13 de diciembre de 2014 Blog Por washington@cejil.org

El Palacio de Justicia: un triunfo para Colombia

El pasado 10 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia en el caso del Palacio de Justicia. Esta decisión no es un fallo contra Colombia sino a favor del país por varias razones.

En primer lugar, porque la resolución avanza para esclarecer uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea de la nación. Como señaló la representación del Estado en la audiencia pública que tuvo lugar en Brasilia, “los hechos del Palacio de Justicia no tienen precedentes en nuestra historia reciente”.

El Tribunal considera plenamente probado que la toma del Palacio fue una “toma anunciada” y que las autoridades estatales fallaron en su deber de proteger a las centenares de personas que se encontraban en su interior. De esa manera se dejó a su suerte, no sólo a los rehenes, sino también a los máximos representantes del poder judicial colombiano, pilar fundamental del Estado de Derecho. Por ello, la sentencia es un reconocimiento de que la retoma del Palacio de Justicia no fue una acción en defensa de la democracia, sino una afrenta a los principios democráticos.

En segundo lugar, el fallo de la Corte da la razón a los familiares de 17 víctimas, que tuvieron la valentía y perseverancia de reclamar justicia y verdad durante estos 30 años. Lo hicieron en un contexto hostil, de amenazas, de hostigamientos a sus abogados y de encubrimiento de la verdad. Algunos eran bebés cuando tuvieron lugar los hechos, como la hija de la reponedora de pasteles de la cafetería, que tras la desaparición de su mamá quedó a cargo de sus abuelos y su tía. Ellos y ellas han crecido con el anhelo de saber lo que pasó. El reconocimiento que hace la Corte del esfuerzo de tres generaciones de familiares es coherente con una política de gobierno de reconocer el dolor de las víctimas del conflicto y de responderles respetando sus derechos.

En tercer lugar, este fallo da un respaldo al sistema judicial colombiano para actuar frente a graves vulneraciones de derechos en el país. Si bien la toma y la retoma del Palacio supusieron un ataque encarnizado contra las más altas cortes, desde entonces buena parte de la administración de justicia ha sido omisa u obstructiva favoreciendo a los perpetradores. Reconoce la Corte Interamericana que los avances son mínimos y en la actualidad “las investigaciones parecen haberse estancado, a pesar de que en el marco de los procesos penales iniciados se solicitaron nuevas investigaciones y se planteó la necesidad de ampliar la producción de pruebas para esclarecer los hechos de manera definitiva”. Han sido pocos los funcionarios judiciales que han actuado de manera valiente y decidida, a un costo personal alto, para llegar a los escasos avances que existen hasta hoy. Afirma la Corte la responsabilidad de la justicia para proteger el derecho a la verdad, para esclarecer los hechos, encontrar a los desaparecidos y dictar las sanciones que le quepan a los responsables.

Por último, el Tribunal orienta varias acciones que deben adoptarse para fortalecer el compromiso del país con las víctimas de violaciones de derechos humanos. Entre ellas, la obligación de proteger y respaldar a quienes aportan en la búsqueda de justicia desde la sociedad o la institucionalidad; la obligación de romper los pactos de silencio que perpetúan la incertidumbre y la injusticia; el deber de tener en cuenta las pautas del derecho internacional en las reformas a la jurisdicción militar excluyendo las graves violaciones a los derechos humanos de su ámbito.

Por lo tanto, el alto Tribunal contribuye, una vez más, a la protección de los derechos y al fortalecimiento de la institucionalidad en Colombia. Cuando ante la Corte ganan las víctimas y la sociedad, cuando salen victoriosas la verdad y la justicia, gana el país.

Originalmente publicado en El Tiempo de Colombia: