5 de marzo de 2019 Blog Por washington@cejil.org

Defendiendo a los Defensores de Colombia en 2019

 

Durante el conflicto armado de Colombia, los defensores de los derechos humanos (DDHs) lucharon para promover los derechos humanos en la mira de los grupos armados ilegales rivales. A menudo, el Estado estaba ausente o contribuía al problema. A pesar de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, la tasa de asesinatos de DDHs en los últimos años ha aumentado en todo el país.
 

Según Frontline Defenders, Colombia es el país más mortífero del mundo para los/as DDHs. Desde la firma del acuerdo de paz, la Defensoría del Pueblo ha registrado al menos 423 muertes hasta el 31 de diciembre de 2018. Entre los más afectados se encuentran los grupos indígenas y afrodescendientes; de las 347 agresiones registradas durante 2018 contra defensores de derechos humanos, el 43% fueron cometidas contra estos grupos, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
 

Lamentablemente, 2019 no parece ofrecer ningún alivio a los defensores de los derechos humanos. En las primeras seis semanas de 2019, aproximadamente dieciocho defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia. Así, los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos colombianos son persistentes y alarmantes.

Nuevo plan, los mismos problemas

Para hacer frente a esta crisis, el presidente Iván Duque, tras su campaña electoral donde prometió que su gobierno protegería a los/as DDHs, presentó el «Plan de Acción Oportuna para la Prevención y Protección de Defensores/as de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Colectivos/as y Periodistas» (PAO) en noviembre de 2018.  
 

En teoría, el plan es un paso en la dirección correcta. Hasta ahora, su objetivo es proteger a los defensores de los derechos humanos a través de tres pilares: 1) fortalecimiento de la respuesta interinstitucional; 2) intervención estratégica en el terreno; y 3) una estrategia para la desestigmatización de los defensores de derechos humanos.
 

La PAO intenta adoptar un enfoque preventivo para proteger a los defensores de derechos humanos y consolidar todos los programas, procedimientos y normas de protección que ya han sido implementados en una sola política pública propuesta. Además, el plan se centra en las regiones que han sido identificadas como las más peligrosas para que los/as DDHs lleven a cabo sus actividades. Reconoce la necesidad de mecanismos de monitoreo y evaluación para comparar resultados y medir el impacto de los programas. La PAO también identifica la necesidad de una política pública que tenga un enfoque diferenciado que incluya las diferencias de género, étnicas y geográficas, y que se elabore en colaboración con diversas partes interesadas, tales como activistas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

 

Sin embargo, aunque la propuesta de política pública de la PAO describe varios componentes clave, como la participación de actores de la sociedad civil y el papel de los actores no estatales, no está claro en qué se diferencia de las iniciativas anteriores que los gobiernos colombianos han tomado para proteger los derechos humanos. De hecho, muchos mecanismos y políticas han sido promulgados en los últimos años, y la PAO no aclara cómo encajarán estos elementos en la ejecución del plan.

En 2017, por ejemplo, se crearon el Cuerpo de Policía de Élite, la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección y la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales y Conducta de la Fiscalía General de la Nación. Poco tiempo después, el Fiscal General emitió la Directiva 002 de noviembre de 2017, que establece las directrices generales sobre la investigación de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos. Los Acuerdos de Paz también exigían el fortalecimiento institucional para enfrentar el fenómeno de la violencia contra los defensores y asignaban a la Comisión Nacional de Garantías la tarea de monitorear las agresiones contra los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, el Procurador General aún no ha publicado información sobre la implementación de esta Directiva, que fue cuestionada por su limitada incorporación de estándares internacionales. Asimiso, en seis meses del nuevo gobierno, sólo ha habido un diálogo organizado entre la Comisión Nacional de Garantías y las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la PAO no aborda cómo hacer que estos mecanismos sean efectivos, y cómo forman parte de la estrategia general.

Además, más allá de los principios generales, no está claro cómo se aplicarán estos elementos en la práctica. Con la excepción del segundo punto de la PAO, que trata de las campañas en los medios de comunicación para promover la «no estigmatización» de los/as DDHs, la PAO no describe pasos específicos sobre cómo crear espacios seguros y habilitantes para que los/as DDHs continúen defendiendo los derechos humanos sin poner en riesgo sus vidas.  

Otra señal preocupante fue el nombramiento del General Leonardo Barrero como Director de la PAO. Al menos dos de las unidades que supervisaba como comandante del ejército fueron acusadas de ejecuciones extrajudiciales de civiles, y fue relevado de sus funciones como Comandante de las Fuerzas Militares en 2014 tras hacer comentarios despectivos sobre los fiscales que investigaban las ejecuciones extrajudiciales por parte de oficiales del ejército. Con las acusaciones de que ha trabajado contra los/as DDHs a lo largo de su carrera militar, no es de extrañar que muchos grupos nacionales pidieran su renuncia. Poco después de su nombramiento, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desacreditó el nombramiento y lo degradó a enlace con la PAO entre la policía y las fuerzas armadas, aunque persisten dudas sobre el compromiso del gobierno con una PAO efectiva.

 

Proteger el derecho a defender los derechos

Tras décadas de conflicto, Colombia debe crear un entorno seguro y propicio en el que los defensores de los derechos humanos puedan disfrutar plenamente de sus derechos al tiempo que contribuyen a la reconstrucción de su país, así como una estructura jurídica institucionalizada con mecanismos de protección destinados a prevenir las violaciones de los derechos humanos. El Estado también debe comprometerse a realizar las investigaciones necesarias para determinar quienes son los autores de los actos de violencia contra los/as DDHs.

En respuesta a las persistentes vulnerabilidades que enfrentan los defensores de derechos humanos en Colombia, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) entregó una carta al Presidente Duque antes de que se anunciara la PAO, detallando varios de los criterios que una política pública efectiva debe incluir. Además, CEJIL está elaborando un protocolo internacional, el «Protocolo La Esperanza», para desarrollar estándares para la identificación e investigación de las amenazas contra los/as DDHs y periodistas para que puedan realizar su trabajo de manera libre y segura. El Protocolo reconoce la necesidad de poner fin al ciclo de impunidad y poner fin a las violaciones graves de los derechos humanos antes de que comiencen.

Aunque todavía es demasiado pronto para determinar la eficacia de la PAO, es evidente que el Plan y su política pública deben centrarse más en la prevención de la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Al no incluir medidas preventivas más sustantivas, la PAO parece reforzar lo que ya existe en el marco legal colombiano, que, como muestran las estadísticas, no ha sido efectivo para proteger a los defensores de derechos humanos de sus muertes prematuras. Esperamos que a través de nuestro trabajo centrado en la elaboración de políticas públicas que utilicen directrices diseñadas para investigar mejor las amenazas contra los defensores, podamos contribuir a proteger el derecho a la defensa de los derechos en Colombia y más allá.