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Sólo quería vivir. La lucha por la justicia para Beatriz y por la vida de las mujeres
No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar.”
Angela Davis
* Artículo escrito por Marcela Martino, publicado originalmente por la Fundación Boell
La lucha de Beatriz por su vida
En febrero de 2013 los médicos indicaron a Beatriz que tenía once semanas de embarazo. Tan solo un año antes ella había tenido otro embarazo con complicaciones debido a múltiples enfermedades, incluyendo lupus, y su embarazo era de alto riesgo. El proceso de gestación no solo ponía en peligro su salud y su vida, sus posibilidades de cuidar a su pequeño hijo, sino que además el feto en su vientre era anencefálico y por consiguiente su posibilidad de sobrevivir fuera del útero más que minutos u horas, nula.
Beatriz solo quería vivir[1]. Es por ello por lo que solicitó a los médicos que la atendían la interrupción de su embarazo, tratamiento que además era el recomendado por estos.
A finales de los años noventa El Salvador reformó su Código Penal para prohibir el aborto de forma absoluta y sin ninguna excepción. Esta reforma normativa ha sido acompañada además por una política criminal de persecución a adolescentes, mujeres y personal de la salud.
Según una investigación de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, entre los años 2000 y 2014, al menos 147 mujeres fueron procesadas por los delitos de aborto u homicidio agravado. De estos 147 casos, en el 44% de los casos judicializados, se aplicó la detención provisional, de manera que las mujeres pasaron directamente de la cama del hospital a un centro de detención[2].
En contravención de sus obligaciones internacionales, así como de numerosas recomendaciones y llamados de órganos internacionales que El Salvador ha incumplido, la penalización total ha tenido consecuencias graves en la vida, salud, integridad y libertad de las mujeres, y particularmente en su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Esta realidad afecta de manera diferenciada a aquellas jóvenes y mujeres que – como Beatriz- viven en comunidades rurales, tienen baja escolaridad y enfrentan una situación de pobreza y exclusión.
Además de a las mujeres, la prohibición absoluta del aborto en El Salvador impacta a los y las profesionales de la salud que no pueden cumplir con sus obligaciones éticas y profesionales y muchas veces se sienten obligados a denunciar a las mujeres que sufren emergencias obstétricas, abortos espontáneos o que incluso, manifiestan su voluntad de que se interrumpa su embarazo. A pesar de que un aborto sea la única opción para salvar la vida de la mujer, el personal médico no lo lleva a cabo por miedo a ser criminalizados. Esto fue lo que sucedió en el caso de Beatriz.
Ante la parálisis generada por el temor fundado del personal médico de practicar la interrupción del embarazo, en abril de 2013, Beatriz presentó una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC-SCJ). La sentencia emitida por dicho órgano de justicia no garantizó efectivamente los derechos de Beatriz pues devolvió la responsabilidad al personal de salud sin darles ninguna protección o certeza, tendrían que tomar la decisión bajo su propio riesgo.
La falta de una respuesta oportuna y adecuada del Estado salvadoreño implicó que varias organizaciones que conocimos de la situación de Beatriz a través del trabajo incansable y comprometido de la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, decidiéramos solicitar medidas de protección urgentes (conocidas como medidas cautelares cuando son ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-). La CIDH otorgó las medidas. Sin embargo, dada la falta de la intervención pronta que la situación ameritaba, ésta solicitó medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El 3 de junio, tras el otorgamiento d medidas provisionales, se realizó́ una histerectomía a Beatriz.
No obstante, sus derechos ya habían sido violentados durante semanas de incertidumbre, angustia y precarización de su salud.
Una vez que Beatriz fue dada de alta dijo a las compañeras en El Salvador: “una cosa que yo quisiera es que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que yo he vivido”. Eso nos comprometió a buscar un camino para la justicia y para que ese deseo sea una realidad.
El litigio estratégico ante el SIDH y la sentencia de la Corte IDH
Ante la solicitud de Beatriz, las representantes presentamos la petición inicial en noviembre de ese mismo año, 2013. Luego del trámite ante la CIDH y que esta determinara que el Estado salvadoreño era internacionalmente responsable, el caso fue sometido a consideración de la Corte IDH en enero de 2022. Después de la presentación de la demanda por parte de las representantes de Beatriz y su familia[3] y la contestación de esta por parte del Estado salvadoreño, el tribunal convocó a la audiencia pública que se celebró en la sede del tribunal regional en San José el 23 y 24 de marzo de 2023. Casi dos años después, en diciembre de 2024 la Corte IDH convocó a las partes para notificar su decisión.
La sentencia de la Corte IDH generó enorme anticipación, no solo en quienes representábamos a la familia – cuya lucha no cesó aun después de la muerte de Beatriz en 2017- sino también a las cientos de aliadas a lo largo del continente y a grupos que se oponen al reconocimiento del derecho de las mujeres a elegir vivir en casos como el de Beatriz. Durante el trámite, la Corte IDH recibió más de cien escritos en calidad de amicus curie, ochenta de ellos de aliadas de la causa de Beatriz acercando argumentos, investigaciones y precedentes relevantes para la decisión.
El 20 de diciembre, luego de una campaña de presión sin precedentes hacia la Corte IDH por parte de grupos que acusaban al tribunal de no ser imparcial o llamaban a El Salvador a retirarse del Sistema Interamericana de Derechos Humanos, la Corte emitió su sentencia al cierre del año judicial interamericano.
Para la familia de Beatriz, para su madre Delmy, en esas fiestas “la justicia es el mejor regalo”.
En la sentencia, que es de cumplimiento obligatorio y de carácter inapelable, el Estado de El Salvador fue condenado internacionalmente y, en consecuencia, se le ordenó reparar a las víctimas y adoptar medidas para que estos hechos no vuelvan a repetirse. La Corte IDH determinó que el Estado había violado los derechos a la integridad personal, a la vida privada, a la salud y a la protección judicial de Beatriz y a la integridad personal de sus familiares.
Es importante destacar que la Corte tuvo por probados algunos hechos que trataron de ser tergiversados en la opinión pública bajo el alegato de que “el caso era falso”. En la sentencia se establece que Beatriz tuvo un embarazo de alto riesgo, que los hechos que sufrió constituyeron una forma de violencia de género y que estos implicaron afectaciones en su salud física y mental. La decisión además concluye que la atención médica que Beatriz requería se judicializó y burocratizó innecesariamente y que la justicia no fue oportuna pues generó una demora en la atención médica y no brindó certeza jurídica a los médicos tratantes. Además, en línea con los argumentos planteados por las representantes, la Corte afirma que las decisiones médicas, particularmente sobre aspectos reproductivos, deben ser tomados por las personas que están tratando a la mujer.
Aún cuanto estos aspectos son vitales para dar a conocer la verdad de lo ocurrido, la sentencia nos dejó deudas importantes. Cuestiones trascendentales planteadas a la Corte IDH, tanto sobre los hechos como sus consecuencias, no fueron desarrolladas en la decisión ni se fundamentó está omisión. Quizás aquello en lo que esta omisión es más determinante es la posición de la Corte de condenar al Estado por no haber brindado el tratamiento adecuado de forma oportuna, sin referirse claramente a la causa central que estuvo en el centro de las violaciones, es decir, la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
Un repaso de los hechos a la luz de los estándares internacionales, los precedentes y la evolución jurisprudencial de la propia Corte Interamericana no pueden, en nuestra opinión, llevar a otra conclusión más que la prohibición absoluta del aborto y sus consecuencias – como en el caso de Beatriz- es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Esto es explicado detalladamente en el voto parcialmente disidente del juez Humberto Sierra Porto, que concluye que la Corte se separó de su propia interpretación progresiva y, por consiguiente, de su deber de protección.
Al evadir referirse a esta causa central en su debida dimensión, el tribunal no solo desplaza parte de la responsabilidad al personal médico – aunque reconozca que no tuvo certeza jurídica – sino que ordena una medida que necesariamente debe ser vista a la luz de la experiencia y de jerarquía normativa. En esto coincidimos decididamente con el Juez Sierra Porto en su voto.
Como medida de no repetición, entre otras medidas de reparación, la Corte IDH ordenó al Estado salvadoreño la adopción de medidas normativas que brinden seguridad jurídica al personal médico. Al omitir referirse de forma clara – según se desprende de los hechos probados en el proceso – a la penalización absoluta como causa primaria de los hechos, la Corte IDH ordena una medida que, para poder tener un efecto útil, debe ser comprendida a la luz de los obstáculos no solo normativos sino prácticos que han enfrentado históricamente las mujeres en este ámbito. Quienes trabajamos por los derechos reproductivos sabemos que el rango legal de la prohibición absoluta requiere de modificaciones que garanticen el acceso real a la interrupción del embarazo cuando la salud o la vida de la mujer corran riesgo y que un protocolo -de rango inferior a la ley- difícilmente podrá lograr eso.
La penalización de una conducta que ha sido reconocida por estándares médicos internacionales como un tratamiento necesario es contraria a la garantía de los derechos a la vida y a la integridad. En nuestra opinión, como en la del Juez Sierra Porto, la Corte debió condenar al Estado también por no garantizar el derecho a la vida de Beatriz,como lo ha hecho en casos anteriores sobre este y otros derechos, pues la penalización absoluta puso en riesgo su vida.
La sentencia del caso Beatriz y otros vs El Salvador nos permite avanzar hacia el horizonte de la justicia reproductiva. Es una decisión histórica, que se suma a una larga cadena de casos que las mujeres han impulsado tras no encontrar justicia independiente, pronta e idónea en sus países. Es producto de la valentía de una joven madre que alzó su voz, de su familia, de las compañeras salvadoreñas que nunca la dejaron sola, de las organizaciones que hemos tejido juntas, de las mujeres que coordinamos articuladamente, de todas las y los ciudadanos que se han unido a este grito centroamericano, latinoamericano, mundial por la justicia para Beatriz y para y todas las mujeres. La sentencia de la Corte no es un punto de llegada, es un lugar desde el cual reconocer que hemos avanzado y mirar hacia donde seguir. Esta decisión es un peldaño más que nos impulsa a mirar a ese horizonte con renovada convicción.
Esta decisión es, además, como explicaré a continuación, producto de una estrategia colectiva.
Las alianzas feministas en torno a la causa
Frente a narrativas y discursos que pretendieron negar lo ocurrido a Beatriz, retorcer la verdad y seguir estigmatizando su memoria y a su familia, la centralidad de sus deseos y los de su familia ha sido un faro en torno al cual un enorme movimiento de apoyo se ha ido construyendo y fortaleciendo.
La causa de Beatriz conmovió al mundo. Lo hizo porque había valentía y firmeza en su voz a pesar de su corta edad y sus condiciones de vida, lo hizo porque su historia no es la única en El Salvador ni en el continente americano, lo hizo porque su llamado era no solo un pedido para vivir, sino uno por la garantía de derechos de las mujeres en igualdad y sin discriminación.
Pero la causa de Beatriz también conmovió y movilizó al mundo porque su lucha forma parte de un proceso más amplio e histórico no solo de las mujeres salvadoreñas sino también de las mujeres de toda la región. Debemos recordar que El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido, es decir, que no es permitido ni siquiera en circunstancias donde corre riesgo la vida, salud o integridad de la mujer. En otros países la jurisprudencia y la normativa han avanzado en el reconocimiento de este derecho en consecuencia con los pronunciamientos de expertos y mecanismos internacionales y estándares de órganos de protección, pero en general las mujeres seguimos viviendo niveles de discriminación y violencia generalizada. Hay una deuda con las mujeres, sobre todo aquellas en regiones y condiciones de mayor exclusión.
Es por todo ello que este ha sido un proceso que se entreteje con las reivindicaciones del movimiento feminista, las demandas de autonomía de las mujeres y el movimiento de los derechos humanos. La lucha por la justicia para Beatriz ha inspirado y a la vez ha permitido tejer un acompañamiento colectivo desde el activismo, la defensa de derechos humanos, la academia, las juventudes, etcétera.
En estos años, poco más de una década desde que ocurrieron los hechos del caso, hemos sido partícipes de una articulación internacional sin precedentes. La misma ha tomado muchas formas distintas. Con el apoyo de Amnistía Internacional, las organizaciones representantes lanzamos el documental Beatriz: el grito centroamericano por justicia reproductiva[4] que tuvo numerosas proyecciones en foros autogestionados por aliadas en la región. Además hubo una enorme movilización de apoyo a la familia y al caso, acciones de información y diálogo en territorios, cine foros, talleres de formación, congresos regionales, veladas en días emblemáticos, alianzas en torno a colectivos como Rositas, Amigues de Beatriz, #Justicia para Beatriz, la Plataforma Beatriz es nuestra fuerza, en las que confluimos decenas de organizaciones y movimientos, compartiendo análisis, información, actualizando coyunturas y definiendo estrategias.
La conversación en torno al caso alcanzó más de seis millones de cuentas en redes sociales, mas de setenta y ocho mil vistas en la página web del caso, más de cuatrocientos artículos de prensa – la gran mayoría de ellos con una narrativa en favor de los derechos sexuales y reproductivos- y decenas de eventos presenciales y virtuales.
El litigio en el caso de Beatriz contra El Salvador ha sido un parteaguas en la conciencia del continente. Casos anteriores han ilustrado las barreras que enfrentan las mujeres y otros casos vendrán para seguir avanzando esta lucha. Todas estas mujeres nos sostienen, las luchas de sus madres y sus familiares cuando ellas han fallecido nos inspiran, la justicia de estas demandas no nos dejará escansar hasta que la dignidad y vida de las mujeres sea garantizada en igualdad.
La lucha continua
Es marzo de 2025, la salud y la vida de ninguna joven o mujer debería estar en riesgo por la prohibición – jurídica o fáctica – de practicarse un aborto, un tratamiento médico para salvaguardar su salud y su vida. Parece una obviedad, pero sigue sin ser una realidad.
La historia nos demuestra que en la lucha por los derechos de las mujeres nada nos es dado y nada está asegurado. Los cuerpos de las mujeres han sido siempre territorio en disputa y demasiadas veces moneda de cambio. Conquistas históricas en el reconocimiento de derechos que parecían superadas son puestas en duda una y otra vez. Lo hemos aprendido de nuestras abuelas, lo hemos vivido en carne propia y lo saben las nuevas generaciones de defensoras que luchan por la salud, la vida y la dignidad de las mujeres a lo largo y ancho del mundo de manera creativa independientemente de las normas añejas.
Mujeres, activistas, movimientos feministas y sociales, profesionales de la salud, organizaciones de derechos humanos, seguiremos – en memoria de Beatriz, con su familia y en compañía y memoria de tantas otras-, luchando porque como ella dijo, esto no debería ocurrirle a nadie más, nunca más.
Beatriz, este 8 de marzo, tu lucha sigue inspirándonos.
[1] Documental “Beatriz solo quería vivir”, CEJIL, 2018. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=jVqUJfEIg_E
[2] Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. “Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones, de la interrupción del embarazo en El Salvador”. San Salvador. Septiembre de 2015
[3] La representación está compuesta por la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto – El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local e IPAS Latinoamérica y el Caribe.
[4] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=R2Ed1Uq2Ij4&feature=youtu.be
