En el contexto actual de procesos de selección de las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, y de la nueva persona Fiscal General de Guatemala, publicamos la intervención realizada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y los abogados, Margaret Satterthwaite, en el evento público Recomendaciones internacionales para procesos de selección en Guatemala, que se llevó a cabo el 3 de febrero de 2026.
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Guatemala está entrando en una convergencia crítica de designaciones judiciales en 2026: la Corte Constitucional, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Electoral.
Como señalé en mi comunicado de prensa de enero de 2026, no se trata de un ciclo rutinario, sino de una oportunidad única para desmantelar la instrumentalización de la justicia que se ha convertido en algo sistemático en los últimos años. El sistema judicial de Guatemala se encuentra en una encrucijada crucial y los próximos nombramientos serán decisivos para salvaguardar la gobernanza democrática, los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de Derecho.
La independencia judicial no es un principio abstracto: quienes sean nombrados/as ahora determinarán si en Guatemala el derecho penal seguirá utilizándose como instrumento de persecución o volverá a servir al interés público. Las decisiones que se tomen al respecto tienen profundas implicaciones para proteger estos valores.
Durante mi visita oficial a Guatemala en mayo de 2025, observé una convergencia sistémica de intereses políticos, económicos y penales que afectaban a las designaciones judiciales y a la actuación del Ministerio Público. Estas presiones han tenido consecuencias concretas. La más importante es un patrón claro e identificable de criminalización de jueces y juezas, fiscales, abogados/as, periodistas, autoridades indígenas e integrantes de las Comisiones de Postulación. Este patrón no podría existir sin la captura y el uso indebido de altos cargos oficiales, especialmente el de Fiscal General. Esta criminalización ha supuesto la persecución de grupos específicos: operadores/as de justicia, líderes y autoridades de pueblos indígenas, defensores/as de los derechos humanos y periodistas; pero también el inicio de múltiples procedimientos; el uso de acusaciones vagas y excesivamente amplias, a menudo sin relación con los hechos; detenciones arbitrarias; acoso y ataques en línea; el uso indebido de la asignación de casos y la erosión de las garantías procesales.
Esta criminalización sigue en curso: la exabogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Claudia González, y el abogado Ramón Cadena siguen enfrentándose a procesos penales. Más de 50 operadores de justicia se encuentran en el exilio y la confianza pública en las instituciones judiciales se ha visto erosionada.
Mi visita confirmó el carácter sistemático de la criminalización y su amplio impacto en los operadores/as de justicia, líderes de los pueblos indígenas, defensores/as de los derechos humanos y periodistas. En este contexto, el nombramiento de personas de probada integridad que cumplan los requisitos constitucionales y legales es un paso clave para poner fin a este patrón abusivo y restablecer la confianza en las instituciones de justicia. En este contexto, los procesos de selección no pueden considerarse ejercicios neutrales o técnicos, sino que deben diseñarse explícitamente para interrumpir estos patrones, no para reproducirlos. Una selección basada en méritos del nuevo/a Fiscal General podría poner fin a la criminalización.
El papel y la importancia de las Comisiones de Postulación, que se encuentran en proceso de configuración
Una preocupación central identificada durante mi visita es que el mecanismo de Guatemala para nombrar a los altos funcionarios de la justicia, en particular a través de las Comisiones de Postulación, se ha desviado decisivamente de su objetivo original. En lugar de garantizar los nombramientos mediante procesos públicos y objetivos caracterizados por su eficiencia, eficacia, integridad y representatividad, estos mecanismos se han convertido en conductos para la influencia opaca de actores partidistas e intereses privados, lo que ha erosionado la confianza pública en los nombramientos judiciales.
De hecho, la competencia por formar parte de las Comisiones de Postulación en Guatemala se ha descrito como algo similar a una contienda electoral, incluyendo el uso de cabildeo, partidos, publicidad, mítines y mercancía promocional. Según he sido informada, este proceso politizado ha generado oportunidades para que los actores económicos logren influencia mediante la financiación de costosas actividades de campaña para las personas candidatas.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala en 2014, 2017 y 2019 identificaron específicamente estas influencias, revelando el alcance de la influencia de los actores económicos sobre las Comisiones de Postulación. En 2020, la FECI presentó evidencias de la continua influencia económica en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones en 2019. Sin embargo, estas investigaciones se detuvieron cuando finalizó el mandato de la CICIG y el liderazgo de la FECI fue desmantelado.
En este contexto, observé graves deficiencias en la evaluación de los candidatos/as, que es la función clave de las Comisiones. En primer lugar, los criterios constitucionales de capacidad, idoneidad, integridad y honorabilidad no se evalúan de manera coherente u objetiva. Las metodologías de puntuación se rediseñan con frecuencia por cada Comisión, lo que permite sistemas de evaluación que parecen adaptados a candidatos/as previamente seleccionados. La verificación ética se ha reducido a menudo a un ejercicio formal, mientras que el criterio de reconocida honorabilidad se ha excluido en ocasiones por completo. Las evaluaciones se basan en gran medida en certificados y documentación, con una evaluación sustantiva limitada, escasas entrevistas públicas y sin necesidad de justificar por escrito las decisiones de nombramiento.
La importancia de abordar los errores del pasado
Como se indica en mi comunicado de prensa de enero de 2026: Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas, en las que personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para puestos clave. Las deficiencias del sistema han permitido que el proceso de selección se vea empañado por intereses políticos y privados. Las investigaciones y los procesos penales han revelado una manipulación sistemática mediante la compra de votos, negociaciones paralelas y nombramientos impulsados por negociaciones privadas en lugar de por el interés público.
Me preocupa especialmente el riesgo de que personas relacionadas con abusos de poder, corrupción o graves violaciones de los derechos humanos puedan volver a conseguir nombramientos para puestos clave.
Como medida de protección mínima, las personas contra las que existan acusaciones creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que hayan ejercido autoridad decisoria en materia de criminalización, no deberían ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva.
También me preocupa profundamente la falta de protección para quienes participan en el proceso de selección. Los miembros de las Comisiones de Postulación expresaron un temor fundado a ser objeto de acusaciones penales, y algunos de ellos se enfrentan efectivamente procesos penales en curso o en el pasado. Este clima de presión e intimidación socava aún más la independencia y la integridad del proceso de selección y debe abordarse con urgencia, especialmente en este momento crítico en el que se están conformando las Comisiones.
Necesidad de reformas estructurales
En este contexto, es evidente que se requieren reformas estructurales. Durante mi visita al país, observé un consenso emergente en torno a la idea de que la renovación simultánea de todas las magistraturas concentra el poder y aumenta los intereses políticos. Una renovación escalonada de los magistrados contribuiría a preservar la memoria institucional, reduciría la influencia de cualquier comisión individual y permitiría una supervisión pública más sólida.
Además, la persistente infrarrepresentación de las mujeres, los pueblos indígenas y los grupos marginalizados en los procesos de selección y nombramiento refleja la ausencia de esfuerzos sostenidos para garantizar instituciones judiciales inclusivas y representativas en una sociedad profundamente desigual.
En última instancia, los procesos de selección de 2026 deben ser inclusivos, transparentes y centrados en el fortalecimiento institucional. Es esencial la publicación temprana de los criterios de selección, las entrevistas públicas, las evaluaciones independientes del desempeño, la evaluación significativa de la honorabilidad y la justificación escrita y transparente de las decisiones de nombramiento. La participación de la sociedad civil en la supervisión y la auditoría del proceso es igualmente fundamental. Estas medidas no son opcionales, sino que son necesarias para que Guatemala cumpla con sus obligaciones regionales e internacionales y para garantizar que los nombramientos judiciales no perpetúen la criminalización, la impunidad o la captura institucional.
Sobre la elección del nuevo/a Fiscal General de Guatemala
El cargo de Fiscal General desempeña un papel fundamental a la hora de facilitar o desmantelar la criminalización. Mis conclusiones tras la visita al país muestran que la estructura actual del Ministerio Público concentra el poder disciplinario, permite despidos y traslados arbitrarios, da prioridad a la eficiencia estadística sobre la justicia sustantiva y ha participado en una política de criminalización. Según mis conclusiones, el uso instrumental del derecho penal por parte del Ministerio Público parece constituir un patrón sistemático de privación intencionada y grave de derechos fundamentales, dirigido a grupos específicos.
Me gustaría insistir en que todas las personas contra las que existen acusaciones creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relevantes para la criminalización, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas acusaciones. En última instancia, no hay forma de restablecer la confianza del público en el sistema de justicia hasta que este funcione —y se perciba que funciona— para proteger los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, en lugar de estar capturado y dirigido para beneficiar a unos por encima de otros.
Margaret Satterthwaite es Relatora Especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados.
Citación sugerida: Satterthwaite, Margaret. Guatemala: Porque no elegir a actores antidemocráticos en los altos cargos de la justicia. DPLF. 2026/2/10. Disponible en: https://dplf.org/guatemala-porque-no-elegir-a-actores-antidemocraticos-en-los-altos-cargos-de-la-justicia/
