado de salud y suministrarle los medicamentos necesarios. Además, sostuvieron que en El Salvador existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por contrariar la protección constitucional a la persona humana desde el momento de la concepción. Ese mismo día, la Corte IDH le otorgó a Beatriz medidas provisionales y atendiendo a las mismas, el 3 de junio finalmente se le realizó un procedimiento de cesarea, que dio como resultado el nacimiento de una niña que presentaba ausencia total de calota craneana y tejido cerebral, y murió a las pocas horas.
Después de estos acontecimientos ni la vida ni la salud de Beatriz fueron las mismas. Falleció en octubre de 2017 por complicaciones de salud a consecuencia de un accidente de tránsito. Su organismo no fue capaz de soportar esta nueva hospitalización. Beatriz tenía 27 años.
En setiembre de 2013 Beatriz había decidido presentar su caso ante la CIDH, con la esperanza de que ninguna otra mujer sufriera lo que ella había vivido, es asi que su familia, junto a las organizaciones Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador, Ipas Latinoamérica y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentaron la petición inicial, que fue admitida en setiembre de 2017, un mes antes de la muerte de Beatriz.
El 5 de enero de 2022 el caso Beatriz pasó a conocimiento de la Corte IDH y la Audiencia Pública respectiva se llevará a cabo en San José, Costa Rica, el 22 y 23 de marzo de 2023. Se espera una sentencia en el transcurso del año.
Impacto del caso
- El litigio del caso ante la Corte IDH evidenciará las graves violaciones de derechos humanos que enfrentan mujeres como Beatriz en El Salvador. Será también un oportunidad para abrir la necesaria discusión sobre la despenalización del aborto y avanzar en la garantía de los derechos plenos a las mujeres
- El caso representa una oportunidad para que El Salvador adopte reformas estructurales que sirvan como garantía de no repetición de hechos similares, entre ellas, la revisión de la normativa que prohibe totalmente la interrupción del embarazo y penaliza a las mujeres y al personal médico que practiquen abortos.