27 de octubre de 2022 Blog Por Luciana Rodriguez

Uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales: diagnóstico sobre los retos que enfrenta la región

Por María Luisa Romero y Soledad Sánchez Jeanney

En el marco de la presentación del libro y policy paper Uso de la fuerza en el marco de protestas sociales: aportes prácticos a partir de un análisis comparado de normativas nacionales, su autora María Luisa Romero y la Consultora Legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Soledad Sánchez Jeanney, analizan los retos que enfrenta la región en dos dos puntos centrales: 1) ¿cómo se encuentra regulado el derecho a la protesta? y 2) ¿cómo se encuentra regulado el uso de la fuerza de los organismos de orden y seguridad?

¿Cuáles son los retos de Latinoamérica en la protección del derecho a la protesta? ¿Hacia dónde dirigir la regulación?

La protesta social es un elemento esencial para las democracias y para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en Latinoamérica, se observa un preocupante escenario en el que en lugar de condiciones que garanticen el ejercicio del derecho a manifestarse, se muestra una respuesta estatal frente a la protesta que se caracteriza por la represión, el abuso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. El libro Uso de la fuerza en el marco de protestas sociales: aportes prácticos a partir de un análisis comparado de normativas nacionales -coordinado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la KAS, CEJIL y CDH-, por presentarse mañana, 28 de octubre de 2022, en Washington D.C., estudia las normativas nacionales de varios países latinoamericanos y las formas en que estas cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos vinculados al uso de la fuerza y al derecho a la protesta, con el objetivo de llenar un vacío de análisis que pueda contribuir al fortalecimiento de la legislación y políticas públicas sobre el derecho a la protesta en la región.

En Latinoamérica, el movimiento estudiantil en Chile y los movimientos sociales en Brasil y Colombia han sido protagonistas durante la última década de importantes manifestaciones públicas en defensa del acceso a la educación pública y otros derechos sociales. La reacción estatal en muchos casos se caracterizó por la restricción de los derechos y el uso desproporcionado de la fuerza policial y militar en contra de manifestantes y jóvenes estudiantes. Lo anterior, mediante el despliegue de personal a pie, a caballo y en vehículos; el ataque a los manifestantes y el uso de gas pimienta, lacrimógenos, balas de goma, armas de fuego y chorros de agua a presión para disolver las protestas. En el caso de Brasil, las protestas llegaron incluso a ser prohibidas por la Justicia Electoral. Este contexto ha dejado alarmantes registros de detenciones arbitrarias y agresiones sexuales y numerosas personas resultaron heridas, desaparecidas y fallecidas y lamentablemente es una realidad que se repite y que se ha replicado en diversos países de la región como Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras y México, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que este contexto regional es producto de una concepción arraigada que considera a la movilización ciudadana como una forma de alteración del orden público o como una amenaza a la estabilidad de las instituciones democráticas. Sin duda, el patrón regional descrito pone en riesgo el valor de la protesta social como instrumento de protección y promoción de una amplia gama de derechos humanos y como elemento esencial para la participación pública democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho. Toda acción que limite o cercene el derecho a la protesta impacta directamente en la existencia y consolidación de las sociedades democráticas.

Sobre la regulación del uso de la fuerza en contextos de protesta
Como se profundizar en el libro Uso de la fuerza en el marco de protestas sociales: aportes prácticos a partir de un análisis comparado de normativas nacionales, la realidad de la región demuestra que la falta de adecuación de la normativa interna de los Estados a los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza representa uno de los principales obstáculos para la garantía del derecho a la protesta y la protección de las personas manifestantes. Bajo este marco, la mirada de organismos internacionales y regionales, y la praxis de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en la región, evidencian que el uso excesivo e ilegítimo de la fuerza por parte de las policías y demás fuerzas de seguridad no solo responde a un apartamiento de los estándares internacionales de derechos humanos en la conducta de los agentes estatales; sino que, además, son las consecuencia de una falta de claridad e inconsistencias entre los marcos normativos internos que regulan las actuaciones y esos estándares internacionales.

El uso de la fuerza en contextos de manifestaciones públicas debe estar orientado a garantizar el derecho a la protesta y proteger la vida e integridad de los que participan en esta. Sin embargo, su uso excesivo o ilegal también puede constituir “una importante fuente de violaciones” de los mismos derechos que la fuerza pretende proteger, así como socavar las relaciones entre las fuerzas de seguridad y la comunidad. Además de implicar violaciones del derecho a la vida y la integridad física, el abuso de la fuerza resulta intimidatorio y puede representar un obstáculo para el ejercicio de otros derechos y libertades.

Por esto es necesario en primer lugar que los Estados cuenten con un adecuado marco normativo que pueda resultar de guía al accionar de las fuerzas de seguridad y que permita además contar con los necesarios mecanismos de control, observancia y rendición de cuentas que coadyuven a prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas manifestantes.

El contenido del estudio titulado Uso de la Fuerza en el marco de protestas sociales, presenta una mirada analítica de las normativas nacionales en relación al modo en que estas recuperan e incorporan los estándares internacionales y regionales sobre la protección de la protesta, con un especial énfasis en la articulación de la respuesta estatal frente a dichos contextos; así como la forma en que se piensa y diseña la regulación del uso de la fuerza y el rol de los agentes estatales.

Los resultados permitirán identificar problemáticas en torno a la opacidad y publicidad normativa, la ausencia de regulación, el diseño de la respuesta estatal, o la introducción de instrumentos inadecuados, entro otros; que operan como obstáculos para una intervención que se ajuste a la protección de la protesta, en lugar de reprimirla.

Es urgente que los Estados revisen sus marcos normativos internos sobre los límites al uso de la fuerza y su interacción con los contextos de protesta; a fin de verificar su compatibilidad con las obligaciones internacionales del Estado de proteger y facilitar las manifestaciones públicas. De otra forma, los esfuerzos para prevenir los actos de violencia y los excesos en el uso de la fuerza, resultarán insuficientes; y el derecho a la protesta como valor democrático, seguirá siendo vulnerado.

Conclusiones
Es claro que la normativa por sí sola no se traduce directamente en una praxis adecuada; sin embargo, una regulación clara, suficiente y en concordancia con los estándares internacionales es absolutamente necesaria y el principal punto de partida hacia un abordaje respetuoso de los derechos humanos. En este sentido, es deber de los Estados disponer de directrices que permitan que la respuesta estatal que involucre el uso de la fuerza en contextos de protesta, resulte legítimo, necesario y proporcionado; y por sobre todo, proteger y garantizar el derecho de la población a manifestarse.