30 de marzo de 2023 Blog Por washington@cejil.org

Carta a Presidencia de la República PERU

Washington D.C, 29 de marzo de 2023

 

Señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra
Presidenta de la República del Perú
Presente.

Señora Presidenta,

Las organizaciones internacionales de derechos humanos que suscribimos la presente comunicación, queremos alcanzar nuestro saludo, junto con nuestro mensaje de profunda preocupación por la prolongada crisis democrática que viene afectando al país desde inicios de diciembre de 2022, y por las graves violaciones a los derechos humanos de peruanas y peruanos que se han producido en el marco de las protestas sociales, especialmente en las regiones del sur del Perú, que concentran a la mayor parte de la población indígena y campesina.

Muchas de esas violaciones han resultado en el fallecimiento de 67 personas hasta la fecha, incluyendo 49 civiles por proyectiles de armas de fuego, 11 personas que perdieron la vida como consecuencia del bloqueo de carreteras durante las manifestaciones, así como un policía y 6 militares. De acuerdo con evidencias que han sido difundidas por la prensa, denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil peruana, y examinadas por el periodismo de investigación nacional e internacional, y un reciente informe de Amnistía Internacional, existen elementos para considerar que casi medio centenar de personas murieron producto del uso indiscriminado de la fuerza letal y menos letal, por parte de agentes de las fuerzas del orden que podrían configurar crímenes graves bajo el derecho internacional.

Los compromisos internacionales del Estado peruano exigen la realización de investigaciones imparciales, diligentes y exhaustivas, que esclarezcan los hechos y establezcan las responsabilidades derivadas de ellos, y sancionen a quienes resulten responsables. El derecho internacional exige, además, una reparación integral a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos.

Saludamos las declaraciones públicas que, desde su Presidencia, expresan la voluntad de su gobierno de atender a los derechos de las víctimas, mediante una política pública de reparación que coordine a múltiples instancias estatales. Sin embargo, consideramos que la magnitud, complejidad y gravedad de las violaciones producidas requieren mecanismos extraordinarios que, con la colaboración de la comunidad internacional, acompañen y apoyen técnicamente a las instituciones nacionales competentes en la investigación y persecución de estos graves crímenes, para construir una mayor confianza ciudadana en la imparcialidad y exhaustividad de sus resultados.

En otros países de la región en que se han perpetrado crímenes de máxima gravedad, este apoyo ha sido brindado por los Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), creados por acuerdo entre la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado afectado. Así ocurrió, por ejemplo, con la creación del GIEI que brindo asistencia técnica internacional a la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Brugos de Ayotzinapa, en México (GIEI-Ayotzinapa), y que permitió develar entre otras cosas, la manipulación de evidencias y la comisión de actos de tortura a testigos del caso, por parte de las autoridades nacionales. Otro aporte relevante de este mecanismo, fue visibilizar las fallas estructurales del sistema de justicia penal, y dejar una hoja de ruta para su reforma en México. Otra experiencia relevante fue la del GIEI-Nicaragua, creado para apoyar en la investigación de las violaciones a derechos humanos que tuvieron lugar en ese país, en el contexto de la violencia ocurrida entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, y cuya ayuda fue fundamental para reconstruir los momentos clave en dichas protestas. Más recientemente, el GIEIBolivia fue creado por acuerdo entre la CIDH y el Estado para apoyar en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, poco después de concluido el proceso electoral boliviano. En los casos de Nicaragua y Bolivia, los GIEI han apoyado a los Estados a esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en contextos de protestas sociales, similares a las ocurridas en el Perú.

Consideramos que un mecanismo de este tipo, que apoye técnicamente las labores de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público peruano y que analice posibles deficiencias estructurales y posibilidades de mejora, no solo puede impulsar y fortalecer su trabajo, sino coadyuvar a que las fiscalías presenten casos sólidos que brinden justicia pronta a las víctimas, además de ayudar a reconstruir la confianza ciudadana en el sistema de justicia, y disipar los cuestionamientos acerca de la imparcialidad de las autoridades nacionales que las tienen a su cargo. Asimismo, es un gesto de apertura al apoyo de la comunidad internacional que ha mostrado su preocupación por la estabilidad democrática en el país y su disposición para colaborar en la superación de la crisis. En ese sentido, el mecanismo podría contribuir a repensar parte del andamiaje institucional para que parte de los problemas que su gobierno se encuentra enfrentando no vuelvan a repetirse.

Por esos motivos, las organizaciones firmantes de esta comunicación queremos presentarle nuestro pedido de considerar la creación de un Grupo de Expertos Independientes para el Perú, apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que colabore en la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidos a partir del 07 de diciembre de 2022 en el país.

Finalmente, les reiteramos nuestra disposición de colaborar con el Estado peruano en la consecución de este mecanismo internacional de apoyo, alcanzando información relevante o difundiendo sus actuaciones y hallazgos. Desde la comunidad internacional de derechos humanos, seguimos con atención el desarrollo de los acontecimientos recientes, y esperamos que pueda encaminarse una respuesta acorde con los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el país.

 

Atentamente,

Katya Salazar
Directora Ejecutiva Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
ksalzar@dplf.org

Carolina Jiménez
Presidenta Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
cjimenez@wola.org

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
vkrsticevic@cejil.org

Angelita Baeyens
Vicepresidenta de Incidencia y Litigio Internacional RFK Human Rights
baeyens@rfkhumanrights.org

 

cc. Sra. Embajadora Ana Cecilia Gervasi Díaz, Ministra de Relaciones Exteriores del Perú
Sra.Liz Patricia Benavides Vargas, Fiscal de la Nación y Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Publico del Perú
Sra. Eliana Revollar Añaños, Defensora del Pueblo (e) del Perú

Vea la carta en pdf aquí: Carta a Presidenta de la República PERU