5 de mayo de 2010 Comunicado de Prensa

Corte Interamericana juzgará caso de desaparición forzada en República Dominicana

Washington D.C., 5 de mayo de 2010

El Estado dominicano deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada, en 1994, del profesor, abogado y periodista Narciso González.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó esta semana a las víctimas su decisión de enviar el caso a la Corte Interamericana,  ante el incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones emitidas en el informe final de la CIDH en diciembre de 2009, y luego de habérsele otorgado dos meses de prórroga.

La Comisión de la Verdad de República Dominicana, Tomás Castro Monegro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes representan a la víctima y a sus familiares, confían en que el litigio de este caso permitirá a la Corte Interamericana pronunciarse acerca de  un crimen de Estado en el que militares y otros agentes estatales dominicanos secuestraron a un reconocido crítico político para infligirle tratamientos crueles y degradantes, en instalaciones policiales y militares, y desaparecerlo.

“Esta será la primera ocasión en la que será juzgado un crimen de Estado cometido en República Dominicana.  El caso de Narciso González es una oportunidad invaluable para que la Corte Interamericana se exprese acerca de la impunidad dominante en ese país ante crímenes cometidos en el pasado durante contextos represivos, y para fortalecer la protección a la crítica contra autoridades públicas”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

La Corte también tendrá oportunidad para desarrollar su jurisprudencia en torno a la necesidad especial de proteger la labor y la vida de los periodistas, por su valiosa aportación a favor de la transparencia, el control del Gobierno, la libre circulación de ideas y el debate público.

El profesor Narciso González, conocido también como “Narcisazo”,  fue un destacado profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo al régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo, y luego a los gobiernos de Joaquín Balaguer. Soldados dominicanos detuvieron a Narciso el 26 de mayo de 1994 y lo trasladaron a instalaciones de las fuerzas de seguridad. Días después fue visto en malas condiciones físicas, bajo la custodia de militares.  Hasta hoy se desconoce dónde está.

En los días previos a su desaparición, Narciso escribió fuertes críticas en la prensa contra el presidente Balaguer. Un día antes de ser detenido pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral ocurrido en los comicios presidenciales y señalaba a los jefes de la Policía, del Ejército y de la Fuerza Aérea como cómplices de Balaguer. La desaparición de Narciso González fue un fuerte golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano, que sufrió el silenciamiento de una de las voces más enérgicas y activas en contra de los abusos del poder.

Transcurridos más de 15 años desde la desaparición forzada del profesor Narciso González, todavía no se conoce la verdad de lo ocurrido, no se han identificado ni  procesado judicialmente a los responsables, ni se ha esclarecido el paradero de la víctima. Desde el momento de su desaparición sus familiares han procurado impulsar la investigación ante distintas instancias; sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y hasta hoy persiste la impunidad.

Contacto de prensa en Washington DC

Mauricio Herrera Ulloa

Tel: (202) 319-3000

mherrera@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.