5 de noviembre de 2019 Blog Por washington@cejil.org

¿A qué juega Colombia en la OEA?

En días pasados se hizo pública una carta presentada por cinco gobiernos de la región a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para expresar preocupación por el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). El gobierno del presidente Duque fue uno de los que encabezó la iniciativa.

Esta acción suscita varias dudas que intentaremos abordar. Primero, si usted se pregunta, ¿para qué sirve el Sistema Interamericano? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un mecanismo subsidiario de la Organización de Estados Americanos que tiene como función asegurar que cada persona que habita este hemisferio goce plenamente de sus derechos fundamentales, tal y como ha sido expresado en una serie de tratados interamericanos, al igual que dentro de varios compromisos constitucionales de Colombia. El SIDH está compuesto por una comisión y una corte interamericanas de derechos humanos que han decidido cerca de 100 casos de Colombia en los últimos 40 años.

Segundo, ¿qué le podría preocupar tanto al Gobierno que buscaría limitar la protección y promoción de derechos humanos? El Gobierno sostiene que le preocupa principalmente que el SIDH no sea lo suficientemente deferente con el Estado y que sus decisiones incluyan medidas tendientes a resolver casos que versen sobre las vulneraciones de derechos, así como otras medidas de reparación adoptadas por la Corte Interamericana. Asimismo, también le inquietan los métodos de interpretación que siguen reglas de tratados y las pautas del derecho internacional.

Otros sugieren que lo que más le alarma al Gobierno son varios casos que están en proceso sobre una serie de temas fundamentales, como el acceso a la justicia y los derechos políticos, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, la discriminación de las personas LGBTI u otros que podrían revertir mecanismos de impunidad o impulsar el esclarecimiento de las amenazas y asesinatos a las personas defensoras, o tener consecuencias de política pública o diseño institucional.

En varios de los procesos internacionales en curso se cuestionan medidas tomadas por Alejandro Ordóñez cuando era procurador de la Nación y resultaron en vulneraciones de derechos. Actualmente, Ordóñez tiene el privilegio de ser el embajador colombiano ante la OEA, con capacidad para influir de manera directa e indirecta sobre quienes juzgarán sus acciones y las de sus aliados sobre este y otros temas. ¿Cómo garantiza Colombia que el embajador pueda separar sus intereses personales de aquellos que deban inspirar las acciones del Estado?

Tercero, ¿a quién representan las posiciones del Estado colombiano expresadas en la carta de abril? Definitivamente, no al colectivo de la ciudadanía. Las preocupaciones reflejadas parten de un gobierno que no busca maximizar la protección de los derechos de sus ciudadanos o fortalecer la eficacia del sistema regional.

Complementando este panorama tan desalentador, el pasado 15 de marzo, el Estado postuló a Everth Bustamante como candidato a ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho nominado no tiene trayectoria significativa en materia de derechos humanos, hecho que resulta lamentable en un país con brillantes juristas de gran experiencia en el tema. La elección está programada para la próxima asamblea general de la OEA, que se realizará del 26 al 28 de junio en Medellín.

La ciudadanía colombiana merece una mejor respuesta de su Gobierno que garantice la protección efectiva de sus derechos. Por otra parte, no vaya a ser que quienes hoy quieren debilitar el sistema se vean necesitados de su protección el día de mañana.

Originalmente publicado en El Tiempo.