3 de octubre de 2019 Blog Por washington@cejil.org

Venezuela: El compromiso de la CIDH y de la ONU con verdad, justicia y reparación

El 2019 ha sido un punto de inflexión frente a la crisis política, económica y humanitaria por la cual transita Venezuela. La solidaridad y apertura inicialmente demostrada por varios países de la región hacia las personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar y solicitar protección internacional ha ido en descenso. Mientras tanto, la situación en Venezuela no ha mejorado. La represión de manifestaciones ante la incertidumbre y precariedad social; altos índices de violencia e impunidad; y mecanismos de desarticulación frente al trabajo de personas defensoras de derechos continúan afectando las vidas de quienes permanecen dentro del país. Dichos fenómenos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 173 Período Ordinario de Sesiones la semana pasada en Washington, D.C. por el Centro para los Defensores y la Justicia (Cdj), el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero – Marzo De 1989 (Cofavic), el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Front Line Defenders (Fld) y la Organización Mundial Contra La Tortura (Omct).

 

De acuerdo con las cifras presentadas por estas organizaciones ante la CIDH, cerca de 60 mil protestas han ocurrido en los últimos 8 años. De éstas, 11.883 protestas se dieron entre enero y agosto de 2019. En este mismo plazo, la represión con consecuencias letales ha incrementado: 67 personas fueron asesinadas entre enero y agosto del 2019.

 

Las ejecuciones extrajudiciales se han mantenido a su vez como un foco de preocupación. Del 2012 a Junio del 2019, se constataron 9.960 casos de ejecuciones extrajudiciales, con más de un tercio de ellas ocurriendo del 2017 al 2018. Los colectivos armados contribuyen a este fenómeno con el objetivo de ejercer control social en las comunidades locales, apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y acciones dissidentes.

 

Mientras tanto, distintas normativas que se utilizan bajo la aplicación de la doctrina de la Seguridad Nacional, imposibilitan la capacidad de que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer de forma efectiva su trabajo de protección de derechos humanos. Muchos de ellos y ellas operan bajo una constante amenaza impulsada desde un Estado que ven a las personas defensoras como un enemigo interno que debe ser neutralizado. Así, la política frente a denuncias y demandas por graves violaciones de derechos humanos es una de represión y control social; generando un vacío de entornos propicios y seguros para el ejercicio de la defensa de los mismos. Este cúmulo de fenómenos lleva a que la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos es del 99%.

 

Pero si bien dentro del territorio nacional, la situación es incierta, a nivel internacional se desarrollan tres noticias bienvenidas que alientan la esperanza:

 

Primero, durante la reseñada audiencia ante la CIDH, la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño anunció la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE). El nombre se deriva de un mecanismo similar, el MESENI, que dió seguimiento especial a la situación de Nicaragua el año pasado. El MESEVE estaría a cargo de darle seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a las personas con grave riesgo a sus vida o integridad física y mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el terreno venezolano para los fines pertinentes al mandato de la CIDH, manteniendo una interlocución con los mecanismos de las Naciones Unidas, el Estado venezolano, entre otros actores para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todos y todas quienes habitan en Venezuela.

 

Segundo, la CIDH, asimismo, anunció el desarrollo de un informe de país sobre Venezuela y otro sobre migración que ofrecerá más información sobre las personas venezolanas que buscan protección internacional en las Américas. Ambos serán importantes al recoger actualizaciones de terreno sobre dos situaciones concatenadas que requieren una respuesta regional coordinada. 

 

Finalmente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el 24 de septiembre su resolución frente a la situación en Venezuela en el cual estableció “por un período de un año, una misión internacional independiente de determinación de los hechos”…. “ para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de  cuentas a de los autores y la justicia para las víctimas…” 

 

A su vez, entre los otros puntos que se incluyeron dentro de las recomendaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció el trabajo de los órganos de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos, exhortando al Estado venezolano a facilitar el trabajo de monitoreo de la CIDH, garantizando el acceso pleno y libre al territorio a éste órgano regional de derechos humanos. Este reconocimiento genera un punto de encuentro entre ambos organismos y abre las puertas para una colaboración más coordinada entre ellos. 

 

Todo ello ocurre en buena hora. Para Venezuela, el trabajo coordinado y simultáneo por parte de mecanismos regionales e internacionales de protección y supervisión de derechos humanos serán de suma importancia para monitorear el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado frente a esta materia en la transición a una democracia. Más importante aún, la colaboración de estos órganos potenciará que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos puedan finalmente acceder a justicia, verdad y reparación.