Denuncian en la CIDH la crisis del sistema carcelario en El Salvador

Washington, D.C., 19 de marzo de 2015.- Organizaciones de la sociedad civil evidenciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis carcelaria que enfrenta El Salvador, así como la indiferencia gubernamental y social que acompaña a esta problemática.

“La prisión es vista como medida de control social y castigo, sin contemplar su propósito de reinserción y rehabilitación. Los avances en las políticas públicas para abordar la problemática, no cuentan con el apoyo social y los mensajes que se difunden fomentan la tendencia vengativa hacia las personas privadas de libertad” aseguró Abraham Ábrego, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).

Según datos de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), en los 22 centros de reclusión con los que cuenta el país, hay 28.697 personas encarceladas siendo la capacidad de dichos centros sólo para 8490 personas. Esto indica una sobrepoblación del 338%. En el 2012, El Salvador ocupaba el primer lugar en hacinamiento carcelario del continente, según el Informe sobre la seguridad Ciudadana en las Américas elaborado por el Observatorio Hemisférico de Seguridad de la OEA.

Cabe además destacar la existencia de casos donde el hacinamiento alcanza cifras aún más abrumantes, como son los centros penitenciarios de mujeres en Ilopango donde superan su capacidad un 968%, o el Pabellón de Resguardo Psiquiátrico del Hospital Psiquiátrico con un 967%.

“La inadecuada y sobrepoblada infraestructura de los centros penitenciarios conlleva serias afectaciones al derecho a la vida e integridad de los internos. Hay una deficiente atención médica, alimentación insuficiente y falta de condiciones mínimas de higiene que aseguren la dignidad de las personas que permanecen allí” indicó Valentina Ballesta, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización que, junto con la FESPAD, presentó los argumentos ante la CIDH.

Según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al 2013 existían 3,500 personas recluidas en bartolinas –instalaciones improvisadas dentro de las comisarías– debido al hacinamiento de los centros penitenciarios.

Hasta la fecha, no se conoce una iniciativa integral para abordar el problema de hacinamiento carcelario, a pesar que la CIDH ha instado al Estado salvadoreño que busque alternativas para solucionarlo. Por ello, los representantes de CEJIL y FESPAD solicitaron a la CIDH se sirva de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad para realizar una nueva visita a los centros de reclusión salvadoreños y emita recomendaciones al respecto.