22 de febrero de 2022 Blog Por washington@cejil.org

México: El combate a la violencia patriarcal sigue sin ser prioridad en los presupuestos

En medio de una crisis de violencia patriarcal, la Cámara de Diputados decidió en noviembre pasado aprobar un presupuesto para 2022 que no tiene el más mínimo sentido de urgencia; y que, una vez más, relega el combate a la discriminación y violencias contra las mujeres.

La vida de las mujeres sigue estando en riesgo bajo las lógicas de violencia machista en el país, donde la tendencia de los feminicidios sigue en aumento, con tasas de crecimiento mensuales promedio del 2.67% en el periodo 2015 a 2021. Incluso en los meses donde los homicidios disminuyeron, los feminicidios fueron suficientemente altos para alcanzar a ser equivalente a cerca de la mitad de los homicidios totales. En este contexto, las y los legisladores decidieron no incrementar los recursos para programas fundamentales como el destinado a la atención y combate a las violencias contra las mujeres que sostiene la infraestructura de los Centros de Justicia para las Mujeres y las Alertas de Violencia de Género. La misma suerte corrió el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF); el cual significa en muchas ocasiones el único fondo a disposición de entidades federativas y municipios para la atención de la violencia contra las mujeres. El presupuesto de egresos para 2022 también adoleció de interseccionalidad. Pues en términos reales, tuvo una disminución de 3.37%, que implica en la práctica menos recursos al Programa de Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que distribuye financiamiento a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

De manera preocupante, el Congreso también mantuvo los mismos recursos para el programa de salud materna, sexual y reproductiva. Aun cuando, según el observatorio de mortalidad materna, la tasa de defunciones con respecto al año pasado aumentó en un 86.3%¹. Esta situación se ha complejizado además a razón de la pandemia, que ha incrementado en un 40% las muertes maternas prevenibles en México.

Con relación al ámbito laboral y de cuidados, las mujeres han sido quienes más se han visto afectadas por la pérdida de trabajos remunerados durante la crisis de la COVID-19 y quienes han visto a su vez el sobrecargo en trabajos domésticos y labores de cuidado³. Aun con ello, la Cámara de Diputados disminuyó en 3.28 % los recursos para el programa de apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; y desatendió el llamado de organizaciones civiles por reestablecer el desaparecido Fondo Nacional Emprendedor que preveía apoyos a proyectos que promovían la participación de las mujeres en las micro pequeñas y medianas empresas.

Durante el parlamento abierto convocado por la Comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública el 28 de octubre, la sociedad civil fue prácticamente unánime al señalar como simulación el incremento celebrado por el gobierno federal en las partidas para la igualdad entre mujeres y hombres, formalmente identificadas como Anexo 13. Aun con ello, la mayoría de los y las legisladoras decidió continuar con la captura de los presupuestos para las mujeres en favor de programas asistenciales que poco tienen que ver con la igualdad y mucho menos con el combate a la discriminación y violencias contra las mujeres.

Este acomodo de los recursos públicos no solo exhibe una falta de compromiso del Estado mexicano con relación a la situación que viven las mujeres en el país. También representa un claro incumplimiento de las leyes nacionales[1] y obligaciones internacionales en la materia[2]. Sin compromisos económicos, los discursos de igualdad de los gobiernos no son más que falsas intenciones.

El presupuesto público dejó pasar una invaluable oportunidad para materializar el combate a las brechas de desigualdad entre las personas, quienes, por órdenes sociales según género, raza, etnicidad, clase social, edad o capacidades funcionales, no tienen el mismo acceso al bienestar desde la seguridad, la educación, la salud, acceso a la justicia y el trabajo. De esta manera, aunque el tema del presupuesto público es de escala macroeconómica y parece un tema lejano a lo cotidiano, las implicaciones de lo que se decidió recaerán en la vida diaria y pesará particularmente sobre los cuerpos de las mujeres.

La inversión pública de México, en tanto proyecto de organización social, debería promover la distribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. En el que las necesidades de las personas se conviertan en derechos. En el que se pague la deuda histórica con los grupos sociales. Sin embargo, con la austeridad en el presupuesto 2022 se prolonga una brecha histórica de desigualdades y de injusticias sociales.

Ante la austeridad, organización

Dado el adverso panorama para la inversión pública con enfoque de género en 2022, resulta indispensable asegurar, primero, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respete los montos asignados por la Cámara de Diputados. Esto porque la Secretaría, sin fundamento en la ley, ha trasladado menos recursos a los programas e instancias rectoras del Anexo 13 frente a lo aprobado por el Congreso, por lo menos desde hace dos años.

Si bien la SHCP tuvo un mandato en ese sentido durante 2020 cuando el poder ejecutivo federal decretó una reducción extraordinaria del 75% del presupuesto administrativo de las dependencias, la medida se repitió este 2021. La Secretaría de Hacienda disminuyó al Anexo 13 917 mil millones de pesos menos frente a lo aprobado por el legislativo para 2021. Aunque porcentualmente esta reducción fue menor al 1%, estos recortes se dirigieron a programas clave para la igualdad como el referido programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, que tuvo una reducción de casi 46 millones de pesos.

Por otro lado, el Congreso sigue teniendo la oportunidad de revertir la captura del Anexo 13 en futuros presupuestos. Particularmente, a través de la definición de mecanismos más estrictos para el etiquetado de los programas que las dependencias asignen como orientados a promover la igualdad entre mujeres y hombres. La Auditoría Superior de la Federación desde 2017 planteó que no encontraba suficiente evidencia de que el diseño de los programas y proyectos que las distintas dependencias estaban reportando en el Anexo 13, de hecho, fuera congruente con el propósito de la igualdad. La Auditoría encontró problemas varios: desde los criterios para la inclusión de programas como de objetivos e indicadores.

En tercer lugar, también será necesario combatir la camisa de fuerza que el propio Estado se ha impuesto con la política de austeridad del poder ejecutivo. Mientras en otras latitudes como Estados Unidos, Argentina o España se están analizando mecanismos extraordinarios de financiamiento por la emergencia de COVID-19, en México una crisis sanitaria y otra de violencia patriarcal no alcanzan para considerar pasos similares. Esto aun cuando México es de los países con una peor distribución de ingresos y riqueza; y cuyas concentraciones suelen favorecer a los hombres blancos.

Necesitamos presupuestos que dejen de darle la espalda a las mujeres. Presupuestos que, entre otras cosas, garanticen una vida libre de violencia, salud sexual y reproductiva, y que equilibren economía del cuidado que representan las mujeres. Las cuales han sostenido históricamente la sociedad productiva y en quienes se han descargan más horas de trabajo no pago, para la reproducción de la vida.

La lucha es entonces por aterrizar la política a las realidades cotidianas de mujeres que viven acoso y violencia machista, sin un sistema de justicia que las acompañe. Mujeres sin acceso igualitario al trabajo y quienes realizan labores de cuidado, respondiendo a roles asignados por su condición de género y sin un sistema fiscal que lo vea. Mujeres que ven amenazadas sus vidas por embarazos a temprana edad y con sus derechos sexuales y reproductivos amenazados y sin un sistema de salud que las proteja. El objetivo debe ser, además, ampliar y consolidar la atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, que todas sepan que no estarán más solas y que todas las instituciones del Estado estarán a su disposición para prevenir la violencia, reparar y acompañar sin importar su identidad, sus capacidades o su situación administrativa.

[1] Especialmente la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las propias leyes de planeación y de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

[2] Entre ellas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en los casos Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Mujeres de Atenco y Campo Algodonero.