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Vidas negras importam: un grito carioca frente a una política de seguridad de exterminio
Co-escrito por Alexandra McAnarney, Directora de Comunicación de CEJIL y Alexandra Montgomery, Directora del Programa de Brasil de CEJIL
En las últimas semanas, el miedo y la muerte han asolado a la población brasileña, especialmente en las favelas de Río de Janeiro, Estado que ha decidido adoptar una política de seguridad alineada con las directrices del gobierno federal. La misma habla de eliminar a los sujetos considerados “peligrosos” y ha disparado el número de homicidios a manos de agentes de seguridad. Asimismo, el paquete de seguridad pública propuesta por el actual Ministro de Justicia y de Seguridad Pública da cabida en el ámbito interno a garantizar que las ejecuciones sumarias cometidas por agentes de seguridad permanezcan en la impunidad.
Pero las masacres claramente no ocurren sobre las arenas de Leblon. La lucha contra el crimen organizado en Brasil ha sido utilizada como justificación para atacar a la población civil afrodescendiente que habita en las favelas y periferias.
Si consideramos los datos oficiales de letalidad, los principales blancos de estas acciones son jóvenes negros. Para poner la situación en perspectiva, de acuerdo con los datos del Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro, sólo en los tres primeros meses de este año el número de personas muertas por la policía fue de 434 en el Estado de Río de Janeiro. De cerca de 6000 homicidios cometidos el año pasado, 1542 fueron realizados por la policía. Esto significa que el 25% de las personas asesinadas el año pasado fueron en manos de las fuerzas de seguridad. Y por si fuera poco, recientemente el gobernador de Río de Janeiro publicó en redes sociales, un video junto con el alcalde de Angra dos Reis, el 4 de Mayo donde ambos participaban en una operación en helicóptero. Las imágenes transmitidas por la prensa, hechas de este helicóptero y también por habitantes de aquella ciudad, incluían el ruido de los disparos contra la población civil. Dos días después, las fuerzas de seguridad de Rio de Janeiro dispararon desde un helicóptero en contra de la población civil, dejando 8 muertos y una población entera aterrorizada dentro de las viviendas y escuelas del barrio. De forma similar, el año pasado, Marcos Vinícius, de 14 años, hijo de Bruna, fue asesinado en una operación similar. Hasta hoy, su madre, sigue guardando el uniforme escolar que él usaba cuando fue apuntado y asesinado.
En ese sentido, un paquete de seguridad pública que prevé ampliar los parámetros de legítima defensa, permitiendo que el Juez deje de aplicar la pena cuando considere que el policía actuó con exceso, pero «por miedo justificado, sorpresa o violenta emoción» se convierte en una «verdadera» licencia para matar, en especial si se toma en cuenta el discurso del gobierno, que se ha vuelto cada vez más radical y agresivo en contra de grupos que viven en situaciones de vulnerabilidad o son percibidos como “distintos” a un proyecto nacional. No olvidemos la famosa declaración del presidente electo que decía que “el error de la dictadura fue torturar, no matar”.
Las cifras son desalentadoras y apuntan a la existencia de una política de exterminio contra la población negra, o por lo menos una política que valora la vida de ciertos grupos sobre otros. Frente a ello, la comunidad internacional y la sociedad civil local tendrá que seguir alzando su voz para proteger y promover lo derechos humanos de quienes se encuentran a la encrucijada de estos retrocesos.
Es importante mencionar que la Corte Interamericana desde el año 2017 determinó a partir del caso Favela Nova Brasilia -litigado por CEJIL y el ISER- como el racismo estructural permea la fuerza policial y que Estado Brasileño debe reducir la letalidad y la violencia policial, en especial en el estado de Río de Janeiro. Sin embargo, de momento Brasil únicamente parece estar dando serios pasos atrás. Las operaciones realizadas por las fuerzas de seguridad brasileña no solo estan en contra de la norma interna, ya que la pena de muerte no es permitida en el país, pero de igual manera violan los derechos humanos y las reglas de derecho internacional humanitario. Bajo esta bandera, de Brasil a otros rincones de las Américas, el llamado se debe entender: As vidas negras importam
