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¿Existe una protección para las personas periodistas?
POR ANDREA QUESADA MATA
“Una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”[1] ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con esto, nos queda muy claro un aspecto, una sociedad democrática debe tener el derecho a la información y si no lo tiene ¿Realmente es democrática?
Por su relevancia, a nivel internacional el tema ha sido tratado por diversas entidades, una de ellas es la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con su Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas, el cual acaba de cumplir 10 años de funcionamiento.
Pese a los esfuerzos realizados, aún no han disminuido los crímenes contra personas periodistas por el ejercicio de su función. Esto se ve reflejado en los 66 periodistas asesinados en el mundo en lo que va del año, lo que representa una cifra sumamente alarmante. Recientemente, el 31 de octubre, murió el comunicador haitiano Romelson Vilsaint. Con esto el 2022 suma ya 6 muertes de periodistas en este país caribeño sumido en violencia de pandillas[2].
Por su lado, Article 19, una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión, indica que desde el año 2000 a la fecha, se han documentado 156 asesinatos de periodistas en México relacionadas con su labor informativa. Del total, 144 son hombres y 12 son mujeres[3].
Las cifras anteriores evidencian que no existe una protección completa para quienes ejercen el periodismo. De hecho, se les considera personas vulnerables ante los ataques de gobiernos y grupos de poder de los Estados.
También, uno de los hechos que más preocupaciones genera es que dichas violaciones al ámbito individual de las personas periodistas terminan afectando la esfera social, pues inciden en el derecho a la información de la población civil.
En el caso de Costa Rica, el panorama es preocupante para las personas periodistas. La normativa vigente para castigar delitos contra el honor está regulada desde el Código Penal, lo que genera inquietud, pues implica sanciones severas y provoca recelo entre la comunidad periodística.
En este mismo contexto, autoridades gubernamentales de Costa Rica han lanzado en estos últimos tiempos ataques contra la libertad de expresión de las personas periodistas.
Un claro ejemplo fue el cierre del Parque Viva, realizado por medio de una denuncia anónima en la que se alegaba que el centro de actividades ocasiona mucho tránsito en la región de la Guácima. En respuesta a lo anterior, se ejecutó el cierre de este centro, incluso a pesar de que los mismos inspectores de Salud no encontraron incumplimiento alguno en las instalaciones.
Este hecho fue catalogado por la Sala Constitucional como violación indirecta a la libertad de prensa, pues durante la campaña electoral, el entonces candidato Rodrigo Chaves, había prometido “destruir”, como si fuera “un tsunami”, a Grupo Nación y Canal 7. Lo que tiene una conexión directa con el Parque Viva, que constituye un motor de ingresos del ente de comunicación.
En este sentido, el medio ha hecho públicos dos escándalos del mandatario, el primero fue el caso de acoso sexual que enfrentó Chaves en el Banco Mundial y, el segundo, fue cuando reveló el presunto financiamiento paralelo a la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático[4].
En Costa Rica la relación actual entre las personas comunicadoras y el mandatario han sido tensas. Las críticas no son de extrañar, pues los medios ejercen una dialéctica de control político. Sin embargo, la actitud hermética del gabinete y la intolerancia a las preguntas incómodas ha marcado el primer año del gobierno de Chaves.
Frente a esta realidad, no existe otra ruta más que la de la asociación de toda la comunidad profesional, con el objetivo de que no ocurran procesos como los de otros países donde se coarta la libertad de expresión a las personas comunicadoras.
Al respecto, la periodista costarricense Hulda Marín, señaló en el «Panel «Protección legal de periodistas: una necesidad en tiempos convulsos para el periodismo»» la importancia de que dentro de los contratos laborales para las personas que ejercen esta profesión se asegure el patrocinio legal. De tal manera que cuenten con recursos en caso de que ocurran situaciones en las que puedan ser denunciados. Esto, pues se necesita un acompañamiento cuando suceden hechos de este tipo.
Finalmente, las organizaciones no gubernamentales deben formar parte de los aliados estratégicos que puede tener el gremio de periodismo. Un ejemplo de esto es la labor de la Oficina de Asistencia Legal Gratuita para Periodistas (ALP) que es una iniciativa de la Universidad para la Paz. Esta unidad brinda asistencia legal con perspectiva de género a periodistas en Costa Rica que hayan experimentado ataques o amenazas que afecten sus labores en el periodo electoral 2022.
Se espera que propuestas similares comienzan a proliferar en el resto de la región, pues, como se ha dicho antes, la lucha de las personas comunicadoras está en un gran apogeo en medio de gobiernos con cortes autoritarios.
[3] https://articulo19.org/periodistasasesinados/
[4]https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-investiga-al-presidente-rodrigo-chaves-y/NVCGWGVN6FACXOCEW22423BJCY/story/