25 de octubre de 2018 Blog Por Sofía Espinal

Resistir al olvido: la lucha de El Mozote contra la impunidad

Al llegar a la plaza de El Mozote el jueves 30 de agosto, era difícil concebir todo lo que allí había ocurrido. En el mismo lugar donde cerca de mil personas habían sido ejecutadas a manos del ejército salvadoreño, hoy se preparaba un escenario. En momentos, tocaría una banda local para dar la bienvenida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que visitaba por primera vez uno de los caseríos donde se vivió la masacre más grande documentada en la historia reciente de América Latina, hace 37 años. 

Todo se había armado en una producción maratónica. Este poblado, que no tiene más de dos calles pavimentadas y que se encuentra en medio de las montañas, era el punto de atracción para una reunión de carácter internacional. El objetivo: constatar qué había cambiado en El Mozote y sus alrededores a partir de la sentencia que la Corte IDH dictó en 2012.

Una exposición de fotos, emplazada sobre el memorial que alberga la plaza, sería el preámbulo para un recorrido en el que participaron jueces del tribunal interamericano, representantes del Estado de El Salvador, las organizaciones que acompañaron el proceso internacional y algunos/as de los protagonistas. Las imágenes expuestas retrataban a mujeres que participaron en talleres experienciales para resignificar lo vivido allí.

Fueron 3 días. Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, en el marco del conflicto armado interno que enfrentó El Salvador por 12 años, se marcó el punto de inflexión para El Mozote, La Joya, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando y otros lugares aledaños. En 72 horas, el batallón Atlacatl, liderado por Domingo Monterrosa, junto con unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, ejecutaron el asesinato masivo de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes. La orden era arrasar con todo. No dejar huellas del lugar, que, según la inteligencia militar, servía de cobijo para las fuerzas guerrilleras.

El ataque, conocido como “Operación rescate” o “Yunque y martillo”, fue llevado a cabo como parte de la estrategia militar de “tierra arrasada”, una táctica que implica destruir comunidades enteras con el fin de impedir que movimientos guerrilleros puedan recibir suministros u ocultarse entre la sociedad civil. 

En otras palabras: para el ejército de El Salvador, quienes poblaban El Mozote y sus alrededores personificaban una figura enemiga que se debía aniquilar a cualquier costo.

¿Cómo saber ,y entender, esa mañana de jueves, que allí fueron asesinados cerca de  500 niños, niñas y adolescentes? En parte, porque los y las protagonistas de esta historia han logrado poner fin al silencio que por muchos años instauró el Estado de El Salvador. Que era una “telenovela”, un producto perfecto de la ficción, decían, intentando negar que dichas atrocidades hubieran ocurrido.

Fue la lucha de quienes sobrevivieron para contarlo ーy que se mantienen de pie, después de 37 añosー la que les permitió llegar a tribunales internacionales y, ese 30 de agosto, constatar los avances y las deudas que El Salvador aún tiene con El Mozote y sus alrededores. 

 

 

Promesas que no se cumplen

El recorrido inició a las 9 de la mañana. El punto de inicio fue la plaza de El Mozote. En la inauguración de la visita, distintas autoridades y protagonistas dieron sus primeras palabras. La banda local se presentó y representantes del Estado repartieron un kit que contenía folletos turísticos sobre El Salvador.

Raúl Zaffaroni y Humberto Sierra Porto, jueces de la Corte IDH que realizaron la diligencia, visitaron por primera vez el Monumento Histórico de El Mozote, que representa a una familia. Detrás de esta escultura, las paredes de piedra que la envuelven están cubiertas por placas grises con cientos de nombres. Los apellidos se repiten: en las masacres fueron asesinadas familias completas.

Zaffaroni y Sierra Porto conocieron también el “Jardín de los inocentes”, ubicado a un costado de la iglesia local. Allí, un mural de colores pastel dibuja un arcoiris, mariposas y flores, y otros cientos de nombres recuerdan a los niños y niñas que fueron asesinadas durante la masacre. En 1981, esos niños y niñas fueron separadas de sus familias, los llevaron a otro punto del caserío para asesinarlos, según consta en los informes. Al realizar las exhumaciones, se reconocieron restos de juguetes, pequeños trazos de ropa, huesos diminutos. 

Los jueces repasaron sus nombres con atención y cuidado. Transitaron el espacio con solemnidad.  
 
El memorial de El Mozote fue el primer punto de la caminata, que duró cerca de tres horas y que incluyó la visita al centro de salud del Mozote, la construcción de la escuela de la comunidad y un tramo de calle pavimentada. Todas estas obras eran parte de las medidas ordenadas en la sentencia que el Estado debía ーy debeー cumplir para reparar a las víctimas de la masacre de El Mozote y sus familias por los crímenes de lesa humanidad que ahí se cometieron.

Sin embargo, a 6 años de dictada la sentencia de la Corte IDH, El Salvador aún arrastra deudas históricas. De la resolución, sólo ha cumplido sólo con una de las medidas: la derogación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta era el gran obstáculo para que los crímenes de lesa humanidad ahí cometidos  fueran investigados y juzgados. 

Pese a ello, a 37 años de la “tierra arrasada”, el Estado de El Salvador no sólo les debe reparación, sino también verdad y justicia. “Los hechos ya pasaron, pero aún quedan las secuelas, las promesas de reparación aún no se cumplen”, confirmaron las mantas alzadas ese día en la plaza, por habitantes de El Mozote y alrededores. Después de los operativos de diciembre, el destino de varias generaciones, cambió de manera drástica y permanente. 

Tras la derogación de la Ley de Amnistía en 2016, la investigación por la masacre de El Mozote y lugares aledaños se reabrió. Producto de la investigación, 18 miembros de las Fuerzas Armadas fueron acusados como responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos. Otros 13 militares habrían sido imputados por su participación en el operativo, pero para la fecha de la audiencia, habían fallecido. 

Al día de hoy, ninguna persona ha sido sancionada por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en estas comunidades y el proceso judicial todavía se encuentra en etapa de investigación. En El Salvador, la muerte ha llegado antes que la justicia.

Durante la visita de la Corte, sobrevivientes de la masacre y quienes encabezan el proceso penal denunciaron los enormes obstáculos que enfrenta este juicio. Algunos de ellos: la falta de apoyo de las más altas autoridades del Estado y la negativa del Ministerio de Defensa de revelar información imprescindible para el caso.

Dorila Márquez fue una de las sobrevivientes que levantó estas denuncias para exigir justicia. Después de 37 años, hablar sobre los hechos todavía quiebra su voz. Cómo no: si durante el ataque ella perdió a su padre y a su madre, a su hermana embarazada, a su hermano de 11 años, a su sobrina de 7 meses y a su sobrino de 1 año. Ese ligero temblor se repone rápidamente: vivir y cargar con ese recuerdo nunca ha detenido a Dorila, que no para de contar su historia. Insiste en que no quiere que El Salvador no la olvide. 

“Lo que yo he sufrido no quiero que lo sufran las nuevas generaciones. Es muy terrible saber que le han quitado su familia en esas circunstancias. Por eso yo no me canso de hablar y de denunciar, porque yo no quiero que lo vuelvan a hacer. Estas injusticias no se pueden callar, por eso siempre estamos pidiendo justicia”, afirma la mujer, que además es presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, que aglutina a las víctimas de la masacre. 

Como ella, decenas de víctimas y familiares de las masacres de El Mozote y lugares aledaños han persistido por más de tres décadas para mantener viva y latiendo la memoria de lo que sucedió en esa plaza.

 

No han muerto, están con nosotros

El recorrido sigue. Pasa por distintos puntos de El Mozote. Los escasos avances son más bien derechos que el Estado debe garantizar de por sí a toda su población: salud, educación, trabajo, vivienda.

Las autoridades presentan con parsimonia el único centro de salud de la localidad. Cuenta una sola ambulancia, que además, no arranca, y con una sola psicóloga para atender a todas las comunidades. 

Un poco más allá, la escuela, que lleva 6 años de retraso en su construcción. Se encuentra en las primeras etapas, aún sin fecha definitiva de inauguración. Mientras, los niños y niñas de la comunidad atienden a otra escuela primaria. Para continuar sus estudios, sin embargo, deben salir de El Mozote y recorrer las largas distancias que les separan de la secundaria más cercana. 

Al finalizar el recorrido, los miembros de la Corte IDH se sentaron a escuchar los últimos argumentos del Estado, las víctimas y las organizaciones que los representan. El Estado tampoco ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el regreso de las personas que se vieron obligadas a desplazarse tras la destrucción de sus comunidades.

«No es fácil para mí estar aquí, pero tengo derecho a hablar, no solo por mi familia, sino por todas las familias. No queremos que esta cruel masacre quede en la impunidad«, expresó María del Rosario López, sobreviviente de la masacre, con fuerza inquebrantable.

La conversación duró una hora más de lo planeado, las demandas de los y las habitantes de la comunidad eran muchas. La visita de la Corte IDH terminó después de esa reunión, entre la 1 y las 2 de la tarde. 

Al finalizar, los miembros de la Corte, funcionarios del Estado y periodistas iniciaron su viaje de regreso a San Salvador. Las familias de El Mozote volvieron a sus hogares.

Por la tarde, ya no había música en la plaza, se retiraron las exposiciones de fotos, las familias se alejaron  del monumento. Ya no había  funcionarios con interés de contar historias, ni periodistas buscando documentarlas.

Por un momento El Mozote se tiñó del olvido y el silencio que lo ha amenazado por tantísimos años. Fue sólo un instante: el olvido se combatió con memoria, como bien lo han hecho por más de tres décadas los y las sobrevivientes del horror vivido El Mozote.

Algunas mujeres continuaron vendiendo sus artesanías a la orilla de la plaza; a dos cuadras, un grupo de jóvenes se reunió en la Casa de la Cultura y la Memoria Histórica para pintar sus paredes. A la distancia un niño lloraba, una señora reía.

En el centro de la plaza, a los pies del monumento ya sin visitantes, una frase llenó el pecho de quien la leía: “ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”. 

Las masacres de El Mozote y lugares aledaños marcaron la historia de El Salvador, de América Latina y de cientos, miles de personas. La tiñeron de dolor, silencio, sangre e impunidad. Hoy la rúbrica es la misma de hace 30 años en un país que reconoce lo ocurrido, pero que alimenta a diario las cifras de muertos en batallas entre pandillas; que ve en la violencia un modus operandi ante tanta desigualdad. 

Sin embargo, aún con el fantasma del olvido acechando sus memorias, pese a las dificultades de revisitar tanta oscuridad y deshumanización, los y las sobrevivientes de El Mozote continúan resistiendo para marcar una nueva historia. No quieren borrar la antigua, sino dotar la suya de lucha, de dignidad y de verdad, a los ojos del país y del mundo. 

Es la historia de sus pies que no se cansan de caminar hacia los tribunales; de su piel que soporta largos recorridos bajo el sol; de sus manos valientes que señalan los lugares donde ocurrieron los hechos; y de sus voces que se reponen rápido tras quebrarse. Lo hacen todo, incansablemente, para exigir justicia y para asegurarse de que ninguna persona vuelva a vivir lo que ellos enfrentaron.