CEJIL lamenta respuesta de las autoridades mexicanas ante grave situación de derechos humanos

Se hace un llamado a la construcción de consensos con amplia participación de las víctimas y la sociedad civil

San José, 8 de diciembre de 2014.- El pasado sábado se confirmó e hizo pública  la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas que había sido desaparecido el pasado 26 de setiembre en Iguala, Guerrero. México debe continuar con la investigación de esta ejecución extrajudicial, y con el juzgamiento y sanción de todos sus responsables, así como debe utilizar todos los medios a su alcance para localizar a los otros jóvenes todavía desaparecidos.

Desafortunadamente, este hecho que ha conmocionado a México y al mundo entero, no es aislado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a octubre del año 2014 se tenían registradas más de 23.000 personas desaparecidas. Esta cifra empezó a aumentar desde el año 2007 y se duplicó desde el año 2009 en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Si bien esta grave situación no es nueva, los distintos gobiernos han sido incapaces de tomar acciones efectivas para cumplir con sus obligaciones de prevenir e investigar las desapariciones, tampoco se han hecho esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas, lo cual es trascendental para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido de numerosos casos relacionados con este tipo de prácticas y ha concluido que la desaparición forzada “constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”.

Al analizar diversos casos, entre ellos el caso Rosendo Radilla vs. México, la Corte IDH ordenó a los Estados involucrados medidas para la no repetición de los hechos, tales como la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada,  capacitación y formación permanentes para diferentes autoridades (fuerzas armadas, policías, fiscales, entre otros), la creación de comisiones para la búsqueda de personas y programas de exhumación, la elaboración de protocolos de búsqueda e investigación y la creación de sistemas de información genética, entre otras.

A la luz de estos estándares, resulta preocupante que el Estado mexicano no formule una propuesta que aborde de forma integral y oportuna la grave situación que enfrenta el país. Particularmente, es preocupante que no se esté considerando la opinión de las víctimas y de las organizaciones que históricamente han trabajado este tema.

Por otra parte, es incomprensible que en momentos de tensión como los que enfrenta la sociedad mexicana, y frente al legítimo reclamo por la violencia y la impunidad imperantes en el país, la respuesta de las autoridades sea restringir la protesta social a través de la aprobación de reformas constitucionales.  
Al respecto, cabe recordar al Estado que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión, siendo que en muchas ocasiones, para los sectores tradicionalmente discriminados, este es el único mecanismo disponible frente a marcos institucionales que no favorecen la participación o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación masiva.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades para que reconsideren las propuestas hasta ahora planteadas de manera que se formule un plan de acción que sea previamente consensuado con las víctimas y las numerosas organizaciones de sociedad civil que trabajan en materia de derechos humanos en México.

La ahora conocida ejecución de Alexander Mora Venancio y la desaparición de los otros 42 estudiantes constituye una oportunidad para replantear la política en materia de derechos humanos y llegar a consensos que permitan abordar en forma integral los enormes retos que enfrenta el Estado para fortalecer su institucionalidad y garantizar plenamente los derechos de todos y todas en México.