PERÚ

Barrios Altos

El 3 de noviembre de 1991, seis hombres armados, con la cara cubierta por pasamontañas, interrumpieron el festejo de los habitantes de la colonia Barrios Altos, en Lima, matando a 15 personas, incluyendo a un niño, hiriendo a cuatro personas y dejando incapacitada a otra. Los atacantes eran miembros del Grupo Colina, cuerpo adscrito al Servicio de Inteligencia Nacional del Perú.

El caso no fue investigado judicialmente hasta el 19 de abril de 1995, casi cuatro años después de los hechos. Sin embargo, ésta no se llevó a cabo sin dificultad ya que el Congreso promulgó dos leyes de amnistía —apoyada por los tribunales militares— que impidieron el desarrollo de las investigaciones por un tiempo. Estas leyes acabaron siendo rechazadas por la jueza Saquicuray, quien lleva el caso, y eventualmente, también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Impacto del caso:

• Junto con el caso de La Cantuta, el caso de Barrios Altos contribuyó a la eventual formulación de cargos contra el expresidente del Perú Alberto Fujimori, por su involucramiento en varios casos de violación de derechos humanos durante su régimen.
• La condena de Fujimori fue la primera vez en que la justicia internacional influyó en el desarrollo y avance de un proceso penal al nivel interno en contra de un expresidente.
• Este caso también revela el ambiente de impunidad en el que vivieron los perpetradores de la masacre y los perpetradores de otros crímenes de lesa humanidad durante y un tiempo después del conflicto armado en el Perú. La CIDH, al rechazar las leyes de amnistía que protegían a los perpetradores, forma un precedente que se alza contra la práctica de impunidad en las Américas.