22 de mayo de 2017 Blog Por washington@cejil.org

Hacia una mejor protección de los DDHH de periodistas y comunicadores sociales

El periodismo en América Latina ha contribuido como pocos actores a la lucha por la democracia y la causa de los derechos humanos. Muchos periodistas y medios de comunicación del continente han dedicado ingentes esfuerzos a investigar y denunciar la corrupción de los gobiernos, el abuso de poder, las graves violaciones a los derechos humanos por parte de gobiernos autoritarios y la colusión entre actores estatales y el crimen organizado.

Debido a ello y a la falta de protección por parte del estado, centenares de periodistas de la región han  pagado con su vida, su integridad personal, o han tenido que sobrellevar amenazas y exilio, entre otras calamidades. El fenómeno de la violencia y las agresiones a periodistas se ha visto agravado en la región por los elevados índices de impunidad de estos crímenes, en buena medida por las falencias que la mayor parte de los países de la región exhibe en materia de procuración de justicia.

En los últimos años han sido los periodistas de regiones peligrosas en México, Colombia, Honduras, Guatemala, Brasil y Paraguay, quienes han pagado un altísimo precio en vidas por enfrentar en soledad las amenazas del crimen organizado y la corrupción local. Los recientes y repudiables asesinatos de Javier Valdez (Sinaloa) y Miroslava Brech (Chihuahua) en México son dos claros y terribles mensajes enviados por el crimen organizado de que así seguirán ejerciendo la censura brutal en el marco de la «guerra contra el narcotráfico» declarada por los dos últimos gobiernos federales mexicanos.

En este contexto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH acaba de publicar el informe «Zonas Silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión», como forma de llamar la atención sobre el fenómeno que se registra en diversas regiones de las Américas cuyas comunidades están siendo desinformadas y silenciadas por efecto de la violencia desatada por el crimen organizado contra la prensa, en algunos casos actuando en complicidad con autoridades locales o regionales infiltradas por estos grupos.

Varias regiones de América pueden considerarse de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión en América y en el presente informe se documentan los casos de Tamaulipas (México), Mazatenango (Guatemala) y la frontera de Paraguay con Brasil (Paraguay), como ejemplo de tantos otros que se pueden identificar en la región. En estos complejos contextos, la violencia afecta particularmente a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que en la última década han sido víctimas directas de asesinatos, secuestros y agresiones.

Con “Zonas Silenciadas” la Relatoría Especial también pretende profundizar el diálogo con las instituciones estatales, la sociedad civil y los medios de comunicación a través de la elaboración de recomendaciones focalizadas  en la prevención, protección de periodistas; así como la identificación, juzgamiento y sanción penal de los responsables.