26 de agosto de 2022 Blog Por Luciana Rodriguez

Caso Gelman: 46 años buscando justicia

Por Luciana Rodriguez Sacco, CEJIL. 

Macarena Gelman tiene 45 años, aunque no sabe con certeza el día de su nacimiento. Algunos testigos afirman que fue a principios de noviembre de 1976, en el Hospital Militar de Montevideo, Uruguay. Su madre, María Claudia García Iruretagoyena había sido secuestrada en su casa en Buenos Aires en 1976, cuando estaba embarazada de siete meses. Desde allí fue trasladada a un viejo taller mecánico llamado Automotores Orletti, uno de los 340 centros clandestinos de detención que funcionaron en Argentina durante la última dictadura militar (1976 – 1983) y donde estuvieron detenidas alrededor de 300 personas, la mayoría de nacionalidad extranjera: uruguaya, chilena, boliviana y paraguaya.

María Claudia tenía 19 años cuando fue secuestrada por un comando militar, junto a su pareja Marcelo Gelman, hijo del poeta y periodista argentino Juan Gelman. Marcelo fue torturado en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” y asesinado el mismo año de su secuestro. Sus restos serían hallados 13 años después por el Equipo Argentino de Antropología Forense dentro de un tambor de 200 litros relleno de cemento y arena, en la localidad de San Fernando, Buenos Aires, Argentina.

Por su parte, María Claudia fue trasladada clandestinamente a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, un sistema de coordinación represivo entre los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña, que funcionó desde 1975 hasta iniciados los años ochenta. En diversas sentencias sobre casos de desapariciones forzadas, tortura y asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad en estos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona los efectos del Plan Cóndor sobre los aparatos represivos del Estado, haciéndolo por primera vez en 2006 en el caso Goiburú y otros contra Paraguay.

Ya en Uruguay, María Claudia permaneció detenida en la sede del Servicio de Información y Defensa del Ejército (SID), lugar que oficiaba como centro clandestino de detención, hasta dar a luz en el Hospital Militar de Montevideo.

Macarena nació en cautiverio y solo pudo ser amamantada por su mamá unos pocos días, ya que rápidamente fue dejada en la casa de un policía y su esposa, en diciembre de 1976, quienes la registraron como hija propia aproximadamente un año y medio más tarde. De María Claudia no se supo más nada: desapareció. Incluso hoy, 46 años después sigue sin conocerse qué fue lo que pasó con ella.

Pese a la incansable lucha de sus familiares y de su abuelo, Juan Gelman por encontrar a su nieta Macarena, las piezas del rompecabezas estaban lo suficientemente dispersas como para unirse. La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado sancionada en Uruguay el 22 de diciembre de 1986, que otorga una amnistía en relación con los delitos cometidos en el periodo del régimen militar (1973-1985), dificulto aún más ese encuentro, porque cerraba toda posibilidad de continuar con las investigaciones de la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura ocurrida en Uruguay.

El 31 de marzo de 2000, Macarena volvió a nacer cuando se encontró por primera vez con su abuelo paterno en Montevideo, Juan Gelman, que estaba autoexiliado en México. Ese mismo año su madre de crianza le había confesado que no era su hija biológica. Desde ese momento la vida de Macarena se transformó por completo y comenzó la búsqueda por su verdadero origen que la llevó a caminar por los pasillos de los silencios cómplices y a conocer de robo de bebés, torturas y desapariciones.

Macarena y Juan Gleman no solo se fundieron en esos abrazos de abuelo y nieta que traspasan las fronteras físicas, sino que lo hicieron en una lucha incansable cuando 10 años después, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), demandaron al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por el secuestro y desaparición de María Claudia.

Casi un año después, la Corte IDH condenó al Estado uruguayo por la desaparición forzada de María Claudia y la apropiación y sustitución de identidad de Macarena, solicitándole la obligación de indemnizar a la familia, reconocer públicamente la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos humanos, colocar una placa en el lugar de los hechos y destinar el lugar donde funcionó el SID a una institución de protección y promoción de los derechos humanos. La sentencia también obliga al país a investigar los hechos y castigar a los responsables.

Si bien el pedido de disculpas públicas por parte del Estado Uruguayo llegó en marzo de 2012, donde el entonces presidente José Mujica reconoció que el Estado era responsable “por la desaparición forzada de María Claudia García y por la supresión de la identidad de Macarena Gelman ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su verdadera identidad, y expresada como una forma de desaparición forzada”, el resto de los puntos determinados por la Corte IDH no se resolverían de manera tan sencilla.

Desde ese momento, el accionar del Estado de Uruguay ha sido de avances y retrocesos por dar cumplimiento a la sentencia y medidas de reparación. Desde la ley 18.831 sancionada en 2011 que declara crímenes de lesa humanidad a ciertos delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en Uruguay, hasta algunos fallos judiciales que han declarado inconstitucional los artículos 2 y 3 de esa misma ley donde se establece que los crímenes cometidos durante la dictadura militar no son crímenes de lesa humanidad, y por ende, no son imprescriptibles. Hecho que perpetúa la impunidad.

Por otro lado, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, el Poder Ejecutivo aprobó el protocolo de procedimientos para la búsqueda, recuperación y análisis de restos óseos de personas detenidas-desaparecidas (2013), pero según la última visita del Grupo de Trabajo de ONU sobre Desapariciones Forzadas, realizada este año, hay una escasez de avances en más de cinco décadas, en la localización de las personas desaparecidas durante la dictadura en Uruguay. Por eso, solicitaron de manera urgente que se adopte una política de Estado que involucre a todos los partidos y sectores políticos, que rompa el silencio y contribuya a mejorar la obtención de información y asegurar la gestión, digitalización y acceso de archivos en Uruguay en el exterior.

A 12 años de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Gelman v. Uruguay, hoy lo que sigue en juego es el derecho a conocer la verdad en su dimensión individual y colectiva: saber dónde están las mujeres y hombres que continúan desaparecidos, como María Claudia; permitir que los bebés, hoy adultos, sustraídos de los brazos de sus padres y madres puedan recuperar su identidad, como lo hizo Macarena; investigar a los y las responsables de estos flagelos y que cumplan sus penas sin excepciones, por eso es de suma preocupación la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que sustituye las penas privativas de libertad por régimen de prisión domiciliaria para procesados y condenados mayores de 65 años.

Cuando el poeta Juan Gelman le escribió a su hijo Marcelo la prosa “dice que desconocer la vida es un error”, quizás le estaba diciendo que, a pesar de las oscuridades, mentiras, complicidades y silencios que se gestaron durante el Plan Cóndor en la región y se perpetúan hasta el día de hoy, nadie puede robarte eternamente lo que siempre fue tuyo: la memoria, la verdad y la justicia.