21 de diciembre de 2017 Blog Por washington@cejil.org

El juego detrás de la crisis democrática peruana

En las últimas semanas del 2017 se ha develado la preocupante crisis democrática por la que atraviesa Perú, que incluye el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por alegaciones de corrupción antes del cierre del año.

No hay duda de que se debería realizar una investigación inmediata y adecuada sobre los presuntos hechos delictivos, conforme a los procesos establecidos por la constitución peruana y a los estándares internacionales del debido proceso. No obstante, es necesario hacer algunas reflexiones sobre el contexto político en el que ocurre esta crisis.

En el 2016, Kuczynski fue electo presidente, superando a Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular (FP) —y cuyo padre, ex presidente Alberto Fujimori, se encuentra cumpliendo una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción—, con 50.12 % del voto.

Sin embargo, luego de la primera vuelta de las elecciones, el Congreso del Perú quedó conformado por una mayoría Fujimorista, creándose así, una tensión constante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Rápidamente, el partido de Fujimori, empezó a utilizar indebidamente los mecanismos de control político para afectar la independencia y autonomía de los órganos de justicia además de toda institución democrática del Perú.

Durante el primer año de gobierno de Kuczynski, el congreso presionó las interpelaciones y salidas de cuatro ministros de gabinete por distintas razones, dificultando las posibilidades del ejecutivo peruano para gobernar efectivamente.

Luego, el 26 de junio del 2017, la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso peruano aprobó una denuncia en contra de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. La acusación fue realizada después de que dichos magistrados subsanaran una decisión judicial que obligaría al Estado peruano a cumplir con un fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Durand y Ugarte, e investigar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos perpetradas en el año 1986 —entre ellos altos mandos de la marina peruana—, en el ahora desmantelado Centro Penitenciario “El Frontón”.

A todo esto se le suma otra acusación constitucional en contra del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que coincidió con el inicio de las investigaciones sobre posibles incongruencias en la declaración del financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori.

Dado este contexto, resulta imposible no darle una lectura política a lo que ocurre en el Perú y entender la narrativa como una serie de múltiples procesos concatenados por una maquinaria política fujimorista arremetidos en contra de sus rivales a una velocidad inverosímil.

Hasta la fecha, en lo referente al Tribunal Constitucional, el informe de acusación constitucional del 11 de diciembre del 2017, recomendó la inhabilitación por 10 años del magistrado relator, Eloy Expinoza Saldaña, la suspensión de otros dos y la absolución de uno. Cabe señalar que el 15 de diciembre del 2017, el mismo día en el que se decidía la admisibilidad de la vacancia del presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el Informe de acusación constitucional en contra de los cuatro magistrados para su pase a la Comisión permanente.

De momento, la Corte IDH resolvió en la tarde del pasado domingo 17, ordenar al Estado peruano la suspensión inmediata del procedimiento de acusación constitucional seguida por el Congreso peruano hasta que el “pleno de la Corte Interamericana conozca la solicitud de medidas provisionales”. Asimismo, la Corte determinó que el 2 de febrero del 2018, en la audiencia de cumplimiento de sentencia del caso Durand y Ugarte, se abarcará la solicitud de las medidas. Si bien la resolución es vinculante, el presidente del congreso peruano, del partido fujimorista, ya la denunció como una vergüenza y ha señalado que debe prevalecer el fuero nacional. Queda por verse qué más ocurrirá en referencia al tema, en lo que queda del 2017.

 Mientras tanto, el debate sobre el otorgamiento de un indulto humanitario a Alberto Fujimori continúa extendiéndose como una sombra siniestra sobre estos procesos. Cabe señalar que Eloy Espinosa Saldaña, el magistrado al que se le busca inhabilitar por 10 años, es también el relator del habeas corpus, mecanismo legal planteado para liberar a Fujimori y que podría otorgarle la libertad al exmandatario peruano.

Finalmente, en materia de la vacancia del presidente, se pasó con 93 votos la discusión al Pleno y citaron al presidente al Congreso para que presente sus descargos el jueves 21 de diciembre del 2017. Enfrentado a un Congreso mayoritariamente de oposición y con tiempo limitado para formular su argumentación, no está garantizado el derecho de defensa ni de acceso a la protección judicial de sus derechos. Más aún, el congreso estaría cambiando con un voto político la voluntad popular que lo eligió como presidente.

Viendo cómo se ha ido jugando esta partida de ajedrez blitz, es incalculable el vértigo que este regreso a la inestabilidad institucional e incertidumbre social le está generando a las organizaciones de sociedad civil y las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, que aportaron a la reconstrucción del país tras 20 años de conflicto armado interno. Ambos grupos han persistido incansablemente durante décadas en salvaguardar la institucionalidad democrática peruana y, como lo demostraron en las marchas del pasado domingo y miércoles, lo seguirán haciendo. Sin embargo, el uso prolongado de la política para desmantelar la independencia y autonomía del poder judicial y otras instituciones representaría una ruptura del pacto social que se ha ido suturando con el paso del tiempo.

A las puertas del 2018, esperamos que el Estado reconozca que el fortalecimiento del país depende de que sus instituciones puedan ejercer su trabajo de manera imparcial, efectiva e independiente y así, investigar y sancionar a todos y todas quienes estén bajo sospecha de corrupción y graves violaciones de derechos humanos, sin importar a qué bancada política pertenezcan. Esperamos que la audiencia del 2 de febrero, ante la Corte IDH, brinde una oportunidad para justamente abrir esa conversación.

Con contribuciones de Alex McAnarney y Gisela Hurtado.