1 de abril de 2025 Blog Por Nadia Ferrari

¿Puede la justicia internacional cambiar el rumbo de la crisis climática?

Con el inicio de abril, se abre una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con el planeta y el futuro que estamos construyendo. Conocido como el Mes de la Tierra, este mes del año nos invita a generar conciencia sobre la creciente deforestación y el aumento de las temperaturas, al tiempo que nos urge a reconocer que la crisis ambiental es, en esencia, una crisis de derechos humanos.

En América Latina, los efectos de la emergencia climática no son amenazas lejanas: son una realidad cotidiana. Sequías extremas, inundaciones, incendios forestales, pérdida de biodiversidad, contaminación y desplazamientos forzados provocados por desastres climáticos y el deterioro ambiental son cada vez más frecuentes y graves. Estos impactos afectan de forma desproporcionada a comunidades históricamente marginadas, incluyendo a pueblos indígenas, poblaciones rurales y personas defensoras del medio ambiente. En este contexto, defender el ambiente es inseparable de defender el derecho a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, el acceso al agua potable y un futuro digno.

¿Qué estamos enfrentando?

Crisis ambiental: Brasil y Bolivia registran actualmente algunas de las tasas de deforestación más altas del mundo. En Brasil, los incendios en la Amazonía alcanzaron niveles alarmantes, con 53.620 focos registrados entre enero y agosto de 2024. En Bolivia, los incendios forestales han arrasado más de 10 millones de hectáreas, destruyendo el 60% de las áreas boscosas y afectando al 38% de los territorios indígenas.

Impacto económico: América Latina y el Caribe pierden aproximadamente 58 mil millones de dólares al año en infraestructura debido a desastres naturales, muchos de ellos agravados por el cambio climático. A pesar de ser la segunda región más propensa a desastres en el mundo, invierte menos del 2% de su presupuesto en prevención y gestión de riesgos climáticos.

Desplazamiento forzado: Inundaciones, sequías, huracanes y el aumento del nivel del mar están obligando a comunidades enteras a desplazarse en países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En México, por ejemplo, 51 familias de El Bosque, Tabasco, fueron las primeras reubicadas por impactos climáticos. Se estima que para 2050, alrededor de 17 millones de personas en América Latina se verán forzadas a migrar como consecuencia del cambio climático.

Ante este panorama, las herramientas jurídicas internacionales cobran una relevancia creciente. Una de ellas es la Opinión Consultiva, una interpretación legal emitida por un tribunal internacional—en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta herramienta ayuda a clarificar las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional, orientando políticas públicas, decisiones judiciales y la cooperación regional. En el pasado, las Opiniones Consultivas de la Corte han fortalecido la protección de personas migrantes, pueblos indígenas, niñas y niños, y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Hoy, la Corte tiene una oportunidad histórica para hacer lo mismo en favor de la justicia climática.

En 2022, Chile y Colombia, con el apoyo de CEJIL y otras organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a la Corte Interamericana una Opinión Consultiva sobre la emergencia climática. El objetivo es aclarar el alcance de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos frente al cambio climático y proteger los derechos de quienes sufren sus efectos. Se espera pronto una decisión de la Corte que podría marcar un punto de inflexión para la región, ayudando a construir un marco jurídico sólido que garantice la rendición de cuentas, fortalezca las responsabilidades estatales y proteja a las comunidades frente a los daños ambientales relacionados con el clima.

En CEJIL, creemos que la justicia climática no solo es posible: es necesaria. Por eso hemos acompañado este proceso desde el inicio, amplificando las voces de quienes defienden sus territorios, promoviendo estándares internacionales y exigiendo acciones estatales a la altura de la urgencia de este momento histórico.