10 de marzo de 2025 Blog Por Nadia Ferrari

RightsCon 2025: vigilancia estatal y derechos humanos

El 25 de febrero participamos en RightsCon 2025 para abordar una de las amenazas más graves contra la democracia en nuestra región: la vigilancia estatal contra personas defensoras de Derechos Humanos. Junto a Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), Amnistía Internacional, Fundación Karisma y Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), presentamos Caso Cajar: El derecho a defender los derechos humanos y la autodeterminación informativa vs. la vigilancia digital global.

El caso de Cajar no es solo un precedente legal, sino el reflejo de una realidad que se repite en toda América Latina. Durante más de 40 años, Cajarha litigado casos clave contra la impunidad en Colombia, un país donde la defensa de los derechos humanos se paga con persecución, amenazas y criminalización. En los años 90, organismos de inteligencia en Colombia iniciaron una vigilancia masiva y sin control sobre Cajar. No solo interceptaron llamadas, crearon información falsa, promovieron campañas de desprestigio y realizaron operaciones militares basadas en datos manipulados que afectaron tanto a las y los integrantes del colectivo, como a sus familias. En 2020, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, litigado por Cajar y CEJIL.

En 2024, la Corte dictó una sentencia histórica, reconociendo por primera vez el derecho a defender derechos humanos y el derecho a la autodeterminación informativa. Esto implica que las personas sometidas a vigilancia estatal deben poder acceder a los datos recopilados sobre ellas, conocer su uso por parte de las autoridades y ejercer control sobre esta información. Sin estos mecanismos, la vigilancia estatal se convierte en una herramienta de persecución.

«La sentencia del caso Cajar representa un avance histórico en el reconocimiento de estos derechos. Pone en primer plano la vigilancia e inteligencia estatal ilegal contra personas defensoras, una práctica que sigue vigente en muchas partes del mundo», afirmó Florencia Reggiardo, Directora del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL.

El derecho a la autodeterminación informativa fue un elemento clave en esta decisión. Como señaló Alejandra Escobar Cortázar, abogada de Cajar, «uno de los mayores desafíos en el litigio fue demostrar vulneraciones que, por su naturaleza, eran secretas, de difícil acceso y con pocos o nulos controles efectivos, como las acciones de inteligencia». La evidencia de años de persecución estaba en manos del mismo actor juzgado: el Estado colombiano.

Pero el problema no termina en Colombia. En RightsCon, discutimos cómo la vigilancia estatal afecta a defensores y periodistas en toda la región. México ha sido uno de los países más golpeados por el uso del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, mientras que en El Salvador, un informe de Citizen Lab (2022) reveló que más de 30 periodistas y miembros de la sociedad civil fueron espiados con esta misma herramienta. Venezuela, Ecuador y Argentina también han sido señalados por el uso abusivo de la vigilancia estatal.

En Colombia, desde 2013 existe una ley que regula los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, esta normativa carece de herramientas para enfrentar los avances tecnológicos en materia de vigilancia. La sentencia de la Corte se convirtió en un insumo clave para impulsar la reforma de la Ley de Inteligencia, incluyendo una propuesta específica sobre vigilancia digital.

«La ley fue formulada hace más de 10 años, por lo que no contempla las tecnologías más modernas utilizadas para la vigilancia», explicó Catalina Moreno Arocha, co-directora de Fundación Karisma. Esta organización, junto con otras de la sociedad civil, forma parte del grupo de expertas técnicas que trabajó durante 2024 en la reformulación de la ley, actualmente en trámite de primer debate legislativo.

Nuestra participación en RightsCon 2025 reafirma que el fallo de la Corte IDH no solo sienta un precedente clave, sino que también nos obliga a repensar los límites del poder estatal en la era digital. En un mundo donde la información es poder, la vigilancia sin control se transforma en un arma contra quienes luchan por la justicia. Esta sentencia es, por tanto, un llamado urgente a la acción que nos invita a fortalecer los mecanismos de protección y a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en las actividades de inteligencia por parte del estado.